Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec
Definir si la Cumbre de Cartagena fracasó, o no, podría convertirse en una discusión académica destinada a no terminar nunca. Pero al margen de cualquier parecer, es evidente que fue la oportunidad para que algunos temas se colocaran en el primer plano del debate internacional. Y me refiero, concretamente, al tratamiento jurídico de las drogas, asunto que hasta ahora había quedado sumido en la penumbra. O, peor todavía: sobre el cual la opinión generalizada consideraba que se había dicho ya la última palabra.
Pero no es así, y el debate sobre la conveniencia de mantener los mecanismos actuales de penalización de las drogas se ha reabierto precisamente en Cartagena. Esto ha podido suceder porque en los últimos meses algunos mandatarios centroamericanos y varios ex presidentes de la región habían expresado públicamente, con gran valentía, que la estrategia de combate a las drogas practicada en los últimos años por nuestros países había fracasado rotundamente. Y que, por tanto, era indispensable encontrar otras vías para enfrentar el problema.
En efecto, no descubrimos nada nuevo si decimos que, a pesar de la creciente dureza de las leyes y de la implacable persecución de las policías, la situación ha desbordado la capacidad operativa de casi todos, sino de todos los países del mundo. La producción y el tráfico no han disminuido; al contrario, pues el consumo ha aumentado significativamente y ha penetrado en zonas que previamente estaban libres del flagelo. Y como la persecución eleva los precios, las ganancias de las mafias han crecido en proporciones gigantescas. Y con ello su poder corruptor, que cada vez ha penetrado más y más en los sectores administrativos, judiciales, políticos. Y qué decir de las víctimas que esta "guerra" va dejando tras de sí. Las estadísticas en México y en los países centroamericanos son suficientes para concluir que este modelo ya no da más. Y es evidente que el Ecuador no es ahora inmune a estos riesgos, como lo han confirmado oficialmente las propias Fuerzas Armadas.
No es tarea sencilla encontrar una solución alternativa. En primer lugar porque debe ser una solución consensuada por la comunidad internacional. Tomando en cuenta los mecanismos globalizados que emplea el narcotráfico y su dispersión universal, que un solo país o dos o tres propicien y aprueben una reforma legal no conseguiría afectar en lo más mínimo las dimensiones del negocio. Más bien podría colocar a esos países en una situación de redoblada amenaza.
Ahora bien, conseguir ese consenso es cuesta arriba. En general, los gobiernos y la ciudadanía latinoamericana tienen una posición dura y hay países, como los Estados Unidos y otros, que se muestran inflexibles ante la posibilidad de un cambio en el tratamiento legal de las drogas. Y, precisamente, porque en la Cumbre el presidente Obama ha abierto una puerta hacia un diálogo, podemos suponer que esta puede ser la oportunidad para plantear la necesidad de mirar el problema con otra óptica. Hace falta en todo caso liberarse de perjuicios y pensar con cierta audacia.
Autor: Ernesto Albán - ealban@hoy.com.ec Ciudad Quito
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22/Abril/2012 a las 11:45
¿Por qué no establecer un sistema como el de Portugal?
22/Abril/2012 a las 16:58
Es ql tema Dr, no es jurìdico sino polìtico econòmico
La guerra antidrogas y la militarizaciòn de la misma ha sido un sonado fracaso Ejemplo los 40mil o màs muertos puestos por Mexico solo en el sxenio Calderón
Es polìtico xq debe enfrentarse por parte de USA en su propio territorio y eso tiene un costo q no lo quieren asumir sus lìderes polìticos Obama y su team
Es econòmico xq no se necesita ser Milton Friedman para probar q existiendo demanda habrà quien la cubra Idem en el tema drogas!