La coordinación entre los operadores de justicia no existe frente a la delincuencia

La entrevista

Fernando Carrión es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Experto en seguridad y temas de ciudad

¿Cómo se explica la entrega de dinero para las instituciones policiales y el nivel de impunidad?

En general, en América Latina ha habido un incremento sustancial del presupuesto para seguridad, proveniente de la cooperación internacional y de los presupuestos nacionales y locales. Ese incremento es una tendencia que todavía no termina por revertir el problema. Esto mostraría que las políticas no son las mejores. Igual ocurriría en el caso ecuatoriano.

¿La política de entregar estos recursos tiene un objetivo claro?

Hay un objetivo claro. Lo que no está claro es si ese objetivo está bien dirigido. Por ejemplo, de los recursos que se entregaron en la época del Ministerio de Fernando Bustamante, casi todos los recursos estaban destinados para una policía de la calle, pero no había prácticamente nada para capacitación ni tampoco para inteligencia policial. Me parece que los objetivos son claros, pero que no corresponde a los tipos de delitos que existen.

¿Cuáles son entonces esos objetivos de Gobierno?

Principalmente está destinado a una política altamente visible y un desarrollo tecnológico. Tanto la política visible como el desarrollo tecnológico están direccionados hacia el delito común que se desarrolla en el espacio público.

¿Pero en el país hay crimen organizado: narcotráfico y trata de personas, entre otros?

Exactamente. Los delitos que se están persiguiendo no coinciden con la coyuntura delictiva que vive el país, que es el crimen organizado.

¿Esto puede explicar el nivel de impunidad que hay en casos vinculados al crimen organizado, como es el sicariato?

En el caso de la impunidad interviene, en general, el sistema penal. La Policía puede detener a un homicida, a un sicario, pero posteriormente tiene que entrar en el proceso de investigación con la Fiscalía y en el de sanción con los jueces. Si nos remitimos al dato del relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, en el Ecuador solo terminan con sentencia el 1,8% de los delitos denunciados, lo que hacía que el país sea uno de los que tiene mayor impunidad en el mundo.

¿No hay coordinación, entonces, entre la Policía y la reforma en la Función Judicial, tomando en cuenta que uno de los motores para ese cambio era reducir la impunidad?

Me da la impresión que no. Permanentemente se escucha que la Policía dice que el sistema judicial no sanciona a narcotraficantes, delitos atroces cometidos por delincuentes, etc. El sistema judicial dice que no recibe las pruebas suficientes de la Fiscalía ni de la Policía. Esto muestra que tenemos un sistema de culpas entre las distintas entidades del sistema penal ecuatoriano.

¿Se puede decir que la Justicia y la Policía no están acordes con la coyuntura del delito vigente, el crimen organizado?

Exactamente. La Policía ha incrementado su presupuesto y lo mismo ha ocurrido con la Fiscalía, el sistema de Justicia y las cárceles. Sin embargo, estas últimas no rehabilitan, a pesar de que hay una infraestructura mejor. Los jueces tampoco actúan bien por, los altos niveles de impunidad y a pesar del proceso de reforma que se ha llevado a cabo en el último año y medio. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional, porque no se ven resultados claros.

¿No son suficientes las alertas que suenan en el país (más drogas, más casos de sicariato, avionetas, etc.) para que las políticas den un giro?

En el caso del narcotráfico no tenemos una política explícita. No la tenemos frente a las relaciones con México, Italia y Colombia. Tampoco sobre la legalización de la droga de Uruguay o la planteada por los expresidentes. (SL)

Las cifras que maneja la Fiscalía

Entre enero y agosto de este año, la Fiscalía General recibió un total de 140 931 denuncias a escala nacional. De estas, hubo 67 968 desestimaciones, 3 230 dictámenes acusatorios, 737 absolutorios y 74 mixtos.

En estas estadísticas se incluye todo tipo de delitos: homicidios, asaltos, estafas, etc., que entran en las investigaciones que impulsan.