Por Elsa de Mena
Al parecer, en el seno de la Asamblea Constituyente, no fueron consideradas debidamente las implicaciones de carácter presupuestario que acarrearía el cumplimiento de la gran variedad de ofertas que contempla el proyecto de Constitución, que en la práctica será imposible financiar con los recursos disponibles por el erario nacional, salvo que se transformen en letra muerta, como es el caso, en la Constitución vigente, de la asignación del 30% para la educación. Al respecto, cabe preguntarse, como ejemplo, ¿por qué no se cumplió con este mandato en el presupuesto de 2008, ni se ha consignado en la Pro forma de 2009, cuando solo se requería una definición de prioridades?
Haber tomado como referencia el Producto Interno Bruto fue una falacia, que en su oportunidad se le preguntó al pueblo ecuatoriano, ya que este no constituye en su totalidad ingresos del Gobierno. La Constitución propuesta asigna a la educación inicial básica y al bachillerato una cantidad equivalente al 6% del PIB y garantiza, además, la gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior y, en lo concerniente a la salud, el 4% del mismo. Estos rubros por si solos absorberán la recaudación tributaria.
Si además el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo, y toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo, será inevitable echar mano de los recursos provenientes del petróleo, con lo cual se habrá roto la única regla macrofiscal que se ha mantenido, ciertamente con mucho esfuerzo, y que se refiere que los gastos corrientes no se cubrirán con recursos de capital.
Concuerdo plenamente que es papel del Estado velar por los grupos menos favorecidos y por aquellos en situación de desempleo. Únicamente llamo la atención que tal política exige el establecimiento de prioridades que traerá fricciones en el sector público en aquellas instituciones que deberán ceder, no solo sus tradicionales privilegios en aras del cumplimiento de estas obligaciones sociales, sino también en la distribución salarial.
Frente a esta visión social que compartimos, el Estado debería propiciar una política de concesiones de amplia cobertura para no paralizar la obra pública y los proyectos prioritarios de inversión. Sin embargo, la Constitución propuesta establece que corresponde al Estado la responsabilidad de los sectores estratégicos para la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la Ley, los cuales serán gestionados por empresas públicas o mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, obligándose también de esta forma a su financiamiento. Solo en casos de excepción el Estado podría delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades. En un contexto de esta naturaleza, las cifras no cuadran, porque los recursos no alcanzan. Así de simple.
edemena@hoy.com.ec
Hora GMT: 13/Septiembre/2008 - 05:07
