La censura a los medios de comunicación en AL se ejerce tras bambalinas

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La utilización abusiva de los recursos financieros de los gobiernos y sus facultades regulatorias son una constante en varios países

Una investigación en siete países de América Latina revela "una tendencia creciente" de los gobiernos de la región a interferir en la independencia de medios de comunicación y periodistas con mecanismos sutiles, esquivos al conocimiento público.

Fondos para publicidad del Estado que se reparten de forma arbitraria con el fin de premiar coberturas favorables y castigar las críticas, contratos de pago directo a periodistas o llamadas a editores de parte de funcionarios molestos por la difusión de una noticia son prácticas que limitan la libertad de expresión y que se ejecutan tras bambalinas.

La investigación efectuada en Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Perú y Uruguay estuvo a cargo de la argentina Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta, con sede en Nueva York (EEUU), con apoyo de otras entidades de los países involucrados.

"Hasta hace unos años predominaban las interferencias graves, como la persecución, la censura directa o el asesinato de periodistas. Ahora, esas formas están en retirada, afortunadamente, y afloran otras menos ostensibles, pero igualmente dañinas", dijo la directora del Programa de libertad de expresión de la ADC, Eleonora Rabinovich. Esas prácticas, que conforman "patrones recurrentes" de intromisión, fueron documentadas en el informe "El precio del silencio. Uso y abuso de la publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina", que se presentó este jueves en Buenos Aires.

Los países bajo estudio fueron elegidos en función del conocimiento previo sobre mecanismos de censura indirecta que enfrentaban allí los periodistas, y se procuró además diversidad geográfica y de mercados, explicó Rabinovich. "No podemos decir que el criterio fue tomar los casos peores, de ninguna manera", aclaró.

La investigación, que también alude a situaciones vividas en México, Guyana, Paraguay y Nicaragua, denuncia que "muchos gobiernos de la región utilizan sistemáticamente contratos publicitarios para recompensar o castigar a medios por sus contenidos" y remarca que quienes lo hacen "raramente están infringiendo leyes".

Este es otro aspecto que subraya el estudio: el manejo discrecional de recursos para estos fines prospera gracias a un vacío legal. De los siete países estudiados, solo el Perú sancionó una ley de manejo de publicidad oficial en 2006, pero los autores del trabajo señalan que no está reglamentada y resulta inefectiva.

"No hay normas que prohíban específicamente la discriminación" en el reparto de publicidad oficial, dicen. "Los marcos jurídicos existentes son insuficientes e inadecuados", según el informe, y el abuso se incrementa por la centralización en la toma de decisiones relacionadas con estos temas.

Según el informe, los abusos más frecuentes se derivan del "uso indebido de publicidad oficial para condicionar contenidos", y señala casos en Costa Rica, Perú, Chile y Honduras, donde funcionarios del Gobierno benefician con pauta publicitaria a un medio para obtener coberturas favorables a su persona o a sus políticas.

"Aquí el Gobierno pretende darte un contrato de publicidad para callarte la boca", afirmó en el estudio el periodista hondureño Rodolfo Montalbán. "No te compran el anuncio, te compran la conciencia", aseguró, aludiendo al mecanismo de condicionamiento más habitual en su país, el pago, que "es una práctica institucionalizada".

También están las retribuciones por publicidad contratada directamente con el periodista. Estos mecanismos resultan "más insidiosos" cuando se trata de periodistas de provincias o municipios, con condiciones precarias de contratación y cuya supervivencia o la de su medio dependen de la publicidad.

Las represalias o reacciones pueden ser también sutiles. La más admitida es la "autocensura, que inhibe a redacciones enteras y es capaz de acallar hasta a los periodistas más valientes", subraya el estudio.

Otra práctica recurrente en los países en mención es denegar el acceso a información pública a periodistas críticos, u otorgar de modo discrecional licencias de radio o TV.

Con todo, los autores celebran que se estén alumbrando proyectos de ley para un manejo menos arbitrario de recursos que son del Estado, como los fondos para la publicidad oficial. En tanto, los autores recomiendan que los gobiernos "se comprometan públicamente" a no usar la publicidad como instrumento para interferir con la libertad de expresión, que adopten leyes claras y específicas, que eviten concentrar las decisiones en un funcionario, y que no usen el dinero destinado a anuncios con fines electorales, entre otros consejos. (PBM-IPS)

Colombia

El salario se complementa con contratos con el Estado

Es "una práctica extendida" que el periodista radial complemente su salario con contratos directos con organismos públicos. Mabel Morales, directora de noticias de la radioemisora RCN en Barranquilla, explicó que el salario le "alcanza para los chicles" y el resto de sus ingresos dependen de la publicidad que consigue. La investigación subraya asimismo casos de pagos directos a periodistas y otros productores de contenidos en concepto de publicidad, con el objetivo de debilitar su independencia.

Varios alcaldes y gobernadores han firmado "pactos por la transparencia" que contemplan un compromiso efectivo de establecer procedimientos para la asignación justa y transparente de publicidad oficial. Jefes de prensa de altos funcionarios llaman a los periodistas, editores y dueños de medios para influir sobre los títulos o los contenidos de ciertas noticias. Además existe una asignación discriminatoria de publicidad a medios favoritos. Como ejemplo, Álvaro Uribe, entre 2005 y 2007 benefició al periódico La República con "asignaciones regulares y sospechosamente elevadas", pese a su pequeña circulación.

Argentina

Los medios afines al gobierno tienen preferencia

El Gobierno nacional abusa sistemáticamente de sus facultades en materia de publicidad oficial y asignación excesiva de pauta a medios afines.

Como ejemplo se resalta el caso del matutino Página/12, con una tirada restringida pero cercano a las ideas del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), recibió muchos más anuncios estatales que otros periódicos de mayor circulación. Mientras, el periódico Perfil y la revista Noticias, críticos de esa administración, no reciben ninguna publicidad oficial. El Gobierno nacional suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas de medios gráficos nacionales influyentes que tienen programas de radio o televisión por cable con bajos niveles de audiencia, agrega el informe.

Un periodista del diario La Nación reveló que fue sondeado para saber si tenía un programa donde pautar publicidad. Por esta presunta discriminación, el grupo Perfil, casa editora del periódico homónimo y de Noticias, inició una querella judicial contra el Gobierno. El fallo en primera instancia no fue favorable a la demandante, por falta de una ley específica, pero fue apelado.

Chile

Las asignaciones de publicidad son arbitrarias

El grueso de la publicidad oficial en Chile se dirige a un puñado de medios gráficos y audiovisuales de alcance nacional. Las asignaciones están plagadas de prácticas arbitrarias, a pesar de la implementación de un sistema que opera a través de la Internet, diseñado para brindar una mayor transparencia y equidad al proceso de adquisiciones del Estado en general. Los gobernadores provinciales, alcaldes y empresas del Estado utilizan sistemáticamente los contratos publicitarios para comprar coberturas favorables, y suelen indicar a los medios o a los periodistas qué es lo que pueden o no publicar. El gasto en concepto de publicidad oficial a escala nacional y local se ha incrementado sospechosamente en los últimos años, en particular durante períodos eleccionarios. Una investigación parlamentaria especial, llevada a cabo en 2007 como respuesta a las preocupaciones por la falta de pluralismo en los medios, concluyó con un llamamiento para que se efectúe una reforma exhaustiva de las leyes y políticas que rigen el manejo de la publicidad oficial. Se espera que el Gobierno presente el proyecto de reforma en la segunda mitad de 2008.

Perú

Ley contrapublicidad oficial no es aún efectiva

Perú aprobó una ley de publicidad oficial en 2006. Sin embargo, sus disposiciones carecen de la claridad y especificidad necesarias para que resulte efectiva. En 2006 y 2007, el ministro de Vivienda utilizó contratos de publicidad oficial para obtener una cobertura periodística favorable hacia su Ministerio y su persona en tres periódicos de alcance nacional. Las prácticas publicitarias a escala local continúan siendo informales y están plagadas de manejos abusivos.

Los funcionarios locales hacen pagos directos a periodistas y medios individuales para comprar coberturas favorables más que publicidad genuina y las asignaciones de pauta son en ocasiones discriminatorias. Como resultado de una combinación de distintos factores, incluyendo la necesidad de una elevada inversión financiera y la excesiva discrecionalidad con que el Gobierno maneja este proceso, solo unas pocas radios comunitarias han obtenido su licencia de radiodifusión.

Uruguay

Avances en cuanto a asignación abusiva de publicidad

Los abusos en materia de publicidad oficial fueron generalizados en administraciones previas y algunos funcionarios han sido procesados por tales prácticas. La investigación muestra que actualmente la asignación abusiva no constituye un patrón de comportamiento del Gobierno. Funcionarios de alto rango han apoyado la elaboración de una nueva ley que reforme las regulaciones para la contratación de publicidad oficial, que se presentaría a fines de 2008, y varios organismos dieron pasos hacia la implementación de nuevos procedimientos que reduzcan la utilización de publicidad oficial con fines políticos. Mientras, la falta de un marco jurídico claro posibilita el uso de criterios que derivan en asignaciones publicitarias arbitrarias y cuestionables. Si bien medios independientes y opositores manifestaron la ausencia de presiones editoriales por parte del Gobierno, algunos funcionarios de alto rango han llamado a directores de medios para influir en los contenidos.

Costa Rica

Asignaciones por motivos políticos disminuyen

La mayor parte de la publicidad oficial es contratada por organismos autónomos, tales como universidades públicas, bancos del Estado y empresas prestadoras de servicios públicos. Sin embargo, el Gobierno central no resulta inmune a abusos graves en la materia. En 2004, por ejemplo, el entonces presidente Abel Pacheco ordenó a los miembros de su gobierno que dejaran de pautar en La Nación, el periódico más importante del país, como represalia por sus coberturas críticas. Bajo su mandato, que concluyó en 2006, la publicidad oficial generalmente se otorgó a los "amigos del Gobierno". Algunas asignaciones por motivos políticos parecen persistir bajo la gestión actual, aunque en menor grado. El vicepresidente renunció en 2007, luego de un escándalo en el que él y otro funcionario propusieron utilizar los contratos publicitarios para procurarse una cobertura periodística favorable durante una larga batalla política por el referendo para la ratificación del TLC con EEUU.

Honduras

Pagos directos a periodistas, práctica institucionalizada

Las decisiones acerca del manejo de publicidad oficial están por lo general centralizadas en la figura del secretario privado del presidente y se utilizan sistemáticamente para comprar coberturas periodísticas favorables o silenciar a las voces críticas. Los pagos directos del Gobierno a los periodistas por dudosos servicios de comunicación son una práctica institucionalizada.

Este sistema se ve facilitado por el hecho de que los funcionarios locales pasan por alto los procedimientos licitatorios y realizan contrataciones directas con los medios de su preferencia. Por ejemplo, en la ciudad de El Progreso (al norte del país), el Gobierno municipal lleva a cabo asignaciones discriminatorias de publicidad y paga a los periodistas a cambio de coberturas favorables. En un flagrante ejemplo de revanchismo oficial, la empresa nacional de telecomunicaciones cortó el servicio telefónico a una radio nacional luego de que esta realizó críticas a un funcionario de dicha empresa.

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Hora GMT: 17/Agosto/2008 - 16:11