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Publicado el 05/Diciembre/2010 | 00:11

Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec

En estos días se han escuchado opiniones que afirman que la caducidad de la prisión preventiva ha contribuido gravemente al aumento de la criminalidad y, consecuentemente, de la inseguridad pública. Es un tema importante que conviene examinar con extremo cuidado.

En primer término debe aclararse alguna declaración oficial, que "culpa" de este problema a la Asamblea Constituyente de 1998. Es cierto que fue entonces que se introdujo en la Constitución la norma correspondiente. Pero, 10 años después, con la experiencia acumulada en una década, la Asamblea de Montecristi mantuvo el texto en forma íntegra. Peor todavía: ni siquiera recogió el espíritu de las reformas del procedimiento penal de 2007 que, precisamente, determinan los casos en que el plazo de caducidad debe suspenderse. Por tanto, los reclamos deben dirigirse a la mayoría gobiernista de esa Asamblea.

Pero veamos el fondo del asunto. Hasta 1998, la prisión preventiva no estaba sujeta a plazo alguno. Podía prolongarse por años y, de hecho, esto ocurría con gran frecuencia, al punto que, en algunos casos, la prisión preventiva excedía el tiempo máximo de la pena aplicable. Es decir que el preso sufría por anticipado una condena, a pesar de que se presumía su inocencia y que, efectivamente, en no pocos casos, luego de tantos años, se le sobreseía o se le absolvía en forma definitiva. Esta era la historia de gravísimas y numerosas injusticias, de la cual parece que nos hemos olvidado, a pesar de que no ha transcurrido mucho tiempo.

Tal indeterminación era, por cierto, absolutamente contraria a las convenciones internacionales que exigen que una persona debe ser juzgada en un "plazo razonable", como dice expresamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. No se debe olvidar tampoco que el Estado ecuatoriano ha sido condenado en algunas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por prolongadas prisiones preventivas, que se excedieron de cualquier plazo razonable.

Es indispensable en este punto hacer una declaración paladina: la prisión preventiva no debe prolongarse indefinidamente; en algún momento, debe producirse su caducidad. Establecido este principio, que considero irrenunciable, surgen varias cuestiones. La primera: ¿cuál debe ser ese plazo razonable? Es decir, en qué tiempo un detenido debe ser sentenciado. ¿Es adecuado seis meses para los delitos menos graves y un año para los más graves? ¿O habrá que establecer más plazos diferenciados para el juzgamiento de ciertos delitos? ¿Y por qué no se han respetado los plazos actualmente previstos? ¿Y cuáles podrían ser las alternativas para evitar los incumplimientos?

Estas son los puntos que deberían ser analizados y a los cuales habría que dar una solución. Pero la respuesta legal que se quiera dar no debe ser improvisada ni demagógica al calor de los discursos, sino que debe ser suficientemente madurada, para no tener, seis meses después, que buscar una nueva reforma. Una última advertencia: de ninguna manera esta decisión debe quedar liberada a la discrecionalidad de los jueces.
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  1. 1 Luis Portalanza desde - Malecón de Playas de Villamil

    Compartiendo los conceptos del Dr. Ernesto, solo añado que constando la caducidad de la prisión preventiva en la norma constitucional, esa institución se incorporó, tanto en la Constitúción del 98,como en la Montecristina, como garantía constitucional, derechos de protección, como parte de los derechos humanos.

    De lo que deviene en un instituto constitucional, de máximo relieve jurídico, en nuestro sistema legal, que trasciende las normas ordinarias del Código de Procedimiento Penal, por la jerarquía casi absolutas de la supremacía dada a las normas constitucionales. Y no solo eso, como U. sabe y conoce estimado doctor.

    En resulta que por el propio singular autoblindaje de la Constitución, que se ideó para dificultar esta como tendencia innata nacional de cambiar los macromarcos jurídicos, por quítame allá estas pajas, la Constitución creó una serie de métodos para rigidizar los propósitos de acabar con ella, vía sus reformas.


    Se legisló que solo algunas normas constitucionales pueden ser culpables de merecer reformas y se ideó un método ´muy rígido para afrontarlas, pero en cambío, y para otras materias que no procede ningún afán reformador, está el capítulo de garantías constitucionales, entre los que se encuentran los del debido proceso y entre uno importante, el de la caducidad de la prisión preventiva.

    Estos institutos no pueden ser reformados,ni suprimidos, solo mejorados, por lo que el pedido de Nebot, es simplemente imposible de cumplirlo, por lo que la nación, abochornada, no puede complacerlo con derogar el instituto de la caducidad de la prisión, por la prohibición constitucional.

    Vivan los delincuentes al saber esta novedad caprichosa.

    Concordando con el Dr. Ernesto debemos intentar reformas procesales que sin derogar los plazos constitucionales de caducidad, impidan que los criminales queden impunes,por ejempo, en los casos de delitos flagrantes, partiendo de su concepto propio deben pasar directamente a la etapa del juicio, porque no se justifican ni los plazos de instrucción ni la intermedia.

    Pero repudiables son las voces del PSC, principalmente, que ayer, hoy impulsan proyectos autoritarios que atentan a las garantías constitucionales con un falso discurso de achacar a la legislación garantista, como pro reo, cuando significan garantías a los derechos humanos de todos, quienes habitamos en el planeta, y la historia nos enseña que estas peticiones delirantes son hermanas de posturas fascistoideas de control social, inaceptables, en democracia real.

    Que ejemplo se hagan reformas penales sustantivas puntuales y de emergencia, que un delito de peligro indeterminado como el porte de armas de fuego sin permiso tenga una pena fija, sin que se puedan admitir ni sustitución de medidas cautelares ni caución alguna, pena fija que no tiene porque ser perpetua, pero si de unos 30 o 60 días, pero fijos, que el infractor lo sufra inmediatamente que lo apresan, para sea disuasora, en la realidad, la prohibición.

    Hoy las armas siguen en porte ilegal. Por miles.

    En fin que se hagan y promulguen, pero con criterios jurídicos con base en las encuestas y en la sociología criminal, y con la participación de técnicos, y juristas, que se encarguen de aggionar o de darnos un nuevo código penal, que reemplace al arcaico que tenemos, que ya lo era, desde que lo promulgamos, al decir de Jimenez de Azúa.

    Esto es lo que necesita urgente la nación, para afrontar en verdad y no con parches politiqueros en lo penal, esta como ola de criminalización profesionalizada, que aumenta la percepción de inseguridad de nuestras ciudades.

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  2. 1 Luis Portalanza desde - Malecón de Playas de Villamil

    Compartiendo los conceptos del Dr. Ernesto, solo añado que constando la caducidad de la prisión preventiva en la norma constitucional, esa institución se incorporó, tanto en la Constitúción del 98,como en la Montecristina, como garantía constitucional, derechos de protección, como parte de los derechos humanos.

    De lo que deviene en un instituto constitucional, de máximo relieve jurídico, en nuestro sistema legal, que trasciende las normas ordinarias del Código de Procedimiento Penal, por la jerarquía casi absolutas de la supremacía dada a las normas constitucionales. Y no solo eso, como U. sabe y conoce estimado doctor.

    En resulta que por el propio singular autoblindaje de la Constitución, que se ideó para dificultar esta como tendencia innata nacional de cambiar los macromarcos jurídicos, por quítame allá estas pajas, la Constitución creó una serie de métodos para rigidizar los propósitos de acabar con ella, vía sus reformas.


    Se legisló que solo algunas normas constitucionales pueden ser culpables de merecer reformas y se ideó un método ´muy rígido para afrontarlas, pero en cambío, y para otras materias que no procede ningún afán reformador, está el capítulo de garantías constitucionales, entre los que se encuentran los del debido proceso y entre uno importante, el de la caducidad de la prisión preventiva.

    Estos institutos no pueden ser reformados,ni suprimidos, solo mejorados, por lo que el pedido de Nebot, es simplemente imposible de cumplirlo, por lo que la nación, abochornada, no puede complacerlo con derogar el instituto de la caducidad de la prisión, por la prohibición constitucional.

    Vivan los delincuentes al saber esta novedad caprichosa.

    Concordando con el Dr. Ernesto debemos intentar reformas procesales que sin derogar los plazos constitucionales de caducidad, impidan que los criminales queden impunes,por ejempo, en los casos de delitos flagrantes, partiendo de su concepto propio deben pasar directamente a la etapa del juicio, porque no se justifican ni los plazos de instrucción ni la intermedia.

    Pero repudiables son las voces del PSC, principalmente, que ayer, hoy impulsan proyectos autoritarios que atentan a las garantías constitucionales con un falso discurso de achacar a la legislación garantista, como pro reo, cuando significan garantías a los derechos humanos de todos, quienes habitamos en el planeta, y la historia nos enseña que estas peticiones delirantes son hermanas de posturas fascistoideas de control social, inaceptables, en democracia real.

    Que ejemplo se hagan reformas penales sustantivas puntuales y de emergencia, que un delito de peligro indeterminado como el porte de armas de fuego sin permiso tenga una pena fija, sin que se puedan admitir ni sustitución de medidas cautelares ni caución alguna, pena fija que no tiene porque ser perpetua, pero si de unos 30 o 60 días, pero fijos, que el infractor lo sufra inmediatamente que lo apresan, para sea disuasora, en la realidad, la prohibición.

    Hoy las armas siguen en porte ilegal. Por miles.

    En fin que se hagan y promulguen, pero con criterios jurídicos con base en las encuestas y en la sociología criminal, y con la participación de técnicos, y juristas, que se encarguen de aggionar o de darnos un nuevo código penal, que reemplace al arcaico que tenemos, que ya lo era, desde que lo promulgamos, al decir de Jimenez de Azúa.

    Esto es lo que necesita urgente la nación, para afrontar en verdad y no con parches politiqueros en lo penal, esta como ola de criminalización profesionalizada, que aumenta la percepción de inseguridad de nuestras ciudades.

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