La audiencia falló: los 10 de Luluncoto, en el limbo

Los acusados de terrorismo volvieron a prisión hasta nuevo aviso

Dolorosas escenas de dolor de madres y familiares se vivieron ayer en el auditorio principal del Palacio de Justicia. El juez Vladimir Jaya se excusó por enfermedad y el juicio quedó paralizado.

Todo estaba listo para la primera audiencia de juzgamiento de los diez de Luluncoto. Los jóvenes militantes del MPD, acusados por el Estado de terrorismo tras habérselos encontrado en una reunión política y en posesión de material impreso, se entiende que de carácter subversivo, habían llegado temprano al auditorio principal del Palacio de Justicia. Iban esposados y empujados por policías del grupo especial Alpha GEA. Los testigos, decenas de ellos, habían firmado su asistencia. Los abogados disponían montañas de documentos sobre su escritorio. Los familiares de los detenidos esperaban sentados en el costado derecho de la sala. Pero la audiencia no empezó: uno de los jueces, Vladimir Jaya, se excusó por enfermedad. Y el presidente del tribunal, Julio Obando, dijo: será otro día.

Entre los presentes, la crema y nata de la dirigencia política de izquierdas que moviliza a las antiguas bases del correísmo: el candidato presidencial Alberto Acosta; su compañera de fórmula, Marcia Caicedo; el ex constituyente Fernando Vega; el ex guerrillero Juan Cuvi, a quien el presente caso, dijo, le recuerda a los tiempos de León Febres Cordero; dirigentes de Pachakutik y del MPD, líderes indígenas y barriales... Cuando todo acabó, se congregaron en la calle Piedrahita y marcharon hacia el centro.

"Ante la ausencia por enfermedad del señor juez el tribunal declara fallida la audiencia", dijo el juez Obando. Y la sala estalló. A las proclamas de rechazo militante de las bases políticas, que pedían libertad y justicia con sus consignas, se sumaron los gritos de auténtica y sentida indignación de los familiares. Algunas madres de los detenidos se derrumbaban entre lágrimas y gritos de dolor. Se impuso una, que corearon todos: "justicia sometida, justicia sometida".

Nueve de los diez de Luluncoto (Royce Gómez, Santiago Gallegos, Pablo Castro, Luis Merchán, Hugo Vinueza, Cristina Campaña, Abigail Heras, Héctor Estupiñán y César Zambrano), fueron arriados nuevamente por los GEA con dirección al Centro de Detención Provisional y a la cárcel de mujeres. Los espera Fadua Tapia, quien tenía cuatro meses de embarazo cuando fue detenida y ahora carga en sus brazos a una niña de tres meses, volvió a su casa a cumplir la medida sustitutiva que la obliga a presentarse cada lunes ante un juez.

Afuera la manifestación se prolongó por más de una hora. Habían instalado una jaula sobre la vereda y, adentro, las siluetas de los diez deternidos con sus respectivos nombres y ocupaciones: Royce Gómez, odontólogo. Fadua Tapia, estudiante. Un gran cartel decía: "Los que deberían estar presos". Y las fotos del primo del presidente, Pedro Delgado, y el canciller Ricardo Patiño, con la leyenda "no le llamen narcovalija a la narcovalija". Los candidatos prodigaban declaraciones, Jaime Guevara cantaba canciones protesta con su "máquina mata fascistas" y las madres de los detenidos lloraban. A mares.



Es impresentable que los acusados pasen Navidad lejos de casa

Ping-pong

Ramiro García es catedrático de Derecho Penal y se unió ayer al equipo de abogados defensores.

¿Cuál es la naturaleza del caso de los 10 de Luluncoto?

Es una clara violación de los derechos humanos. Una clara utilización del sistema penal a efectos de criminalizar la disidencia, la protesta social. Al parecer, la imagen del Che, cuando uno está en Alianza País, le convierte a uno en revolucionario; cuando uno está en la oposición le convierte en terrorista.

¿Que derechos han sido vulnerados?

Varios. Sobre todo la libertad personal. Se hizo una pericia en el juzgado en la que aparece que, en la fecha en la que hicieron el operativo, ni siquiera había la orden de prisión preventiva ni la orden de allanamiento. Es una privación de libertad ilegal y arbitraria.

¿En qué se fundamenta la acusación de terrorismo?

Encontraron a diez personas reunidas en una casa, conversando sobre acciones políticas y, según ellos, estaban preparando acciones conspirativas. Y más que conspirativas, de tipo terrorista. Esto es una utilización del tipo penal de terrorismo inaceptable, con una ampliación horrorosa.

¿Cuáles son las pruebas?

Nada más que panfletos de carácter político que, a la usanza de la vieja ultraderecha, han sido utilizados como prueba de terrorismo. Fotos del Che, escritos donde alguno de los acusados se autodefine como anticapitalista... Yo no pertenezco a ningún partido, pero no deja de fastidiarme que los mismos cánones de procesamiento, los mismos parámetros probatorios que se utilizaron en la época de Febres Cordero se estén utilizando ahora en este gobierno.

¿Alguna otra sombra en el proceso?

El juez que supuestamente dictó la orden de prisión preventiva, Juan Pablo Hernández, es el mismo que procesó al coronel Carrión; es el mismo que, a través de una acción de protección, autorizó dinamitar la maquinaria ilegal utilizada en minería en la provincia de Esmeraldas.

La audiencia se suspendio. ¿Qué sigue ahora?

Corresponde al tribunal volver a convocar a una nueva audiencia. Puede ser en enero, febrero... Esperamos que no sea así. Este es un caso clamoroso. Es parece impresentable que tengan que pasar la navidad lejos de casa.

¿Qué diferencia a este caso de otros que ganó el gobierno?

En este el Estado no está luchando, para utilizar la jerga del presidente, contra los poderes fácticos. Acá no están los banqueros ni los grandes medios, sino un grupo de jóvenes estudiantes de universidad pública, gente pobre y criminalizada por pensar diferente.



"Mi hija Fadua no pudo recibir suficiente atención médica durante su embarazo"

Testimonio

"Cuando les detuvieron, m"hija estaba de cuatro meses de embarazo y estábamos contentos, cuidándola. Era un impacto, íbamos a ser otra vez abuelos. ¡Cómo dolía verle encadenada y de rodillas cuande les mostró la Policía!

Todo el tiempo que estuvo en prisión domiciliaria no tuvo suficiente atención médica. Tenemos un médico que le atendía antes de la prisión y era todo un lío el poder llevarle a la consulta. Tenía que ir donde el juez Tipán a que me autorice. Después, tenía que llevar eso a la PJ (Policía Judicial). En la PJ eso cogían los abogados en la secretaría y tenía que pasar al coronel que dirige. El coronel mandaba para abajo. Con eso tenía que irme nuevamente al Distrito Norte de la Policía para que ellos oficien o se den por enterados para sacarle. Muchas veces perdimos el turno porque no alcanzábamos a hacer el trámite, aun empezando quince días antes.

Casi hubo un parto prematuro. Los propios policías que custodiaban la casa tuvieron que llevarle de urgencia al hospital Pablo Arturo Suárez. Ahí la médica les insultó: ¿cómo pueden tratar así a una joven en estas condiciones?, les dijo. Ella debía salir a caminar, y espacio hay lo que quiera en el condominio donde vivimos, pero no podía salir de la puerta de la casa. Arriba, los dormitorios; abajo, comedor, sala y cocina; todo el embarazo pasó ahí. Hasta que hubo la decisión del presidente de la Corte Superior de Pichincha que determinó que se presente una vez por mes, el primer lunes de cada mes. Cumplimos con eso.

El día del parto fue imprevisto. M"hija tenía dolores pero todavía tenía el vientre alto. Tuvieron que hacerle cesárea. Son las repercusiones de la tensión que vivió m"hija. El 7 de agosto nació Layla Nicole. Yo tengo miedo porque está creciendo la niña, está bien, pero tengo temor de que haya repercusiones en la niña, porque ella es la que sufría. M"hija hacía esfuerzos por no preocuparnos, pero eso repercutía en la niña y tengo temor de que tengamos problemas luego con la niña por este embarazo en estas condiciones".

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