La mayoría adoptó un sistema de aprobación "exprés" para los cerca de 270 artículos que restan por ser debatidos
Una de las críticas principales que se ha cernido sobre la Asamblea que elabora en Ciudad Alfaro (Manabí) la nueva Constitución es la lentitud con la que se cumple esta tarea.
Esta semana, la prensa daba cuenta de que cuando a la Constituyente le restan unos 40 días de trabajo, aún tiene por delante la aprobación de alrededor de 270 artículos de la próxima Carta Magna.
Y que únicamente tres de las mesas de trabajo del organismo han concluido con la elaboración del articulado que les corresponde.
El retraso es atribuido, sobre todo por los sectores de oposición al Gobierno, a la realización de lo que consideran labores de distracción frente a la misión primordial de la Constituyente. Y citan como ejemplos que el organismo ha dedicado buena parte de su tiempo a la aprobación de 10 mandatos y dos leyes, referidos a una muy diversa temática, y en los que la Asamblea ha ejercido antes que nada una función legisladora.
El sector oficialista, sin embargo, no admite esta versión y mira como una parte importante de su trabajo el accionar en reemplazo del cesado Congreso Nacional, considerándolo como consustancial de la labor de la Asamblea.
Adicionalmente, responsabilizan a los asambleístas de oposición, sobre todo a los pertenecientes al Partido Sociedad Patriótica (PSP), de ser los responsables del retraso existente en la aprobación de los artículos que formarán el proyecto de Constitución que deberán sancionar los ecuatorianos en referendo, probablemente en el mes de septiembre.
El primer vicepresidente de la Asamblea, el oficialista Fernando Cordero, afirma que la minoría opositora ha hecho perder alrededor de 18 días de sesiones al organismo mediante el recurso de apelar o solicitar cambios en el orden del día.
Y para, a su juicio, evitar aquello y contribuir, además, a que el organismo constituyente cumpla con el plazo de terminación de la nueva Carta Política del Estado, presentó un proyecto de cambio del reglamento de funcionamiento de la Asamblea.
El planteamiento, que fue aprobado por la mayoría cercana a Acuerdo País, establece, entre otras cosas, mayores requisitos para solicitar el cambio del orden del día.
El texto propone, también, un sistema que pretende simplificar los segundos debates de los textos constitucionales.
La idea, sin embargo, genera el rechazo de algunos sectores de la oposición, que la consideran un "invento" que permitirá al oficialismo pasar en bloque y sin debate los artículos. (LAG)
"Minoría hizo perder unos 18 días con pedidos de cambio al orden del día"
Sistema "exprés" genera polémica
Para terminar con lo que denomina como "ritual político" que desarrollaba la minoría durante las sesiones en el Pleno, el primer vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, planteó cambios, a su juicio, indispensables al reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
La propuesta tuvo acogida en Acuerdo País (grupo oficialista) y contabilizó 90 votos, seis en contra y 13 abstenciones, el 10 de junio anterior. Con la aplicación de ese mecanismo sistemático en las 10 mesas se simplificaría la votación al interior del Pleno.
Entre otras medidas que serán aplicadas para las sesiones, está que el orden del día podrá ser modificado a través de propuestas presentadas por escrito, hasta una hora antes de la instalación del Pleno.
Asimismo, las observaciones del segundo debate irán a una subcomisión conformada por el ponente, un representante designado por la mesa y uno designado por la Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente (de entre los integrantes del Pleno que no pertenezcan a la mesa).
A partir de allí, en un plazo de dos días, este organismo presentará a la Secretaría de la Constituyente los textos finales.
En el Pleno, el ponente tendrá solo 10 minutos para sustentar los textos correspondientes y luego se procederá a la votación, explicó la asambleísta por el movimiento RED Martha Roldós.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, piensa que la medida permitirá aprobar de manera diligente (en segunda discusión) 108 artículos de la nueva Carta Magna ecuatoriana.
Según Acosta, la reforma introducida por su coideario Fernando Cordero corregirá los problemas que enfrentó la Asamblea en el trámite de los textos constitucionales en los segundo debates. Y destacó, entre estos, las dificultades surgidas al interior de las mesas debido a la urgencia en la redacción de los textos o durante el proceso de adición de las observaciones realizadas a los diferentes artículos.
Como otro aspecto de la reforma, se consideró la conformación de la Comisión Especial de Redacción (que dependerá directamente de la Presidencia de la Asamblea), cuya misión será depurar los textos finales que irán en la nueva Carta Magna. Es decir, examinará las contradicciones u omisiones notorias, las repeticiones conceptuales y corregirá fallas gramaticales y errores ortográficos.
Esta Comisión también recopilará y unificará los diferentes textos aprobados sobre un mismo tema.
Desde su curul, Fernando Cordero defiende su idea utilizando para el efecto un ejemplo puntual:
Según él, la minoría hizo perder un equivalente de 18 días de sesiones por las solicitudes de cambio de orden del día.
Por su parte, Galo Lara, representante de Sociedad Patriótica, cree que las nuevas reglas de juego pretenden que se apruebe todo lo que el Gobierno quiere en forma absoluta y sin que nadie dirima u opine. "Eso es lo que quería Acuerdo País...", afirmó. (CHM)
Algunos temas que han causado problemas
La Asamblea Constituyente ha aprobado hasta el momento 57 artículos del proyecto de Constitución respecto a nueve temáticas.
Una de las áreas más polémicas ha resultado la que tiene que ver con el derecho al trabajo.
Por ejemplo, la inclusión, entre los textos constitucionales, del reconocimiento del "trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la Ley y otras regulaciones", y la prohibición de la confiscación de productos, materiales y herramientas de trabajo de los informales, ha desatado una agria polémica entre la Asamblea y los municipios.
Estos últimos consideran que lo aprobado constituye el retorno de la venta libre en las calles, algo que se logró erradicar luego de muchos años y grandes inversiones en ciudades como Quito y Guayaquil. De hecho, un grupo de trabajadores informales protagonizaron esta semana desmanes en Guayaquil cuando intentaban presentar un proyecto ante el Cabildo que le garantice su regreso a las vías.
En la misma material laboral, tampoco estuvo exenta de polémica la eliminación de lo que la Constituyente llama formas de precarización laboral tales como la tercerización y la intermediación. Sobre la medida, denunciada por algunos sectores productivos como segura responsable del aumento del desempleo futuro en el país, aún no existe una medición adecuada respecto de sus efectos.
Tampoco han dejado de producir resquemor algunos ítems aprobados en relación a los tratados internacionales. En el Artículo 7 de esta materia se establece, por ejemplo, que "no se podrán celebrar tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción a instancias del arbitraje internacional".
La medida, afirman analistas, parece destinada a evitar, en el futuro, demandas como la interpuesta por la petrolera Oxy ante el Ciadi. El problema, dicen, es que contraría la lógica de la mayoría de países y alejará a las inversiones externas. (LAG)
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Hora GMT: 15/Junio/2008 - 16:17
