El ministro del ramo, Néstor Arbito, asegura que las compras y contratos por emergencia están justificados y señala que solo pidió sancionar, más no la renuncia de ex asesor del Incop
El Ministerio de Justicia (MJ) tiene dos unidades adscritas, autónomas: Projusticia y la Unidad Transitoria para la construcción de Centros de Rehabilitación Social (CRS). Estas unidades emitieron ocho declaratorias de emergencia desde agosto de 2008 hasta octubre de este año.
Esas declaratorias son parte de un listado de 244 procesos de contratación o compras de emergencia efectuados por entidades públicas a través del portal Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), organismo que detectó inconsistencias en esos procedimientos, por lo cual su director, Jorge Luis González, remitió la información al contralor Carlos Pólit para que los investigue.
De las ocho emergencias del MJ, a Projusticia le corresponden cuatro. Una es la Resolución Nª PJ-DE-186-09, del 22 de octubre de 2009, por medio de la cual se declaró emergencia para la contratación del proyecto "Obras de Adecuaciones de la Corte Provincial, Tribunal Penal y Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Santa Elena, que incluye sistema de climatización y divisiones modulares ".
La segunda fue emitida un mes antes para la contratación de una consultoría de "Diseños para las instalaciones eléctricas y de cableado estructurado para las oficinas de Tribunal Penal, Sala de Corte Provincial y Juzgado de la Niñez y Adolescencia en la provincia de Santa Elena ".
Ese mismo mes, por emergencia, se contrató otra consultoría para el "Diseño de las instalaciones de climatización y ventilación mecánica para las oficinas del Tribunal Penal, Sala de Corte Provincial y Juzgado de la Niñez y Adolescencia en esa misma provincia.
La cuarta se realizó en marzo pasado para la compra de equipos de climatización para los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil.
Las otras cuatro emergencias fueron dictadas por la Unidad Transitoria para la construcción de los Centros de Rehabilitación Social (CRS); para la recuperación integral de infraestructura del taller de costura del CRS Femenino de Guayaquil; para la recuperación integral de infraestructura de taller de metalmecánica del CRS varones Guayaquil; para la recuperación integral de infraestructura del taller de costura del CRS Femenino de Quito y para la readecuación del nuevo pabellón femenino de Guayaquil.
Además se declaró prioritaria la adquisición de computadoras, almohadas, literas, entre otros. Hoy pidió el monto de las ocho emergencias del Ministerio de Justicia, pero no se facilitó la información. (MING)
'Conmoción social por inseguridad justifica compras por emergencia'
Entrevista
¿Por qué el Ministerio emitió ocho declaratorias de emergencia?
Primero hay que aclarar que Projusticia emitió una declaratoria de emergencia no para comprar aire acondicionado, sino para una construcción integral de la Corte de Justicia de Santa Elena. La Ley de Contratación Pública dice que las situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves que causen conmoción. Para mí, el tema de la seguridad es de conmoción social. Hay provincias que no tienen Corte, y sus habitantes deben ir a Quito y Guayaquil para resolver sus casos. Eso es parte de la conmoción social.
¿Esas obras son urgentes o de emergencia? ¿No es mejor planificarlas?
No nos compete categorizar. Es la Contraloría la entidad que debe determinarlo. Incluso antes de que se publique la nota en su diario, nosotros ya pedimos que nos haga una auditoria.
¿Qué situación de emergencia atraviesa el Ministerio?
El estado de justicia de la niñez y la adolescencia, con juzgados que tienen más de 5 000 causas nuevas por año. Projusticia declara emergencias para sus procesos contractuales porque se encarga de la construcción de todas las unidades judiciales. Otra situación de emergencia es la delincuencia que vive el país. Debemos ser una sociedad que elimine la impunidad, y para esto, deben existir más tribunales penales.
¿No bastaba con hacer esta aclaración? ¿Por qué pidió la renuncia de Ricardo Camacho, ex asesor del Incop, quien denunció inconsistencias en 244 compras por emergencia, entre ellas, las del Ministerio de Justicia?
Envíe una carta al director del Incop para que investigue el caso y dije que si el funcionario causa un perjuicio, debe ser sancionado. El director verá si comparte o no mi punto de vista. No dije bótenlo, sino sanciónenlo.
Según Camacho, en una sesión de Gabinete, el presidente Rafael Correa estuvo en desacuerdo
que se le pida la renuncia. Que el señor Camacho pruebe que pedí su cabeza o que se olvide del tema.
¿Seguirán las compras por emergencia?
Si la emergencia ciudadana lo amerita, sí. Por eso es mi enojo, que 244 procesos de compras asusten, el número no es malo, lo malo sería que se hayan declarado emergencias sin sustento, pero eso lo tiene que determinar Contraloría, que ya está analizando el tema. (MING).
Hora GMT: 27/Noviembre/2009 - 05:09
