A los pedidos de acción extraordinaria de protección presentados por el ex presidente Abdalá Bucaram y el ex vicepresidente Alberto Dahik, ambos procesados por supuestos delitos de peculado, se suma otro planteado por el ex ministro de Finanzas, Jorge Gallardo Zavala, en el Gobierno de Gustavo Noboa.
Así lo informó ayer en entrevista con HOY, Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional (CC), organismo que admitió a trámite los tres pedidos, que se amparan en el artículo 94 de la Constitución.
Incluso, Pazmiño dijo que el trámite de Gallardo está más avanzado. En efecto, la audiencia se realizó el 25 de enero pasado, en la que los miembros de la Tercera Sala de la CC, escucharon los argumentos de las partes, en base de lo cual, Manuel Viteri, como juez sustanciador, debe presentar un informe al Pleno de la Corte, para que emita un fallo, aunque no hay un plazo para aquello.
Sobre Gallardo pesa una acusación de presunto enriquecimiento ilícito, emitida en julio del 2007 por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que dictó una orden de prisión preventiva.
En abril de 2009, la Segunda Sala Penal de la actual Corte Nacional de Justicia, que reemplazó a la CSJ, sustituyó la prisión preventiva por la presentación del sindicado cada 15 días, en la secretaría del organismo.
La providencia de la CSJ se basó en una investigación de la Fiscalía, según la cual Gallardo, a inicios de 2001, habría abierto una cuenta en el BAC Internacional Bank de Panamá, en la que habría depositado $ 1, 61 millones a nombre de la Sociedad Shanico Trading S.A.
El ex ministro también fue procesado por un supuesto peculado en la negociación de bonos Global, en el gobierno de Jamil Mahuad.
Pazmiño dijo que los tres pedidos son parte de unas 900 solicitudes que están en trámite, ya que cumplieron los requisitos de admisibilidad. Es decir que en la forma no hay objeción, dijo, aunque advirtió que dicha admisión no implica un pronunciamiento favorable sobre los asuntos de fondo.
Pazmiño rechazó críticas de penalistas y analistas, según quienes la tramitación de los recursos de protección evidencia la injerencia política en la administración de justicia y afectan su institucionalidad. Además de asegurar que dichos juristas no son especializados en temas constitucionales comentó: "Más allá de que sea Bucaram o Dahik, la nueva Constitución garantiza que cualquier ciudadano defienda los derechos que considere que han sido vulnerados. Estos casos han pasado a la fase de trámite interno y ahora están sujeto a revisión para establecer si proceden o no. Seremos juzgados por nuestros fallos, no por las suposiciones que puedan hacer seudo constitucionalistas", agregó Pazmiño. (MEVO)
Hora GMT: 25/Febrero/2010 - 05:01
