El proceso investigativo de la Fiscalía de Sucumbíos, en torno a los hechos ocurridos el 1.º de marzo en Angostura, se quedó en el limbo. Con la salida del país de las sobrevivientes Lucía Morett (mexicana), Martha Pérez y Doris Bohórquez (colombianas), por el asilo político que les otorgó el Gobierno de Daniel Ortega (Nicaragua), no quedan mayores pistas que seguir.
De ahí que de poco servirá el extenso expediente que se estructuró y que consta de 1 500 hojas y 14 cuerpos, y que se logró con las investigaciones hechas en Angostura y Quito, por pedido de los fiscales Wilmar Gonzabay (Sucumbíos) y Henry Estrada (Pichincha), encargados del caso.
Ambos tratan de establecer si las tres mujeres sobrevientes tenían algún vínculo con las FARC y, en consecuencia, atentaron contra la seguridad del Estado ecuatoriano, y los autores, cómplices y encubridores de las muertes provocadas por la acción militar colombiana desplegada en el campamento del grupo irregular instalado en el Ecuador.
Por ahora, la Fiscalía de Sucumbíos se apresta a solicitar a su similar de Colombia (a través del Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General o del Ministerio de Relaciones Exteriores) que ese país entregue a las autoridades ecuatorianas las identidades de los oficiales y miembros de tropa que ingresaron a Sucumbíos y que serían los autores materiales de las muertes de las 26 personas.
Desde Quito, Estrada trató de establecer la identidad de los difuntos. De los 26, 18 no pudieron ser identificados y fueron enterrados hace un par de semanas en Quito en una fosa común. Los otros fueron los estudiantes mexicanos Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González Castillo, el colombiano José Caicedo, el ecuatoriano Franklin Aisalla y el número dos de las FARC, "Raúl Reyes". El cuerpo de este último fue llevado a Bogotá el día mismo de la incursión.
En el proceso constan las fotografías, los resultados de los protocolos de autopsias, placas dentales, huellas dactilares, señales particulares, sin tomar en cuenta que de cada fallecido sin identificar se tomaron muestras de ADN -con asesoría de la Cruz Roja- para facilitar su reconocimiento.
El trabajo de Criminalística del Servicio de Investigación Ocular Técnico (SIOT) y del Departamento Médico Legal, realizado desde el 3 de marzo pasado hasta mediados de mayo, es el que ocupa la mayor parte del expediente.
Inclusive las declaraciones de las extranjeras sobrevivientes que fueron tomadas el 11 de marzo por el fiscal general, Washington Pesántez, en el Hospital Militar, sirven de poco con la salida de las tres mujeres, quienes no podrán ratificar o negar lo dicho ni aportar más información.
Otro cuerpo del expediente está conformado por las fotografías de las cosas encontradas en las instalaciones guerrilleras de Angostura, inclusive unos discos compactos que fueron remitidos a la Fiscalía para su análisis respectivo.
Para establecer a los autores, cómplices y encubridores de las muertes, el 13 de mayo se realizó la audiencia de formulación del caso ante Pedro Bolaños, Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos (e), donde el agente fiscal Gonzabay expuso las razones por las cuales se debía iniciar una instrucción fiscal contra las sobrevivientes. La publicación de varias noticias en un medio de comunicación y el informe que presentó la Policía Judicial serían los sustentos.
En estos documentos los agentes de la Policía Judicial hacen un detalle pormenorizado del sitio donde estuvo el campamento guerrillero, así como las características de las instalaciones, que contaban con cocina, comedor, etcétera.
Los investigadores también realizan una descripción de todas las evidencias encontradas en las instalaciones del campamento subversivo, donde no solo había gran cantidad de fusiles, municiones, granadas y equipos sofisticados de comunicación, sino también uniformes para hombres y mujeres, entre otro material.
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Hora GMT: 06/Junio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Mauro Pilatasig. Enviado a Sucumbíos
