De aprobarse el proyecto de Código Orgánico de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que fue presentado el 30 de septiembre por el ministro del Interior, José Serrano, la investigación de la infracción no sería solo potestad de la Fiscalía.
La Constitución de Montecristi, vigente desde 2008, señala en el artículo 195: "La Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal...".
"Para cumplir con sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la Ley", dice la disposición.
En el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, aunque se reconoce en principio la potestad exclusiva de la Fiscalía en el campo investigativo, cuando describe la misión (artículo 139) del Servicio, dice: "Intervenir en el subsistema de la Investigación de la Infracción para investigar el cometimiento de la misma. La investigación en el caso concreto la realizará bajo la Dirección Jurídica de la Fiscalía. Sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar, sin que exista una instrucción particular de la Fiscalía".
Esta parece ser la página que cierra una larga disputa que protagonizaron el ministro Serrano y el ex fiscal general Washington Pesántez, quien rechazó las intenciones del primero de formar cuerpos paralelos de investigación civil del delito.
En abril de 2010, el Gobierno anunciaba la creación de cuerpos civiles de investigadores, y según declaraciones del fiscal Pesántez, la PJ podía tener falencias, pero se debía fortalecer esa institución y dijo que, a esa fecha, había exactamente 6 300 agentes para agilitar y coordinar mejor el trabajo con la Fiscalía. Esto significaba que los 658 fiscales a escala nacional podían contar con tres policías cada uno para investigar los casos.
Decálogo de investigaciones no judiciales
En la edición del suplemento de BLANCO y NEGRO del 28 de noviembre de 2011, se menciona una serie de investigaciones que por sus características se las podría denominar como "no judiciales".
Dos de ellas fueron denunciadas en la publicación del mismo suplemento, del 1.° de junio de 2011, donde se hizo referencia a una investigación, sin autorización de la Fiscalía a jueces, hecha por funcionarios del Ministerio de Justicia, cuando el titular de esta Cartera de Estado era Serrano.
Otra es la investigación que se habría realizado por orden de Serrano a las cuentas bancarias del ex fiscal general Washington Pesántez y del procurador Diego García. Por este hecho, se abrió una indagación que obtuvo finalmente el sobreseimiento provisional de los acusados.
Estos casos de investigaciones que no tienen el aval de la Fiscalía, ni de los jueces, no son nuevos en este Régimen. Los antecedentes datan desde 2009. En junio de ese año, se conoció del registro telegráfico número 2009-0587 J, el que tenía como origen la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía y como destinatarios los mandos de las jefaturas y subjefaturas de la Policía Judicial. En el comunicado, se disponía dar cumplimiento al memorando 2009-0943 DGO-PNE, donde se dice: "... mucho agradeceré a usted disponer se realice contrainteligencia a de las actividades de fiscales y jueces...".
Está también el caso de una investigación financiera ordenada supuestamente por el exministro de Seguridad Interna y Externa Miguel Carvajal a las cuentas de Rommy Vallejo y otros oficiales, cosa que el funcionario negó.
Quedan el caso de los "pativideos", la denuncia de Galo Lara, Mario Pazmiño y otros.
