Injurias como guillotina

Por César Ricaurte

cricaurte@hoy.com.ec

Ciento veinticinco periodistas están encarcelados en el mundo según lo que reporte el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York y que está considerada la organización más grande que vela por la integridad física de los periodistas. En el mapa de la infamia de periodistas encarcelados, aparece, por primera vez en muchos años, el Ecuador. Dos periodistas fueron encarcelados el año pasado. El primero, Freddy Aponte, fue liberado después de cumplir la mitad de la pena. El segundo caso es aún más dramático. El protagonista es el periodista orense Nelson Chacaguasay, quien sigue en la cárcel sin que ningún juez ni autoridad competente se digne tramitar su pedido de libertad acogiéndose al beneficio del 2x1.

Todo lo contrario. El pasado 6 de abril de 2009, el periodista, director del semanario La Verdad, fue querellado por $400 mil en daños y perjuicios por Silvio Castillo, juez segundo de lo Civil de El Oro, su acusador en el juicio por injurias que llevó a Chacaguasay a prisión.

El periodista también ha sido querellado por injuria calumniosa por el ex ministro fiscal distrital de El Oro, Francisco Quevedo Madrid, debido a una publicación que vincula a Quevedo con el fallecido ex notario José Cabrera. Chacaguasay no solo está en la cárcel sin posibilidad de salir, sino que está siendo sometido a algo que bien puede considerarse un acoso judicial. El caso revela que todos los periodistas ecuatorianos estamos en la picota. Cualquier funcionario público puede tratar de acallarnos planteando una demanda por injurias y, si tiene poder político, económico o –como en este caso- ser parte de la Función Judicial, es muy posible que lo logre.

¿Chacaguasay es culpable? El asunto es que su periódico publicó un remitido en que se acusaba al juez Castillo de corrupción. El acusador planteó que el propietario del semanario La Verdad era el culpable y luego vino un largo proceso, lleno de irregularidades. Pero, este no es el punto. Un periodista no debe ir a la cárcel por motivos relacionados a su profesión.

Al respecto, no puede haber pronunciamiento más claro que el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, señaló que: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas...". Y añade algo polémico, pero certero: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos ... atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

Hora GMT: 07/Mayo/2009 - 05:07