Los datos que constan en las páginas web de entidades públicas cumple en su mayorÃa con el artÃculo 7 de la Lotaip
El último estudio sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), realizado por la DefensorÃa del Pueblo, conceptúa la información y su acceso ya no solo como una libertad, sino como un derecho.
Aquello implica justamente el derecho a buscar, recopilar, investigar, difundir y recibir información, asà como a acceder a información pública de las entidades. "Si no hay información sobre asuntos públicos, la ciudadanÃa no opina, no participa y no incide", consta en el documento.
La DefensorÃa determinó que, de las 4 990 instituciones públicas del Estado que debÃan haber emitido sus informes hasta el 20 de junio de 2011, solo 781 (15,65%) cumplieron con ese requisito legal. Esto no permite hacer una evaluación de cómo está la aplicación de la Lotaip. De ahà que esa institución solicitó un monitoreo a 86 páginas web de 90 instituciones.
Las entidades fueron de dentro de Función Ejecutiva, Función de Control Social y Transparencia, municipios, prefecturas, universidades y escuelas politécnicas. El resultado fue que el 60, 47% cumple con la difusión de información pública.
A las instituciones se les realizó el análisis en torno al cumplimiento del artÃculo 7 de la Lotaip y de varios de sus literales a, b, d, f, k y n) considerados de importancia.
Para escoger los literales, según el análisis, se tomaron en cuenta criterios como la relevancia de la información promocionada por la entidad monitoreada y aquella relacionada con el ejercicio de los derechos. Los parámetros que se utilizaron para determinar el cumplimiento de la ley fueron: "Cumple de manera completa, incompleta, no publica".
Aunque la DefensorÃa del Pueblo realizó en el último año 13 talleres para 255 enitdades y 548 funcionarios púbicos, una de las conclusiones del estudio es que "todavÃa falta mucho camino para que el derecho al acceso a la información, especÃficamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de informes sobre el artÃculo 12, se realice".
Otra de las observaciones que hace la DefensorÃa es que, si bien existen varios mecanismos para presentar la información catalogada como pública, el seguimiento de esos mecanismos es lo complicado, por lo que se hace necesario crear metodologÃas para cumplir con el mandato legal.
La institución considera necesario sensibilizar y capacitar sobre el derecho que tienen todas las personas para acceder a información y que la ciudadanÃa conozca que las instituciones están en la obligación de entregar los datos que les solicitan de manera oportuna.
FiscalÃa: con visto bueno, se entra
En la FiscalÃa general, no solo hay problemas de acceso a la información. Entrar al edificio en sà requiere de autorización de algún funcionario. Las credenciales de prensa ni siquiera garantizan el ingreso a las áreas de comunicación social.
Los fiscales y auxiliares tienen prohibido entregar información a los periodistas si antes no hay una autorización del fiscal general, Galo Chiriboga, según comentan varios operadores de justicia.
Hace dos meses, se negó la entrada de una periodista de diario El Universo. Según la recepcionista, habÃa una orden de no dejar entrar a la prensa y especÃficamente a ese medio. Esto, pese a que, durante una de las primeras ruedas de prensa del fiscal Chiriboga, dijo que su polÃtica serÃa de "puertas abiertas".
En ese mismo sitio, se pide no ingresar con grabadoras de voz ni con cámaras.
Dentro del edificio, hay cámaras de vigilancia. Una visita de 30 minutos al edificio representa quedar grabado en 10 diferentes cámaras de seguridad. Por eso, si un periodista dice que va al primer piso, pero la cámara le graba por el segundo u otra oficina, esto es motivo de alarma.
Pocas preguntas que se recogen antes
Boletines y ruedas de prensa son las formas como informa el Ministerio del Interior. No obstante, en las segundas, donde las preguntas, si es que se permiten, son limitadas, deben ser dadas a uno de los funcionarios de Comunicación de esa cartera de Estado antes de hacerla directamente al funcionario.
Cualquier información por fuera de la que se brinda oficialmente rara vez es atendida. De ahà que se debe solicitar entrevista al ministro y, para ello, hay que remitir por escrito los temas a abordarse. Pese a ello, no siempre se la concede. Normalmente, la razón que esgrime el Ministerio es que la agenda del funcionario está copada.
El ingreso a esa dependencia requiere también de una identificación previa y autorización de algún funcionario para poder pasar.
Ministerio del Interior autoriza a la PolicÃa
La fuente Policial se ha cerrado en los últimos meses. Acceder al mando policial o a los jefes de unidades especÃficas requiere de autorización, antes del Comando y hoy del ministro del Interior.
La solicitud de estadÃsticas ha sufrido también cambios. Antes, la autorización la daba el jefe de la PolicÃa Judicial (PJ) de la provincia respectiva, y el trámite no demoraba dos dÃas. Si se requerÃa información nacional, autorizaba el director nacional de la PJ, y en tres dÃas, se accedÃa a los datos; luego, se dijo que los petitorios se dirijan a la Comandancia. Esa oficina, a su vez, debÃa solicitar al Ministerio la autorización, con lo cual el trámite demoraba más de dos semanas.
Actualmente, esos datos se solicitan al Instituto Nacional de EstadÃsticas y Censos (INEC). El 14 de diciembre, HOY pidió información sobre los delitos en 2011, pero no hay respuesta. En esa oficina, se dijo que ellos no manejan esa información.
Limitantes en la Asamblea
El trabajo en la Asamblea Nacional tiene varias limitantes. Por ejemplo, la prensa básicamente puede acceder a los legisladores cuando están por ingresar a la reunión en el Pleno. Caso contrario, ir oficina por oficina es difÃcil, dado los controles que existen en el lugar. No hay acceso a las reuniones del presidente de la Legislatura con los jefes de bloque o con los presidentes de la comisiones.
Ya en la sala de sesiones, los periodistas básicamente acceden al audio que proporciona el Congreso, asà como a las imágenes. Si se registran enfrentamientos o incidentes, ningún fotógrafo o camarógrafo puede ingresar, salvo el de la sala de prensa del Congreso. A esto, se añade que en esos momentos, el audio queda suspendido.
A esto, se suma que los asambleÃstas, tanto del oficialismo como la oposición, antes de atender a las preguntas, suelen interrogar a los periodistas a qué medio de comunicación pertenecen.
El ingreso al edificio requiere también de presentar la identificación al menos dos veces.
Poca información desde ContralorÃa
Ningún director de la ContralorÃa a escala regional puede entregar información ni hablar con los medios de comunicación sin que antes el contralor general, Carlos Pólit, les haya dado permiso.
La información que difunde su equipo de comunicación es institucional. En su mayorÃa, trata de talleres internacionales, cursos, convenios o conmemoraciones. Los petitorios de entrevistas se demoran meses en ser atendidos. Las solicitudes de informaciones especÃficas demoran también en recibir respuesta sea vÃa e-mail. Remiten asimismo a que se busque en la página web.
El ingreso a esas dependencias es también limitado. Al igual que en la mayorÃa de instituciones del sector público, se requiere de la autorización de algún funcionario para ingresar. Tras entregar un documento de identificación (cédula o credencial de prensa), en la puerta, piden el nombre del funcionario y le consultan por teléfono si esperaba a la persona.
La mayorÃa de veces, el funcionario es el que baja y atiende al periodista directamente en la recepción del edificio.
CJT prioriza solo su información
Desde hace cinco meses que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) asumió la reforma judicial, la prensa tiene acceso a la información oficial a través de ruedas de prensa y boletines. Sin embargo, cuando se trata de temas de investigación propios de cada medio, el acceso a entrevistas y datos es limitado.
Los funcionarios de cualquier dependencia no pueden hablar sin tener autorización del presidente del CJT. Tampoco desean hacerlo, ya que eso supone un riesgo laboral y podrÃa ser calificado como falta disciplinaria que se sanciona hasta con la destitución del cargo.
Para ingresar al edificio del CJT, se requiere de la autorización de algún funcionario que trabaje allÃ. Por eso, a la prensa, casi siempre, se le atiende en la recepción y solo pueden ingresar para la cobertura de una rueda de prensa.
Las reuniones del Pleno del CJT son también reservadas. Además del Pleno y el director del CJT, Mauricio Jaramillo, nadie puede estar presente sin la autorización del presidente, eso incluye a los veedores. El CJT publicó en el Registro Oficial del 25 de octubre un Reglamento de Sesiones de cinco artÃculos, donde se prohibe la presencia de terceros en las plenarias.
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