Por Francisco Rosales Ramos
rosales@hoy.com.ec
Los medios de comunicación incomodan a los Gobiernos, ya porque los comentarios editoriales no son de su agrado, ya porque se revelan hechos ocultos, ya también porque se cuestionan los informes optimistas de los funcionarios de turno. De allí que resulta entendible que realicen los mayores esfuerzos para quitarse de encima la incomodidad. Y las herramientas son múltiples: la publicidad oficial discriminada, los impuestos a los insumos, especialmente al papel, las asignaciones precarias de frecuencias y, por último, expedir leyes que directa o indirectamente permitan al poder público controlar a los medios.
Sin embargo, se perderían derechos esenciales de la persona humana y de la democracia si los medios agacharan la cabeza ante el poder y se convirtieran en meros repetidores de la verdad estatal. Evidentemente, es preferible tolerar los excesos de la prensa (que puede haberlos) antes que, a cualquier título, coartar la libertad de comunicación. Las instituciones democráticas deben prever, eso sí, procedimientos expeditos y garantías suficientes para que los perjudicados por los medios sean debida y oportunamente compensados, ya con la obligación de rectificación inmediata y, ya también, con el pronto cumplimiento de sentencias judiciales condenatorias al medio que afectó derechos de terceros. Tres casos de los últimos meses señalan la necesidad de contar con medios de prensa no atados al poder.
El primero, la celebración de contratos con el Estado por más de $160 millones por parte de las empresas vinculadas al hermano del presidente de la República.
El diario Expreso, en una investigación impecable, develó los contratos ilegales; con ella, la ciudadanía se enteró de un hecho que había permanecido oculto a todos los entes de control. De no ser por la prensa libre, esos contratos no habrían sido conocidos y podrían haber proliferado los negocios entre el Estado y agnados y cognados de las más altas autoridades.
El segundo, la fallida participación de la compañía estatal argentina Enarsa en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. La fanfarria de reunión presidencial con placas recordatorias ha resultado en una costosa y enorme pérdida de tiempo en la ejecución del más grande proyecto energético y los consecuentes perjuicios para la nación.
Y, tercero, la participación de PDVSA en la explotación del Campo Sacha, actualmente en manos de Petroecuador, también revelada por la prensa independiente, deberá merecer una investigación muy cuidadosa para determinar si la asociación con la empresa venezolana, que acusa enormes deficiencias de operación en su propio país y es utilizada como caja chica por el comandante Chávez para sus aventuras dentro y fuera de Venezuela, resultará conveniente a los intereses de los ecuatorianos. Todo contrato que no nace de un concurso público para determinar la mejor opción acusa pecados de origen y requiere especial y continuo análisis.
Hora GMT: 21/Septiembre/2009 - 05:09
21/Septiembre/2009 a las 12:34
A ningun corrupto le gusta que le investiguen sus cosas chuecas.
Si logran imponer esa ley mordaza, consumarian el CRIMEN PERFECTO.
Bien o mal, la prensa permite conocer, los desvios que cometen las personas cuando sienten las mieles del poder.
Personas que creen que estan sobre todo y sobre todos, aun encima de la ley.
Los dignatarios y funcionarios son personalidades publicas que estan para cumplir y hacer cumplir la ley.
El principal mal de latinoamerica, no es ni el capitalismo, ni la larga noche neoliberal, ES LA CORRUPCION, la unica forma de que un gobierno haga la diferencia es siendo un gobierno HONESTO, respetuoso de las leyes, es la unica forma de progresar.