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Aprobación de la Directiva del Retorno de la Unión Europea complica la situación de miles de "sin papeles"
Por Raúl Jiménez/ Corresponsal en Madrid
La aprobación, esta semana, de la Directiva del Retorno por parte de la UE y las distintas ofertas del Gobierno español provocan incertidumbre en algunos inmigrantes, pues esto complica más su situación administrativa en España. Sin embargo, las movilizaciones de repulsa tienen poco eco.
"Es incongruente que esté más penado ser inocente e inmigrante, que ser delincuente pero comunitario". Esta lacónica frase, una viñeta aparecida en el diario El País el pasado viernes, resumía el significado de la Directiva del Retorno, aprobada el martes por los 27 países de la Unión Europea. Y no es para menos, porque dentro de dos años, toda persona que se halle indocumentada en la Europa del bienestar, será expulsada y no podrá regresar en un plazo de 5 años, por supuestos motivos de "seguridad". Pero antes de embarcarse en el avión de vuelta, los "sin papeles" tendrían que permanecer detenidos en un centro de internamiento de extranjeros entre 6 meses y 18 meses, un plazo bastante desproporcionado según varias organizaciones sociales.
Freddy P.V. es uno de esos clandestinos que deambula por España desde hace dos años en busca de un futuro mejor. El rumor que hablaba del sueño europeo y que recorre, casi a diario, la mente de muchos ecuatorianos desesperados se apoderó de él y le embarcó en este viaje.
Ahora, sin trabajo y sin papeles, cuenta los veinte días que le ha dado la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para responder a su solicitud de regreso, porque ya no aguanta más encontrarse en esta situación.
La historia de este ecuatoriano de 42 años es de difícil solución, según lo manifestado por una de las abogadas de un centro de atención de extranjeros. Casado y con tres hijos, en el Ecuador se ganaba la vida como conductor, cuando escuchó que la empresa Eurowork -localizada en Cuenca y que hace poco tiempo las autoridades policiales descubrieron que era una de las mayores redes de estafa tanto en España como en el Ecuador- facilitaba los trámites para viajar al país europeo con visado y permiso de trabajo. Depositó 500 euros para iniciar los papeles, pero cuando ya obtuvo un resguardo, la empresa y sus directivos se hicieron humo.
Sin embargo, su afán por salir adelante no paraba. Unos amigos le comentaron la posibilidad de viajar a España con pasaporte boliviano, porque era la única forma de sortear la obligación de visado que tienen los ecuatorianos. No lo pensó dos veces: consiguió los $10 mil que costó el trámite, por el que tiene que pagar un 5% mensual de intereses, y tomó el avión con destino a Madrid, dejando a su esposa y a sus dos hijos al cuidado de sus abuelos, en Ambato. Pasó migración y se encontró con la cruda realidad: "Este país me ha servido para darme cuenta de la verdadera situación. La gente va (al Ecuador) y cuenta otra cosa", dice.
Ya los primeros días fueron duros. El hombre comenta que trabajó en construcción y el poco dinero que ganaba (unos 600 euros) "solamente servía para pagar la deuda". Al mismo tiempo, señala que "dentro de la empresa, su jefe le dio la posibilidad de conducir un camión". "En una ocasión -recuerda- fui interceptado por la Policía y al no tener licencia, recibí una multa, pero no pasó nada más. Pero mi jefe ya no contó conmigo", por temor a que descubrieran que tenía en plantilla a gente en situación irregular. Sin embargo, para obtener el pasaporte ecuatoriano, porque el de Bolivia "se le perdió", acudió a poner la denuncia en la comisaría, y en ese momento, la Policía, al darse cuenta de su situación, lo detuvo por 24 horas y le abrió un proceso de expulsión. A partir de entonces, su estancia en España se complicó más, tanto así, que ni siquiera pudo empadronarse (apuntarse en las listas del Municipio de su localidad para obtener beneficios sociales como la atención sanitaria): un requisito fundamental para acceder al arraigo social y regularizar su situación, y una alternativa que implica demostrar que tiene 3 años de residencia continua en España y una oferta de trabajo.
Indocumentado, sin posibilidad mínima de regularizarse, endeudado y temeroso espera cualquier vía de regreso; de las pocas que hay, porque, incluso, la oferta del Gobierno español no se aplica a su caso ya que jamás ha cotizado a la Seguridad Social y, por tanto, no puede recibir prestaciones por desempleo. Ahora vive en casa de su hermana, en la localidad de Aranjuez, a la espera de una respuesta de la OIM. "De momento, lo único que me queda es esperar. Ojalá no se demore mucho. Y quiero que el Gobierno ecuatoriano o español me ayuden, porque sería la mejor manera de ayudar, que la gente no salga a la calle para pedir caridad", matiza desesperado Freddy, quien prefiere no salir mucho por temor a ser detenido, después de escuchar "todo lo que dicen que nos van a hacer a los que no tenemos papeles", afirma.
Movilizaciones con poca convocatoria
Bajo el lema "La tierra es de todos, no a la directiva de la vergüenza", el pasado 17 de junio, la Coordinadora de Barrios de la localidad de Entrevías (Madrid) convocó en horas de la noche a un acto contra la Directiva, frente a la sede del Parlamento Europeo, en el madrileño Paseo de la Castellana.
Unas 200 personas se dieron cita, en su mayoría representantes de la iglesia de base, conformada por curas comprometidos con los inmigrantes, como Enrique de Castro, conocido como el "cura rojo" y quien en estas últimas semanas acoge en su parroquia de San Carlos de Borromeo a una decena de familias bolivianas que fueron desalojadas de los asentamientos chabolistas (invasiones) de la Cañada del Real, en las afueras de Madrid. También estuvieron presentes algunos jesuitas y párrocos, como el padre Marco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue la que, al igual que la iglesia de Entrevías, acogió en 2001 a inmigrantes que se encerraron para pedir la regularización de su situación en España.
La única organización de inmigrantes presente fue la Asociación Rumiñahui.
El peruano Pepe Mejía es uno de los activistas que durante más de 30 años ha sufrido las penurias de la inmigración en España y ha luchado con artículos periodísticos publicados en medios como el diario El País. Este activista, junto con organizaciones como la Coordinadora de Inmigrantes (COIN), ACSUR Segovias y Médicos del Mundo, entre otras, planearon realizar, el día de ayer, manifestaciones en varios puntos de España contra la Directiva.
Mejía analiza que la Directiva "legaliza una condición mínima del ser humano que incluso sobrepasa el tema del racismo". Considera, además, que los inmigrantes son considerados como "una moneda de cambio", sin entenderlos como ciudadanos con todos su derechos. Por eso, plantea que las "acciones deben ser continuas" desde un lobby de presión, tanto para el Gobierno español, como para el Parlamento Europeo.
Directiva es apenas el primer paso de la UE
El grupo regional prepara nuevas medidas contra los migrantes irregulares
Un reciente análisis del periodista Juan Carlos Rincón, publicado en el portal de la BBC, establece a la "derechización" europea como una de las causas de la reciente aprobación -sin enmiendas- de la Directiva del Retorno.
En efecto, como describe Rincón: "De un grupo de 15 países con mayoría de gobiernos socialistas o centristas a finales del siglo XX, se ha pasado a una UE con 27 naciones y mayoría de la derecha, tradicionalmente más restrictiva y celosa de las libertades y los derechos civiles".
Adicionalmente, Rincón establece que la aprobación sin correcciones de la norma fue, entre otras cosas, una estrategia comunitaria. Así lo explicó el europarlamentario liberal Ignasi Guardans: "Es una decisión de estrategia y pragmatismo político, porque si se hacían modificaciones, debía volver al Consejo de Ministros para aceptar las enmiendas, y se corría el riesgo de empantanar de nuevo la norma en una negociación de dos o tres años".
Previamente, la Directiva tuvo un largo proceso en el entramado comunitario y es la primera -y apenas una- parte de la estrategia de asilo y migración común de la UE, que comenzó a diseñarse el 16 de octubre de 1999 en el Consejo Europeo de Tampere, en Finlandia.
Una de las normas que se aprobarían a futuro, complementaria a la recién aprobada, establece sanciones penales a los empleadores de inmigrantes ilegales y busca atacar las redes de traficantes que se lucran con el negocio.
Asimismo, estaría lista otra directiva que establece el acceso a un permiso único de trabajo y de residencia dentro de la UE para los inmigrantes legales, que se reconocerá en los 27 países del grupo.
Todo ello con el fin de establecer una base común de derechos para todos los inmigrantes legales y otra que establece los derechos y garantías para trabajadores temporales, becarios y empleados que han sido trasladados por sus empresas a la Unión Europea. (LAG)
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