Opini贸n de HOY
La criminalizaci贸n de la protesta social se aprovecha de una legislaci贸n anacr贸nica que no corresponde a la visi贸n de un pa铆s democr谩tico y plural. A esta conclusi贸n llega la Veedur铆a Internacional coordinada por el magistrado espa帽ol Baltasar Garz贸n.
Por eso, los veedores dedican una parte de su informe, entre los nudos cr铆ticos del proceso de reforma de la justicia, a reflexionar sobre sabotaje y terrorismo.
Tras conocer un caso concreto y escuchar a los familiares de los 10 j贸venes de Luluncoto, el informe se帽ala la necesidad de readecuar la ley que regula el delito de sabotaje. Y despu茅s de escuchar a representantes de las organizaciones de derechos humanos y a los dirigentes de organizaciones ind铆genas, los veedores anotan tambi茅n el peligro de extender la calificaci贸n penal de terrorismo a otros 谩mbitos que exceden el concepto que se aplica para ese delito en el mundo.
La normativa nacional, que data del tiempo de la dictadura militar, da origen a evidentes abusos, al ubicar en las categor铆as de sabotaje y terrorismo inclusive a las protestas sociales.
Por supuesto, como reitera el informe de la Veedur铆a, esa normativa "no corresponde a la realidad de un Ecuador democr谩tico y plural", que respete el principio de proporcionalidad de las penas.
Resulta parad贸jico, adem谩s, que esa criminalizaci贸n de la protesta social se produzca en este Gobierno, que promovi贸 en la Constituci贸n vigente el derecho a la resistencia de los individuos y colectivos frente a acciones u omisiones del poder p煤blico que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, seg煤n determina el art铆culo 98.
La restricci贸n de las libertades y m煤ltiples lesiones a los derechos humanos se cobijan en leyes como las que se han utilizado bajo el membrete de sabotaje y terrorismo para reprimir hechos que, sin duda, no tienen que ver con estas figuras penales.
Urge, por consiguiente, la reforma de la anacr贸nica e injusta ley.
