Análisis
Simón Cueva
Vicerrector, Universidad de las Américas
El Presidente Obama anunció, la semana pasada, un impuesto especial a los grandes bancos estadounidenses, para recuperar las pérdidas asumidas por el Estado a través del plan de salvataje bancario frente a la última crisis financiera.
En las múltiples crisis financieras de las últimas décadas, los Gobiernos acaban pagando sumas importantes por apoyos que resultan, en muchos casos, ser un "mal menor": No intervenir puede ser aún más grave, ya que puede implicar el colapso del sistema de pagos, que los bancos ya no presten plata y crisis muy profundas y dolorosas.
Al mismo tiempo, en medio de las crisis es difícil distinguir a los bancos que se arriesgaron indebidamente, por ambiciosos, o, en algunos casos, por corrupción. Por ello, las medidas de salvataje son poco populares, complejas y a veces injustas.
El nuevo impuesto sería pagado a lo largo de 10 años, para evitar un impuesto excesivo de entrada, que podría frenar demasiado el crédito y dificultar la recuperación económica.
El impuesto sería proporcional a los activos bancarios, una vez deducidos su capital y sus depósitos. Así, los "bancos de inversión" (que casi no tienen depósitos) pagarán mucho más que los "bancos de depósitos".
Los primeros tienden a ser más arriesgados (y, también por eso, más rentables), por lo que generan mayor peligro de nuevas crisis. Aunque imperfecta, la propuesta tiene el mérito de intentar cobrar más a los más arriesgados.
Lo interesante de la iniciativa es que busca un sistema pragmático para que los bancos -que generan potenciales costos sociales al tomar riesgos indebidos- paguen por el "seguro" que les proporcionan los Gobiernos con medidas de salvataje. Permitiría cobrar a los bancos una "prima de riesgo" y, al mismo tiempo, apoyar a la banca en momentos de crisis.
Hora GMT: 26/Enero/2010 - 05:04
