La necesidad de una ciudadanía bien informada es un elemento clave para la viabilidad de la democracia, así como la comunicación abierta de las ideas, en un ambiente de libertad. Tratándose del conocimiento de la Constitución será necesario leerla una y otra vez para comprender su alcance, tarea difícil para una población poco propensa a la lectura y que, además, por las circunstancias se ha visto forzada a sustituir esta buena práctica de aprendizaje por una avalancha publicitaria de la televisión que ha invadido todos los espacios de la vida de los ciudadanos.
La capacidad de la televisión de transmitir, al instante, imágenes y movimientos modelados por mensajes y música de manera simultánea a millones de ecuatorianos aumenta el poder inherente del medio televisivo sobre la palabra impresa en varios órdenes de magnitud. La propaganda política es un producto que se ofrece a la gente y que puede alterar el equilibrio del análisis inclinando la decisión ante el impacto publicitario, dejando a un lado el valor intrínseco, la validez o los desaciertos, si es que fuere el caso, de lo propuesto en la Constitución de Montecristi. Las imágenes que se utilizan para conformar la percepción de los votantes tienen mucha importancia en este contexto, el poder de los mensajes propagandísticos, su difusión permanente y, en algunos casos, agobiante constituyen un atentado para el ejercicio de la inteligencia y para plasmar su razonamiento en voto consciente. "La posibilidad de manipular opiniones y sentimientos de las masas, descubierta en un principio por los publicitarios, está siendo explotada con mayor agresividad por una nueva generación de Maquiavelos" decía el ex vicepresidente de EEUU Al Gore, al referirse a la actuación de los políticos en el plano publicitario.
La propaganda no es una simple exposición acerca de un producto, se basa en toda una técnica cada vez más sofisticada de muestreos de opinión y en el análisis estadístico, posible ahora, con el apoyo de la informática, al punto de focalizar su impacto de acuerdo a la segmentación de la población. La preocupación, que debe ser de todos, es que vemos agotarse las posibilidades de discusión, de contrapeso de ideas, en el que los juicios razonados podrían despejar sospechas surgidas en el proceso constituyente y, a su vez, enriquecer y fortalecer el imperio de la ley. Si se considera el elevado coste de estas campañas publicitarias, todo el aparato gubernamental goza de una ventaja muy significativa y cualquier particular quedará al margen, estableciéndose un desequilibrio que afecta la ética pública. El dinero sigue teniendo un valor relevante para intervenir en la política y, de hecho, en este caso, la influencia de quienes tienen a su disposición los recursos públicos. Pero lo más grave es que los conceptos y la Constitución escrita, y cada uno de sus artículos, no serán objeto de análisis para su cabal comprensión.
Hora GMT: 26/Julio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Elsa de Mena
