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Diego Araujo Sánchez
daraujo@hoy.com.ec
Conmueven las historias, difundidas por diario El Comercio de los cuatro veedores acusados por la Fiscalía de falso testimonio y perjurio por el informe que emitieron sobre los presuntos contratos del hermano del presidente con el Estado. La Veeduría Ciudadana se conformó hace tres años por pedido del mandatario; en febrero de 2011 presentó su informe. Un mes después, el presidente denunció a los veedores ante la Fiscalía por presunto delito contra la fe pública. Y el pasado viernes debían haber asistido a la audiencia de formulación de cargos. La audiencia se pospuso para fines de mayo; pero sobre ellos pende la posible pérdida de su libertad. Los cuatro se sienten perseguidos, en un enfrentamiento absolutamente desigual con el poder.
Los veedores concluyeron que el presidente conocía de los contratos de su hermano Fabricio; que hubo ilegalidades y favoritismo en la adjudicación de estos; que los montos de los contratos ascendieron a $657 millones y que se produjo un perjuicio al Estado de $140 millones.
A los cuatro veedores les cayó, con el juicio presidencial, un cúmulo de desventuras: Pablo Chambers debió cambiar la razón social de su empresa de consultoría: al escuchar su apellido, todas las puertas se le cerraban; Chambers teme por la salud de sus padres, que tienen más de 80 años. Víctor Hugo Hidalgo, contador, jubilado del IESS, confiesa que, desde cuando se le sigue la causa en la Fiscalía, se ha quebrantado su salud y vive un viacrucis, "con etapas de zozobra, de insultos y amenazas". Hidalgo mantiene a su esposa y a su madre, de 94 años. "El momento que me priven la libertad prefiero que me den un tiro", afirmó este veedor que reveló, a la par, que siente aprecio por el mandatario. A Gerardo Portilla le tocó también su mala hora: después de haber salido de una entrevista radial sobre el informe de la veeduría, un vehículo le cerró el paso a su auto, que quedó destrozado. Por otra denuncia pública que presentó como funcionario de Petroecuador, perdió hace tiempo su cargo, y después perdió también su puesto en la Contraloría: le notificaron que no podía trabajar allí, "pues había problemas con el Gobierno". Desempleado, no pudo pagar un préstamo bancario y perdió su casa. José Quishpe, profesor, ingeniero en Sistemas e Informática, reclama por los insultos recibidos en cadenas nacionales; siente temor si le privan de la libertad; la preocupación ensombrece su alegría por el nacimiento, hace un mes, de su primer hijo…
Todo lo anterior resume algunas de las confesiones de las desventuras por los que pasan los veedores. Estos se hallan enjuiciados por afirmar lo que ha repetido Fabricio Correa; que su hermano conocía de los contratos. También, según los veedores, el ex ministro de Obras Públicas Jorge Marún informó al presidente sobre el plan vial emergente, por lo cual se infiere que conocía de las actividades de su hermano.
El mandatario tiene derecho a impugnar ese informe y presentar sus argumentos. Pero, ¿es razonable un juicio penal a una veeduría nombrada por su propio pedido? Antes que la cuerda se rompa por lo más débil, ¿no se debería llamar a juicio a los funcionarios que suscribieron los contratos que perjudicaron al Estado?
Autor: Diego Araujo - daraujo@hoy.com.ec Ciudad Quito
