Roldós: Notificación a Fabricio es un sainete

'Gobierno pone en bandeja defensa'

La empresa Cosurca desarrolla el movimiento de tierras en Nueva Prosperinal, norte de Guayaquil, sitio donde el Gobierno prepara el plan habitacional Socio Vivienda

Las notificaciones oficiales sobre la terminación unilateral de los contratos que celebró Fabricio Correa con el Estado llegaron ayer a la oficina del abogado Joffre Campaña, ubicada al norte de Guayaquil.

No obstante, la información pública sobre la decisión tomada por el Gobierno se presentó a nombre de Máximo Villavicencio (gerente de Magamaq) y Daniel Valdiviezo (titular del consorcio Rellenos y Plataformas).

Con esto, según Campaña, "F. Correa no es parte de ese escenario". Pero dentro del "juego jurídico-político", como lo califica el jurista guayaquileño, las empresas analizarán a fondo el contenido de las notificaciones, las cuales expresan una violación del art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, su titular, Walter Soliz, dirigió un oficio a Valdiviezo indicándole: "De la información hecha pública por los diferentes medios de comunicación, es de conocimiento que la compañía Cosurca sería de propiedad de Internacional Overseas Corporation, cuyas acciones, según la prensa, serían de propiedad de Fabricio Correa".

Campaña explica que, con este mecanismo, las empresas están obligadas a buscar toda la información publicada en los periódicos para saber cual información las vincula en la causa. "En derecho, esto provoca un estado de indefensión. Es un trámite burdo, insostenible".

Añadió que el ministro no asume una decisión cuando dice conocer el origen de la empresa por informaciones de prensa y tampoco define si el Miduvi o el contratista deben establecer la causa en que estaría incursa la compañía. Para Campaña esto pone "en bandeja de plata la defensa de las empresas", ya que se podría argumentar que para el presidente Rafael Correa las informaciones de prensa son mentirosas.

En las notificaciones, incluso, no se adjuntan documentos oficiales de órganos rectores como la Superintendencia de Compañías para demostrar lo que subraya la prensa.

El ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Xavier Casal, considera que las declaraciones que Fabricio Correa efectuó en medios de comunicación, donde se declara como el "dueño de las empresas", motivaron al inicio del proceso de terminación de los contratos. Esto, dice, por haber actuado de manera contraria a la Ley, puesto que hay una inhabilidad de los parientes del presidente de la República para suscribir contratos. Reiteró que las notificaciones a las entidades contratantes empezaron ayer y que las partes deben contestar y descargar los argumentos, en un lapso de 10 días.

Por su lado, el asambleísta León Roldós refiere que el Gobierno ha querido establecer diferentes formas de encubrimiento, reformando reglamentos y dando instructivos, "pero ahora todo está claro y no se debe caer en la trampa de si Fabricio Correa es o no es accionista".

"Eso no importa, porque lo que los pliegos establecen es que no puede participar por sí o por interpuestas. (CHM)

Entes de control aún no emiten sus informes

Varios ministros y directivos de entidades públicas anunciaron la terminación unilateral de los contratos adjudicados a empresas relacionadas con Fabricio Correa, sin contar con los resultados del examen practicado por la Contraloría ni el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

El procurador, Diego García, dijo antier que para tomar la decisión de rescindir unilateralmente, era pertinente esperar el resultado del análisis de cada contrato, lo cual estará listo la próxima semana.

"El Presidente da órdenes a sus ministros y a las autoridades del Gobierno, quienes deben ejecutarlas; de mi parte, yo actúo de acuerdo a los resultados de los análisis de cada contrato". El procurador estudia posibles causales de nulidad, tras una denuncia presentada por el asambleísta de la RED, León Roldós.

La Contraloría tampoco tiene un informe definitivo; ya se realizó la lectura de los borradores y está corriendo el plazo para que los involucrados presenten sus pruebas de descargo, señalaron en esa entidad. Las fuentes añadieron que aún no está señalada una fecha para la presentación del informe final.

Para el analista Augusto Tandazo la terminación unilateral sería complicada, porque el decreto (1793) expedido por el presidente Rafael Correa el pasado 20 de junio no aclara el artículo 62 de la Ley de Contratación Pública que habla sobre las inhabilidades de los familiares de los funcionarios públicos para celebrar contratos con el Estado. "Además un decreto no está por encima de una Ley".

El experto sostiene que la Asamblea Nacional debió elaborar una ley interpretativa que aclare qué personas naturales y jurídicas están inhabilitadas.

De su parte, el analista Luis Calero señala que el problema se hubiera resuelto con un proceso de nulidad, el cual podía darse si se incurría en alguna causa.

"De todas maneras, incluso para que no haya reclamos de indemnizaciones por parte de la Fabricio Correa, se debió proceder a la nulidad. Alexis Mera debe responder por qué no se dio este procedimiento", manifestó Calero.
(MING)

'Decisión política'

El presidente Rafael Correa manifestó ayer que la resolución de terminar unilateralmente los contratos es el resultado de una decisión política, luego de analizar por varias semanas las posibles consecuencias legales y económicas.

"Estamos tomando todas las precauciones, por eso nos hemos demorado un poco, para evitar posibles consecuencias legales", señaló durante una entrevista mantenida con radio Sonorama. (AA)

Hora GMT: 24/Julio/2009 - 05:09