La aprobación de la Ley de Seguridad Financiera, el martes pasado en el congresillo, estableció nuevas reglas para las instituciones que operan en el país
El Gobierno nacional cerró el martes pasado, con la aprobación de la Ley de Seguridad Financiera por parte del congresillo, de mayoría oficialista, el último capítulo de su disputa con el sector bancario del país.
Esta polémica arrancó, casi desde los inicios mismos de la Presidencia de Rafael Correa, con lo ataques de este a los costos asignados por la entidades del sistema financiero a los servicios que prestan a sus clientes.
En la actualidad, el costo de estos servicios está sujeto a un regulación, mediante la cual el Gobierno establece promedios para la fijación de valores.
Otro capítulo de esta disputa constituyó la imposición por parte del Ejecutivo de un aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ubicándolo en 1%.
La medida, según el Gobierno, tiene por objeto de paliar la salida indiscriminada de capitales y fomentar la inversión del país.
Los actores del sector financiero, sin embargo, discrepan y afirman que esas y otras medidas similares tendrán como resultado, en el largo plazo, una desinversión externa, así como el aumento de los riesgos para la actividad que representan. (LAG)
Fondo de Liquidez, la piedra de toque
El gobierno central plantea que los recursos del Fondo de Liquidez lleguen, en un plazo de cinco años, a la suma de $1 200 millones
El ejecutivo rectificó su propuesta inicial, expresada a través de un veto, de rebajar la calificación de las instituciones en las que invierta el Fondo
Uno de los aspectos centrales de la Ley Financiera aprobada por el congresillo tiene que ver con el Fondo de Liquidez.
El documento inicial planteado por el Ejecutivo el pasado 27 de octubre incluyó reformas relacionadas con el fortalecimiento de la Superintendencia con la incorporación de herramientas de vigilancia desde el interior, la ampliación de la cobertura de depósitos de $12 mil a $20 mil, el fortalecimiento del fondo de liquidez para elevarlo de $150 millones a $1 200 millones (con un aporte inicial del Estado que se reducirá paulatinamente).
Esta propuesta fue analizada con representantes del sistema financiero. Sin embargo, según denunció el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, "las reuniones no sirvieron de nada, ya que ninguna de las observaciones presentadas por el sector fue acogida".
Entre las objeciones estaba la posibilidad de que dicho fondo sea utilizado para préstamos de liquidez, sin hacer distinción entre entidades públicas y privadas, según el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso.
"La banca privada no puede poner plata para financiar el problema de liquidez de un banco público, eso está contra el sentido común", indicó asimismo Robalino.
Además, el gremio pidió que el fondo sea manejado por el sector privado, porque son ellos quienes deben responder de manera personal por los depósitos financieros. Sin embargo, según María de Lourdes Andrade, este es un tema no negociable, ya que es el Estado el que debe precautelar dichos recursos que son parte del ahorro nacional (cuatro miembros del Ejecutivo y dos de la banca).
Actualmente, el Fondo posee $153 millones. Con la nueva norma, acumulará $450 millones en un año y en cinco años puede llegar a $1 200 millones.
Además, de acuerdo con lo aprobado por el congresillo, el Fondo de Liquidez se invertirá en instituciones con calificación internacional AA (muy confiables) para garantizar su seguridad.
Esta última reforma se aprobó a último momento, debido a que el presidente Rafael Correa envío un alcance a su veto parcial, en el cual se eliminaba dicha calificación y permitía que los recursos se destinen "a inversiones rentables dentro y fuera del país". Así, según dijo a HOY el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el Gobierno podía disponer de esos recursos incluso para compra de bonos del Estado ecuatoriano.
Para Fernando Pozo, gerente general del Banco Pichincha, las inversiones más seguras están en bonos del Gobierno alemán y del de los Estados Unidos.
De acuerdo con esta ley, el fondo asumirá el papel de prestamista de última instancia, por lo que cubrirá requerimientos de liquidez de las instituciones financieras. Es decir, se otorgarán préstamos a uno o hasta 120 días plazo.
Según el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, el objetivo es proteger los ahorros de los ecuatorianos y dar tranquilidad a la banca. (GC-APB)
Blindaje ante iliquidez
El objetivo del Fondo de Liquidez es constituirse en prestamista de última instancia para entidades financieras
De acuerdo con el documento aprobado, el directorio del Fondo de Liquidez, estará integrado por cuatro delegados del Estado y dos de las instituciones del sistema financiero.
Además, operará a través de un fideicomiso mercantil de inversión, controlado por la Superintendencia de Bancos y administrado por el Banco Central del Ecuador.
Los aportes de este fondo provienen de las instituciones financieras, por un equivalente no menor al 3% de sus depósitos sujetos a encaje. Hasta antes de aprobada la Ley, el sistema financiero transfería el equivalente al 2,5 por mil de sus depósitos sujetos a encaje.
El Fondo de Liquidez tiene como propósito constituirse en prestamista de última instancia para las instituciones financieras que tuvieren problemas de liquidez.
Su fundamento, según el analista Enrique Valle, radica en que desde que el Banco Central dejó de cumplir sus funciones al adoptarse el esquema de dolarización, es necesario que, ante eventuales situaciones de iliquidez, las instituciones financieras puedan contar con una fuente de abastecimiento de dinero para enfrentarlas.
Desde que el país se dolarizó y los bancos dejaron de tener su prestamista de emergencia, estos se vieron en la necesidad de crear su propia reserva de liquidez y, para ello, hicieron colocaciones en el exterior con el fin de que esos recursos puedan respaldar eventuales problemas.
Actualmente esos fondos se aproximan a los $4 000 millones. Según Valle, las colocaciones han sido efectivas al punto que la crisis financiera mundial no ha impactado en la banca nacional.
Ley Financiera logra el visto bueno final
Los depositantes tendrán preferencia a la hora cobrar sus haberes en caso de que una entidad financiera entre en liquidación forzosa
La nueva ley garantiza los depósitos de los cuentahabientes hasta por un monto de $20 000. El monto anterior de protección era de $12 200
El martes pasado, en su última sesión del año 2008, la Comisión de Legislación y Fiscalización (congresillo) dio paso a la aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Financiera.
Esto, tras aceptar totalmente las objeciones planteadas una semana antes por el Ejecutivo al proyecto de Ley aprobado por el ente legislativo. Este veto gubernamental incluía seis objeciones, una de las cuales fue rectificada a última hora mediante un alcance (ver página 2).
Entre otras cosas, la Ley de Seguridad Financiera contempla que la Corporación del Seguro de Depósitos reemplazará a la actual Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y se nutrirá con los aportes de las instituciones del sistema financiero.
Además, el Seguro de Depósitos garantizará montos de los cuentahabientes por hasta $20 mil. Actualmente, son cubiertos los depósitos hasta por un monto máximo de $12 200.
Por otro lado, la nueva ley establece que el Directorio del Fondo de Liquidez estará integrado por cuatro delegados estatales y dos pertenecientes al sistema financiero.
Este recién creado Fondo de Liquidez operará mediante un fideicomiso mercantil, que será administrado por el Banco Central.
Adicionalmente, las instituciones pertenecientes al sistema financiero deberán constituir garantías adicionales con el fin de cubrir un posible préstamo de liquidez que reciba del fondo.
La ley establece que, en caso de establecerse la liquidación forzosa de una institución, se hallará protegida por procedimientos judiciales o administrativos, así como por embargos u otras medidas precautelares sobre bienes.
En caso de una liquidación forzosa, los clientes de la institución tendrán el derecho a ser los primeros a la hora de recuperar recursos.
Asimismo, cada entidad del sistema financiero deberá tener un defensor o defensora del cliente.
Por otra parte, la Superintendencia de Bancos definirá los servicios financieros que podrán ser gratuitos y cuáles tendrán un costo.
En otro ámbito, los créditos que otorgue el sistema financiero ya no estarán gravados con el impuesto del 1% destinado a instituciones como Solca. (LAG)
'Una difícil situación'
El analista patricio ruiz afirma que independientemente de la ley de seguridad financiera, la banca ecuatoriana deberá afrontar en 2009 una serie de difíciles retos
De acuerdo con datos entregados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, los depósitos de los ecuatorianos en la banca privada, en noviembre de 2008, representaban aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador.
Las ganancias ascendían en esa misma fecha a $326 millones, constituyéndose en uno de los sectores más rentables de la economía ecuatoriana.
En las condiciones actuales de la economía mundial y luego de haber visto cómo se desmorona el sistema financiero internacional fruto de la crisis subprime de las hipotecas en agosto de 2007 y luego con la crisis financiera un año después, en agosto de 2008, con la caída de los dos bancos de inversión más importante de los Estados Unidos, Freddie Mac y Fannie Mae, es importante que el Estado cumpla su rol como eje regulador, precisamente para evitar excesos del sistema financiero privado del Ecuador.
La crisis financiera internacional es producto de la política neoliberal implementada a ultranza por el gobierno de los Estados Unidos, y de George W. Bush en particular, creyendo que el mercado se puede regular por sí solo.
De allí que es necesario que el Estado ecuatoriano y el Gobierno nacional logren los mecanismos e instrumentos regulatorios claros que vayan en defensa de los intereses de las grandes mayorías, lo cual no significa un Estado socialista, sino que un Estado esté presente y no ausente en la economía nacional.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), en el comunicado publicado en la prensa de días pasados, responsabiliza al Gobierno de lo que podría suceder en el año 2009 en el sistema financiero de aprobarse el proyecto de Ley de Seguridad Financiera. Sin embargo, es importante advertir que, de manera independiente a la aprobación del proyecto de Ley, el año 2009 se ve complicado para el Sistema Financiero ecuatoriano por las siguientes razones:
- La evolución de la crisis financiera internacional probablemente dificulte la obtención de créditos en el exterior.
- La reducción de las remesas de los emigrantes hará que disminuyan los depósitos de ahorros en la banca privada, al igual que disminuirá el ingreso que tendrán los ecuatorianos.
- Dificultades de los hogares para pagar las deudas de consumo, vivienda, vehículos, lo que puede afectar la recuperación de cartera de los bancos privados.
- Disminución en volumen y en valor de las exportaciones ecuatorianas, etc.
Estos son, entre otros factores, los problemas que afectarán al sistema financiero privado el próximo año, en la que nada tiene que ver la Ley de Seguridad Financiera.
Además, es importante resaltar los principales aspectos que contempla el Proyecto de Ley de Seguridad Financiera:
- Creación de un Fondo de Liquidez del sistema financiero ecuatoriano que actuará en calidad de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las instituciones del sistema financiero. Este fondo, inicialmente, será de alrededor de $450 millones y subirá en los próximos años hasta $1 200 millones.
- El Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano contará con la siguiente estructura organizacional: un directorio integrado por el superintendente de Bancos y Seguros, un representante de la Junta Bancaria -designado de entre sus miembros-, el gerente general del Banco Central del Ecuador, un delegado del presidente de la República y dos representantes de las instituciones financieras privadas, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente.
- El Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano operará a través de la constitución de un fideicomiso mercantil de inversión que será administrado por el Banco Central del Ecuador, cuyo patrimonio autónomo estará conformado por los siguientes recursos:
- El monto de la cobertura del seguro de depósitos será de $20 000.
Al final, es necesario reconocer que la creación de este fondo tiene como objetivo garantizar el dinero que los ecuatorianos tienen depositados en el sistema financiero privado.
