Garzón encuentra decenas de vacíos en la justicia

Este Diario ennumera las sugerencias que no se han cumplido. Esta es la primera entrega sobre el trabajo de Garzón y su equipo.

Diecinueve recomendaciones, que constan en los tres informes de la Veeduría Internacional, no fueron cumplidos por el Consejo de la Judicatura de Transición (CNJ). Así consta, a partir de la página 97, del informe final presentado por los veedores Baltasar Garzón (España), Carolina Escobar (Guatemala), Marigen Hornkohl Venegas (Chile), Marco Aurelio García (Brasil), Porfirio Muñoz Ledo (México) y Rafael Follonier (Argentina). No obstante, este último fue reemplazado por Daniel Gurzi y luego a Víctor Hugo Foresi.

Hay otros dos aspectos en los que hace hincapié el documento: la elección de los jueces y los casos de terrorismo.

El informe, de 132 hojas, recuerda que la veeduría internacional se estableció como un organismo temporal de carácter consultivo, autónomo, imparcial e independiente, para acompañar, monitorear, analizar y evaluar los avance de este proceso. Sus informes fueron entregados en mayo, agosto y noviembre y el final, el jueves pasado. En este último, se señalan cinco puntos adicionales para que el Consejo de la Judicatura de Transición, como responsable del proceso, lo tome en cuenta.

Los veedores destacan la "voluntad institucional para que el proceso sea lo más transparente posible y, por ende, lo más efectivo para dar cumplimiento (...) en la defensa de la seguridad y los derechos de los ciudadanos y en la garantía de los principios constitucionales que postulan el debido proceso, el acceso a la justicia, la presunción de inocencia".

Su trabajo se centró en analizar las actividades y los resultados en las áreas de talento humano, modelos de gestión, infraestructura civil y tecnológica, presupuesto y cooperación interinstitucional. (SL)



Las políticas públicas están pendientes

En el primer informe parcial de los veedores interancionales no se cumplieron siete recomendaciones. Estas versan sobre diversos temas. que van desde la mayor participación de los grupos sociales hasta la necesidad de diversas políticas públicas.

Así, la recomendación número 30 plantea diseñar y poner en funcionamiento el Plan Nacional para la erradicación de la violencia intrafamiliar. La 40 sugiere que se tome en cuenta, como actores esenciales de los cambios a la justicia, a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios.

La 43, en cambio, plantea que se provea, por las instituciones correspondientes, los mecanismos para que se brinde capacitación necesaria a las autoridades judiciales indígenas, que se implemente programas para los derechos indígenas en las universidades y que se entregue presupuesto para viabilizar esos proyectos.

La 44 pide la creación de una dirección específica de derechos humanos en el Consejo de la Judicatura. Esta deberá definir y realizar el seguimiento a las políticas públicas con un enfoque en derechos humanos, con la obligación de presentar informes periódicos anuales sobre los avances de la justicia en esta área de especialización.

La puesta en marcha, desde la Unidad Informática del Consejo de la Judicatura, de un sistema virtual público de seguimiento y juzgamiento de los casos de la Comisión de la Verdad y graves delitos contra los derechos humanos, está pendiente y esa fue la recomendación 47.

En cuanto a la 51, los veedores señalan que se debe implementar una política de seguridad, protección e incentivos a jueces y fiscales a cargo de la investigación y juzgamiento de delitos de Lesa humanidad, que garantice que no reciban presión o influencia por parte de agentes del Estado que están a cargo del poder.

Y la 52 pedía que la Unidad de Relaciones Públicas del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Escuela Judicial, impulse campañas de sensibilización sobre el rol y responsabilidad del operador de justicia en la lucha contra la impunidad.



Escalas salariales para la Fiscalía General del Estado

En el segundo informe parcial, la veeduría habla de dos recomendaciones pendientes. Están identificadas con los número 7 y 14, respectivamente.

La primera dice que el Consejo de la Judicatura de Transición debe insistir en la necesidad de que se fijen bandas salariales en la Fiscalía General del Estado a las que existen para la Función Judicial. Esto con miras de evitar la pérdida de personal.

La segunda pedía que ese mismo organismo adopte las medidas necesarias para que la selección de los docentes se haga con carácter objetivo y méritos contrastados que acrediten los suficientes conocimientos sobre la malla curricular, experiencia y pedagogía para la formación de los futuros jueces.



Una jurisidicción especial para las FF.AA

En el tercer informe, está pendiente el punto 4. Ahí se propone la creación y el desarrollo dentro de la jurisdicción ordinaria, de una jurisdicción especializada para los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas que quedarían sujetos a la Corte Nacional de Justicia y demás órganos judiciales ordinarios. Esto, según la Veeduría, no debería extenderse a la Policía Nacional.

En la 11 se sugiere, ante las múltiples y constantes suspensiones o aplazamientos de las audiencias, la utilización de video conferencias u otros mecanismos que permitan las comparecencias virtuales de testigos y peritos para agilizar la acción procesal y el enjuiciamiento.

En la 13 se sugiere pedir al Ministerio de Defensa que comparta sus experiencias sobre respeto a los derechos humanos. La 15 plantea que los jueces tengan una formación en derechos humanos, pese a que los abogados no la reciben y que, por tanto, debería ponerse en marcha.

En la 19 se considera que el curso de formación inicial debe ser una capacitación más sostenida y de mayor duración al que se da actualmente. Y que exista un curso de inducción, no de nivelación. Sugiere que esto esté a cargo de las universidades.

La formación continua, dice la recomendación 21, significa una preparación obligatoria para los jueces, fiscales y defensores públicos, para considerarlos en su carrera profesional y pueden servir como mecanismo de evaluación.

En la 35 se sugiere la adopción por la Judicatura del modelo de gestión y atención desarrollado por la Fiscalía especializada en asuntos indígenas del Guayas, para que brinde acceso a la justicia a dichas comunidades.

La número 36 recomienda a ese mismo organismo que adopte las medidas para que se cumpla con la resolución de la Contraloría en la que se reconocen los derechos de los exservidores de los Tribunales de Menores.

La última de este informe, que corresponde a la número 37, pide recabar, de la Fiscalía General, la prelación a la investigación de las causas sobre desapariciones forzadas de personas con arreglo a los parámetros del Derecho Interncional de los Derechos Humanos, para garantizar el cumplimiento del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación.



La Judicatura debe tener garantías tecnológicas para resguardar su información

En el informe final de la Veeduría Internacional se introdujeron cinco recomendaciones, que se unen a las anteriores que siguen pendientes.

La primera es la inmovilidad judicial que, sin perjuicio de los sistemas de evaluación periódica de sus miembros, debe garantizarse a todos los niveles para dotar al sistema de una seguridad jurídica que ha sido cuestionada por mucho tiempo.

La segunda, en cambio, sugiere que la Corte Nacional de Justicia, como órgano máximo de la jurisdicción y a través de la Sala o del mecanismo que corresponda, se pronuncie sobre la genuidad del proceso de selección de los jueces; establezca consecuencias del mismo; fije los parámetros en los cuales debe realizarse y "garantice el derecho al recurso en sede judicial del referido proceso a quienes resultaren preteridos".

Dentro de la plataforma tecnológica y de infraestructura plantea mantener un estándar en marca de equipos adquiridos, para que el proceso de mantenimiento, respaldo y respuesta a desastres sea más eficiente; los elementos considerados como respaldo o contingencia deben estar fuera de los espacios de los edificios donde los principales actúan; garantizar la provisión de energía eléctrica continua y de reacción automática, independiente de equipos UPS. Además, contar con un plan de conectividad, sistemático y continuo de todas las entidades del Estado a nivel nacional; terminar la segunda fase del proyecto de conectividad IP; dar continuidad a los procesos tecnológicos emprendidos, socializar la información a través de www.datoseguro.gob.ec, entre otros.

También se pide desarrollar las acciones necesarias para que los objetivos y las metas del programa de reestructuración de la justicia se cumplan en el cronograma previsto. Finalmente, hacer un seguimiento a la ejecución de los contratos.



Mañana

Los criterios sobre la elección de jueces y casos de terrorismo