Anticorrupción

Esta nueva Función del Estado busca impulsar el control de las entidades y organismos del sector estatal, así como de las personas naturales y jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público. De ahí que la Función de Transparencia y Control Social también incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos, y combatirá la corrupción.

Los organismos que la integran son el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán autonomía administrativa y financiera.

Mientras el órgano legislativo expide las leyes correspondientes, esas instituciones continuarán operando con normalidad.

Los representantes de las instituciones adscritas a la Función de Transparencia durarán cinco años en sus funciones, tendrán fuero de Corte Nacional y, de ser necesario, serán sometidos a juicio solo por la Asamblea Nacional. En caso de ser destituidos se realizará un proceso de selección para el reemplazo.

Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social formarán una instancia de coordinación y designarán de entre sus miembros una presidenta o presidente cada año.

Entre las funciones más destacadas están: formular políticas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana, prevención y lucha contra la corrupción; articular el plan nacional de lucha contra la corrupción. Además están la coordinación del plan de acción de las entidades que conforman la Función sin afectar su autonomía; presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de su competencia, también informar anualmente, o cuando lo requiera a la Asamblea Nacional de actividades relativas al cumplimiento de sus funciones.

A los 360 días de que entre en vigencia la Constitución se aprobará la ley que regule la participación ciudadana. (MP)