Crítico de TV
Por César Ricaurte
La concesión de frecuencias de radio y TV revela de cuerpo entero la forma corrupta y amañada con que se ha manejado la cosa pública en el país. Una danza que incluyó la repartición de favores políticos y administrativos entre personajes de sucesivos gobiernos desde mediados de los noventa hasta antes de ayer. Actos supuestamente legalizados a través de resoluciones ad hoc por parte de los mismos organismos de control.
Según el resumen ejecutivo del informe de la Comisión constitucional que auditó la concesión de frecuencias de radio y TV en el país revelado por HOY, la situación es compleja pues se concluye que: "Todas las decisiones o resoluciones del Conartel adoptadas con una ilegal conformación de dicho órgano, puesto que participaron personas que la Constitución prohibía, son nulas de pleno derecho por haber sido aprobadas por un órgano constituido ilegalmente". En buen romance: ninguna concesión otorgada en los últimos 10 años sería legal ni válida. Estamos ante un punto crucial.
Por un lado, el Estado podría decir que se revierten todas las frecuencias. Pero eso, aparte de vaciar el dial, es injusto. En esta trama hay responsabilidades por igual de quienes representaron al Estado en diversos momentos, como de algunos políticos o empresarios privados. De hecho, si se establecen responsabilidades, los funcionarios públicos implicados debieran ser los primeros en ser juzgados.
Un segundo camino, el ideal, es que el informe de paso a una reestructuración de los organismos de control. Que Conartel e incluso la Suptel desaparezcan para dar paso a una institución conformada por ciudadanos independientes, de diversos sectores, sin intereses, pero con amplio conocimiento del sector. Que este organismo proceda a revisar las frecuencias con severidad, pero siguiendo el debido proceso, con base en el informe de la Comisión.
Finalmente, hay una tercera posibilidad... El peor escenario sería que el Gobierno haga una utilización política del informe, lo revele parcialmente, se proteja a los altos funcionarios del Régimen que tienen intereses, de forma directa o indirecta, en el sector, y en cambio se actúe selectivamente en contra de medios críticos u opositores. Si esto pasa, sería una oportunidad perdida para el país. Debemos ser claro en un punto: no se puede invocar la libertad de prensa para encubrir la corrupción.
Hora GMT: 31/Mayo/2009 - 05:07
