Fiscalización, con calculadora en mano

Proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa alertó a la oposición, pues se asegura que de aprobarse en el congresillo el oficialismo "blindará" a sus ministros

Congresillo tiene en sus manos cambiar la historia o repetirla

Oficialismo presentó propuesta que ratifica modelo actual de fiscalizar

La oposición señala que el bloque de Gobierno intenta blindar a los funcionarios del régimen. Otros advierten los riesgos de anular otros valores (transparencia) a través de una norma

La presentación del proyecto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa desde el oficialismo dio argumentos a la oposición para entrar en una nueva controversia, la que -posiblemente- agitará el debate en el congresillo si este resuelve -en los días que le quedan- tramitar la propuesta.

Todo ello porque entre los opositores hay la certeza de que con el proyecto se intenta "blindar" a los funcionarios de este Gobierno de toda acción fiscalizadora. Al menos, mencionan dos candados.

Primero, ratificando ahora en el nuevo cuerpo legal la "receta" aplicada por el congresillo en cuanto a los juicios políticos. Es decir, dejar su aprobación final a la mayoría de la comisión especializada (cuatro de siete miembros). La actual la controla ampliamente el partido oficialista.

Segundo, neutralizando reformas a esa Ley Orgánica, pues para ello se requiere el apoyo de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional (AN). Según las proyecciones de la conformación del nuevo organismo, el oficialismo no tendría opciones de articular una mayoría absoluta por sí solo, pero sí con algunos grupos pequeños.

Frente a esto, ciertos sectores se han anticipado para restarle legitimidad al congresillo para tratar temas que correspondería decidir a la Asamblea Nacional.

El proyecto fue presentado por María Paula Romo, Rossana Alvarado, Mauro Andino y Fernando Cordero, este último presidente del congresillo, a quien fue dirigida la carta del 24 de mayo en que se presentó el proyecto. Incluso, uno de ellos ya anunció que el próximo 8 de junio se presentará el informe para primer debate, lo que ratifica la intención de cerrar el tema antes que se instala la AN.

Aunque en el proyecto se plantea que las resoluciones de la comisión serán por mayoría absoluta, la comisionada Rossana Alvarado asegura que aún se discute la conveniencia de fijar o no el carácter vinculante de la calificación de un juicio en ese organismo. Pues si no es así, la existencia de la propia comisión perdería sentido.

El objetivo de fondo -dice- es establecer un sistema con el cual se evite que las mayorías móviles puedan prostituir una obligación constitucional, negando de plano que detrás de ellos se esconda la intención de proteger a funcionarios.

Para el ex diputado socialista Diego Delgado, el oficialismo enfrenta un dilema al querer fijar reglas que anulen la fiscalización, cuando ello no depende de normas, sino de la capacidad de maniobra, como lo demuestra la historia.

El ex diputado señala que lo que está en juego son valores absolutos (la verdad, la transparencia), sobre los cuales se quiere aplicar las recetas de gobiernos totalitarios, incluso sobrepasando las formalidades de los procesos que han sido respetado por aquellos.

Entre los gobiernos de Rafael Correa y de León Febres Cordero no hay diferencias, dice, en el afán de neutralizar la fiscalización a todo nivel.

Por eso duda del papel de un sector del congresillo que se dice de oposición. Se refiera a Sociedad Patriótica, "cuando el secretario de la Administración de Lucio Gutiérrez (Carlos Polit) es contralor del Estado con la venia del partido de Gobierno (AP)".

Pero el sentido del tiempo es otro elemento presente en el debate, pues hay casos pendientes que podrían verse afectados por los sesgos que se apliquen en las normas.

Así, Santiago Roldós se quejó el viernes de que aún sigue vivo aquel perverso concepto de gobernabilidad, que estigmatiza la crítica, el cual ha impedido que se investigue de forma objetiva la muerte de sus padres Jaime Roldós y Martha Bucaram, ocurrido el 24 de mayo de 1981. (LB)

Escándalos, protagonismos, argumentaciones..., quedan en la historia

• 1981: el juicio de "las muñecas de trapo" catapultó a León Febres Cordero, quien llegó al poder en 1984.


• 1991: Alfredo Vera fue censurado por un juicio auspiciado por Jaime Nebot, en el caso de planchas de acero


• 1995: el vicepresidente Alberto Dahik salió bien librado de juicio iniciado por varios partidos, pero la Corte lo enjuició.


• 2000: el ex "súper" de Bancos, Juan Falconí, fue censurado con votos de PSC y PRE, tras caso Isaías.


• 2007: Alfredo Vergara fue absuelto. El ex "super" de Bancos fue acusado por el régimen de favorecer a la banca

En los 30 años

Desde 1979 en que se reinstauró la democracia, se han tramitado 90 juicios. Muchos de ellos son casos emblemáticos que no llegaron a juzgarse en el Pleno. En estos últimos están los juicios al ex presidente Jamil Mahuad y su ministra de Economía, Ana Lucia Armijos, por el feriado bancario.

De las 12 presidencias, la de Sixto Durán Ballén fue la que estuvo sometida al mayor chantaje político. Tuvo a 26 ministros enjuiciados de un total de 46 procesos abiertos en cuatro años. La crisis puso en riesgo al sistema cuando incluso se juzgó a un vicepresidente (A. Dahik)

La lógica de mayorías permitió a los gobiernos sortear el control político, como en 1993, cuando en la madrugada del 17 de febrero el Pleno decidió no dar pasos a los juicios. La decisión tumbó un proceso contra la negociación de la deuda. En ese año, presidía el Congreso Carlos Vallejo, gracias a un pacto con ese gobierno de derecha. El ex diputado de la DP preside hoy el Banco Central y fue ministro de Agricultura del actual Gobierno.

De los 90 juicios, los bloques de izquierda han auspiciado 46, ya sea para juzgar a funcionarios de gobiernos de la derecha o la centroizquierda.

Caras conocidas: René Vargas, actual embajador en Venezuela, interpeló, por la DP, al ministro de Energía de León Febres Cordero, Xavier Espinoza. Raúl Patiño, hermano del actual ministro de la Política Ricardo Patiño, interpeló en 1991 al ministro de Energía de Rodrigo Borja. Otro de los interpelantes fue Camilo Ponce del PSC.

Iván Rodríguez, reciente asambleísta de Acuerdo País participó en el juicio al ex superintendente de Bancos, Juan Falconí en 2000. Su partido -el MPD- lo terminó expulsando...

Escándalos y pugnas marcan al congreso

Tres juicios políticos definieron la ruta

Para algunos analistas, lo que le pasó al Congreso de 2007 se resume con una frase popular: "fue por lana y salió trasquilado".

Primero fue la mayoría opositora la que cayó en la disputa política al bloquear las intenciones de una consulta sobre la Constituyente: el resultado fue la destitución de 56 diputados por parte de un organismo sujeto al control político, como lo era el Tribunal Supremo Electoral.

Luego, esa lógica fue aplicada por el llamado "congreso de los manteles", que tras una breve relación con el Ejecutivo, cayó en el juego de presiones y resultó disuelto por la Constituyente.

El estilo de los manteles se selló en los juicios (mayo) al ex superintendente de Bancos, Alfredo Vergara, al ex ministro de Finanzas, Ricardo Patiño (junio), y a la ex ministra de Ambiente Ana Albán (septiembre).

El primero, cuestionado por el régimen por su supuesto nexo con la banca, fue absuelto incluso con votos de diputados que llegaron a ocupar las curules vacantes de la oposición, gracias a la operación del Gobierno.

El juicio a Patiño fue el resultado del show mediático levantado con las imágenes de la grabación en video ordenadas por el ex ministro. El escándalo opacó la investigación de la posible transferencia de información privilegiada a agentes de bonos de la deuda externa.

La acusación fue planteada después de que un canal de televisión presentase el video en el que el ministro conversaba con supuestos agentes de deuda. Patiño fue censurado, pero el presidente lo ratificó en su cargo. Al poco tiempo, lo nombró ministro del Litoral.

Ana Albán terminó enjuiciada y censurada en ausencia. La relatividad política marcó este caso, pues uno de los interpelantes (Ángel Vilema) fue electo el 26 de abril asambleísta por AP. (LB)

Los seguros

La comisión de Fiscaliza- ción concentró en 2007 su tarea en el caso de los segu- ros de las entidades del Esta- do a cargo de la Unidad Especial de la Presidencia. El organismo no pudo avanzar con la investigación pero ya se mencionó posibles irregulari- dades en la contratación. La Fiscalía archivó una indagación.

En el congresillo, la reserva juega su rol en la fiscalización

Mayoría oficialista tumbó dos juicios

Siguiendo los pasos dejados en Montecristi por la Asamblea Constituyente, la mayoría del congresillo (oficialista) fijó también las reglas de juego para la fiscalización en este último período de transición.

En esencia, el sistema tiene dos filtros: el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y la Comisión Especializada de Fiscalización. En ambos casos hay el control de los comisionados del movimiento de Gobierno.

Los resultados muestran esa influencia. El pedido del asambleísta Galo Lara (SP) para enjuiciar al ministro de Transporte, Jorge Marún, fue negado y finalmente archivado por decisión de la mayoría de la Comisión.

Un desenlace similar tuvo en el mismo organismo el pedido de juicio político a Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad Interna y Externa.

En ambos casos, los argumentos para la negativa fue que ninguna de las peticiones estaba suficientemente sustentada. En el caso de Larrea, además, la defensa señaló que había errores procesales en la demanda del asambleísta Julio Logroño (SP).

Lara ha insistido que la negativa de enjuiciar al ministro Marún esconde intereses que involucran a miembros del congresillo. Mostró un certificado que señala como asesor de esa Cartera a Joaquín Cordero. Según Lara, es hijo del presidente Cordero.

Pero en estos procesos no solo se anuló la posibilidad del enjuiciamiento político, sino que también la etapa de sustentación se llevó bajo la reserva. Las comparecencias no fueron públicas.

Otras de las pujas desde la oposición en materia de control político es la entrega de información por parte de los personeros públicos. Ante el incumplimiento de un funcionario, la mayoría ajustó el reglamento.

Otro de los casos emblemáticos en este período es del asambleísta Leonardo Viteri (PSC). Tras difundir información sobre varias adquisiciones en el Ministerio de Salud, la ministra del ramo Caroline Chang interpuso una demanda civil por lo que consideró calumnias del comisionado. La notificación del mismo no ha llegado al acusado... (LB)

Restricciones

• Una de las críticas a la administración del congresillo ha sido las limitaciones de la prensa


• La oposición considera que restringir el paso de los medios en la Legislatura solo afecta la transparencia


• Hace unas semanas, el tema provocó una fricción entre la Sala de Prensa y varios cronistas

La Constituyente se "autolimita"

Mayoría oficialista trazó la cancha

Gracias a su holgada mayoría, el oficialismo determinó los límites de la fiscalización en la Constituyente: fue materia de una de las mesas (10) y en algunos casos concretos estuvo supeditada a las decisiones de la Comisión Directiva.

Este fue el caso de la polémica levantada por el supuesto trabajo de inteligencia dentro de la Asamblea. Varios funcionarios y mandos oficiales fueron citados a ese órgano, cuyos informes mantuvieron la reserva.

Este tema ocupó la atención de los medios y terminó en una sanción disciplinaria para el asambleísta Julio Logroño, quien fue vinculado con supuestas grabaciones en el caso Cao Lai Muñoz.

Por presiones desde dentro de la Asamblea, también renunciaron el ex procurador Xavier Garaicoa ("bonos espirituales"), el ex superintendente de Telecomunicaciones, Paúl Rojas, y el ex superintendente de Compañías, Francisco Arellano ("malos tratos" a los empleados). (LB)

En breve

• Al asumir plenos poderes, la Asamblea cesó a funcionarios cuestionados desde el Gobierno.


• Alfredo vergara, ex superintendente de Bancos, y el ex fiscal Jorge German fueron cesados


• Tres veces negó el Pleno el pedido para crear comisión que investigue los nexos de las FARC

Ser juez y parte en la gestión tiene peros

La "autodepuración" es un concepto que ha sido criticado por la oposición, pues el Ejecutivo se convierte en juez y parte respecto al ejercicio del poder y a la gestión en la administración pública.

No obstante, el Gobierno ha mantenido invariable sus sistemas de control interno, básicamente a través del trabajo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA), la que se convirtió a fines de 2008 en la Secretaría de Transparencia de Gestión (SNTG), tras aprobarse la Constitución elaborada en Montecristi.

En 2007, en la Secretaría Nacional Anticorrupción se receptaron alrededor de 1 830 denuncias, en 2008 fueron 2 300. Desde la creación de la SNTG los casos fueron 256.

En un informe de esta dependencia, se destaca algunos casos importantes que han tenido seguimiento entre mayo de 2008 y marzo de 2009. Entre ellos están el cobro indebido de liquidaciones en la AGD, el caso Odebrecht, la concesión de frecuencias, los procesos de contratación de abogados en Pacifictel, la denuncia de peculado contra Gustavo Terán, la compra de ambulancias por parte del Ministerio de Salud, los objeciones de León Roldós y Martha Roldós por el caso Ivanhoe.

En algunos de esos casos, el trabajo de esa unidad ha sido señalado como inoficioso, por cuanto se ha actuado sobre hechos consumados, como el caso Odebrecht, y no se ha cumplido con principios de la acción preventiva. Y, en otros, se acusa de actuar con "dedicatoria", como lo señaló el dirigente Gustavo Terán.

De otro lado, está la discrecionalidad que le da el carácter de reserva que tienen las denuncias.

Los límites del trabajo son admitidos por Alfredo Vera, titular de la SNTG, pero apunta contra el sistema judicial.

Así, manifiesta que, a pesar de la labor que le atribuye a la entidad, no se obtienen los resultados que aspiran, debido al entramado judicial que deben llevar los casos. Uno de ellos, el del ex ministro del Deporte Raúl Carrión y sus dos colaboradores.

"Se obtienen algunos resultados, no son los que yo quisiera. Desgraciadamente no tenemos facultad para juzgar a nadie, lo único que podemos hacer es investigar, denunciar y entregar a los órganos competentes: a la Contraloría, el Ministerio Público a un juzgado y en base de eso seguir la lucha", expresa Vera explicando sobre el trámite de los casos.

La SNTG fue creada el 29 de diciembre de 2008 y reemplazó a la SNA, que se creó mediante Decreto Ejecutivo 122, el 21 de febrero de 2007, e inicialmente fue dirigida por José Luis Cortázar hasta su renuncia el 13 de marzo de 2008. Posteriormente, el 18 de marzo, Vera asumió la dirección del ente de control estatal hasta la actualidad.

"La experiencia que nosotros tenemos es traumática y desalentadora", afirma Vera, por la demora en los procesos judiciales y la forma cómo terminan algunos casos investigados por la entidad.

El funcionario recuerda el caso de un intento de soborno a un funcionario del SRI: pese a que fue sorprendido en delito flagrante, en supuesto cohecho, el detenido fue liberado a la semana por orden de un juez. (ET-LB)

Las polémicas

El ex diputado Víctor Hugo Sicouret dijo que los daños en la central San Francisco, construida por la empresa Odebrecht, tienen niveles de responsabilidad. En un caso, están los funcionarios que firmaron condiciones y en otros los que debieron fiscalizar.

La oposición señala al ministro de Electircidad, Alexei Mosquera, entre los segundos, pues él estuvo en el Conelec desde 2003.

Gustavo terán, dirigente del MPD acusó a Alfredo Vera de cobrar indebidamente sueldo en una entidad inexistente, eso tras aprobarse la nueva Constitución. En esta entidad se divulgó un informe de que Terán pudo haber cobrado sueldos del Estado sin trabajar. (LB)

La emergencia se vuelve "rutinaria" en la gestión

Un total de 87 decretos de emergencia ha firmado el presidente Rafael Correa desde que asumió el poder en enero de 2007 hasta el 20 de mayo pasado. De esos, 43 corresponden a declaratorias de emergencia, 33 a renovaciones de emergencias y 5 para disponer la entrega de recursos para esos fines.

En agosto de 2008, este Diario informaba que los recursos destinados para atender las emergencias bordeaban los $2 593 millones, aunque en ninguna entidad se tenía los detalles de los montos invertidos, vigentes y vencidos.

En el Ministerio de Economía solo había información hasta el 29 de febrero de 2008. En la información parcial de ea Cartera se especificaba que para dar cumplimiento al Decreto 342, para la emergencia eléctrica del 20 de julio de 2007, se transfirieron $183 248 343,69, con un saldo de $46 751 656, 31. Los traspasos en este mismo rubro para 2008 fueron de $46 751 656, 31.

Los sectores de oposición critican "la excesiva discrecionalidad" en el uso de los recursos que se manejan en las emergencias, que permiten la contratación directa.

Las emergencias han abarcado diversos campos, desde la salud, educación y agricultura, hasta petróleos y sistema penitenciario. El último decreto fue firmado el 24 de abril pasado, para atender una potencial pandemia de la gripe porcina. Para ese fin se destinaron $6 millones.

Antes de ese decreto, el presidente había firmado -entre enero y abril de este año- tres decretos de emergencia para el sistema Petroecuador, bajo administración de la Armada. Con ello completó diez decretos de ese tipo durante este Gobierno: cuatro declaratorias y seis renovaciones.

El área de hidrocarburos se completó con otros seis decretos de emergencia en la comercialización de combustibles, con el objetivo de combatir el contrabando. (LB)

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Hora GMT: 25/Mayo/2009 - 05:11