La Fiscalía de Ecuador allanó hoy la unidad de Inteligencia de la Policía, como parte de una investigación sobre la supuesta operación de espionaje contra jueces y fiscales, acusados de corrupción, ordenada por un alto agente policial, ya retirado de la institución.
La medida fiscal fue rechazada por el alto mando de la Policía, que la calificó como una "falta de respeto" a la institución y por haber sido ejecutada de forma, aparentemente, irregular.
La orden de allanamiento al Departamento de Inteligencia y Análisis Delincuencial (DIAD) fue emitida por un tribunal de Quito, por pedido de la Fiscalía General, informaron fuentes policiales.
El comandante general de la Policía ecuatoriana, Freddy Martínez, en una rueda de prensa, aseguró que su institución no se opone a las acciones que pueda emprender la Fiscalía, pero dijo que, en este caso, le "indigna que no se respeten los derechos de los policías".
Martínez deploró, también, que no se haya respetado "el debido proceso", ya que el código de procedimiento penal sostiene que, "para allanar lugares públicos (...) el juez avisará, previamente, a los funcionarios respectivos" sobre la operación y su necesidad.
El mando policial tiene la firme voluntad de facilitar la investigación y pidió a los fiscales que anuncien los resultados del allanamiento, pues aseguró que su institución no va a "tapar absolutamente nada".
Según la Policía, los fiscales que participaron en el allanamiento se incautaron de varios equipos utilizados por la DIAD para sus investigaciones, entre ellos los respaldos de un ordenador.
El ex general Juan Sosa, separado recientemente de la Institución, por otras causas, había emitido un memorando a unidades policiales para investigar a ciertos jueces y fiscales, sobre los cuales se habían denunciado supuestos hechos de corrupción.
A principios de junio, Alfredo Alvear, fiscal subrogante de la Nación, recordó que en una reunión de coordinación, efectuada el pasado 8 de mayo, a la que acudieron autoridades del Gobierno, la Corte Nacional de Justicia y la Policía, se mencionaron supuestos actos de corrupción de jueces en algunas provincias.
Sin embargo, en esa reunión, según Alvear y otras autoridades, no se ordenó ninguna operación especial de investigación contra los jueces, aunque, al parecer, el general Sosa lo hizo por decisión propia.
Alvear señaló entonces que la Fiscalía investigaría el caso, centrada en la decisión de Sosa de ordenar indagar a los magistrados sin la autorización debida. (EFE)
Hora GMT: 10/Junio/2009 - 23:00
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