El Fiscal General subrogante, Alfredo Alvear, durante la audiencia de formulación de cargos realizada ayer en la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, presentó pruebas que implican supuestamente en el delito de prevaricato a los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua, por lo que pidió que se los sancione.
Esta audiencia de formulación de cargos se enmarca dentro de la instrucción fiscal iniciada el 15 de julio de 2009, por presunto delito contra la administración pública en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco, por la empresa Odebrecht, dentro del expediente No. 2-2009 (Peculado Hidropastaza).
Resaltó que con la actuación de los jueces María Castillo y Ernesto Álvarez y del conjuez ocasional Byron Montero, "el delito y objetivo único era perjudicar al Estado en $250 millones". Insistió en que el delito es uno solo (peculado), con varios participantes.
Presentó documentos que pidió sean adjuntados al proceso, pues cree que hay elementos suficientes y, por ello, "se atreve a implicar a dichos jueces en este caso en el que se cometió verdadero asalto a los bienes del Estado", dijo.
Hidroagoyán asume gastos judiciales. El directorio de Hidroagoyán autorizó la contratación de un abogado por $87 360, para que defienda a los funcionarios del Fondo de Solidaridad, presidente ejecutivo, vicepresidente de Producción y trabajadores involucrados en la investigación del proceso, contratación, construcción recepción, operación y mantenimiento de la Hidroeléctrica San Francisco.
Es decir, Hidroagoyán, empresa del Fondo de Solidaridad, asume los gastos judiciales que resulten del proceso que inició Hidropastaza, también empresa del Fondo de Solidaridad, por presunto peculado a quienes participaron de la contratación, construcción recepción, operación y mantenimiento de la hidroeléctrica; entre ellos, Victor Hugo Jácome, padre de Hugo Jácome Estrella, funcionario de la Presidencia. (NST/VCH)
Hora GMT: 19/Febrero/2010 - 05:07
