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El proyecto de Ley de Seguridad Financiera dispone la eliminación del pago de todo tipo de tributos a las operaciones activas que realizan las instituciones del sistema financiero.
Entre los beneficiarios de estos impuestos están el Instituto de la Niñez y la Familia (Innfa), la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) y la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
En el caso del Innfa, por ejemplo, la contribución por este concepto fue de $7,8 millones, lo que representó el 10% del ingreso efectivo de la institución.
No obstante, a partir de 2009, como organismo de carácter público se financiará con los recursos provenientes del Presupuesto General del Estado, antes asignados al FODI, ORI, Daina.
Pero, aunque esta entidad tiene una línea de financiamiento clara, no sucede lo mismo con instituciones como la DNRS cuyo presupuesto depende en un 65% del impuesto que generan los cheques protestados. En 2007, su presupuesto fue de $32,4 millones, de los cuales el Estado solo asigna $11,2 millones.
Aunque el proyecto de ley no determina que las entidades que reciben parte de esos tributos pierdan el beneficio, existe preocupación por la demora que podría generar la transferencia de recursos desde el Ministerio de Finanzas. Según una fuente de Solca, la medida podría afectar el flujo de caja y por tanto, los tratamientos programados a sus pacientes.
La Cartera de Finanzas, de acuerdo con el proyecto, será la encargada de transferir los recursos a las entidades beneficiadas. (GC)
Punto de vista
'La salud debe ser una responsabilidad estatal'
Las entidades privadas como lo son Solca y la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) -instituciones sin fines de lucro- deben apoyarse en la autogestión para continuar haciendo su labor, sin necesidad del apoyo estatal.
Sin embargo, es necesario retomar una ley que aprobó el Congreso el año pasado y que no pudo ejecutarse porque la Asamblea cesó sus funciones.
Esta ley, en su parte medular, creaba institutos nacionales de salud, cuyo presupuesto provenía del 10% del incremento del aporte al sector, de acuerdo con el margen del Producto Interno Bruto (PIB).
Estos institutos nacionales tenían perfil de entidades especializadas en temas en los que el Ministerio de Salud (MSP) tiene poca incidencia como cáncer, salud materno-infantil, nutrición, salud mental y neurológica, entre otros.
Además, en la ley constaba que estos institutos debían servir a personas de escasos recursos de las provincias del país, exceptuando Quito y Guayaquil que tienen ya una cobertura en especialidades médicas de ese tipo. Considero que la Asamblea debe retomar estos textos y darles el impulso necesario. La salud debe ser responsabilidad del Estado y no de una entidad de beneficencia. (PRN)
Marcelo Cruz, Médico
Punto de vista
'La economía sana no se consigue a través de leyes'
La Ley de creación de la Red de Seguridad Financiera tiene dos caras.
La primera es que la reducción de costos puede ayudar a disminuir la diferencia entre las tasas activa y pasiva, y los márgenes bancarios. Sin embargo, considero que no es un rubro representativo.
Por otro lado, la pobre gestión que pueda realizar el Estado en la reasignación de estos rubros puede ocasionar inconvenientes.
Me temo que la falta de automatización haga que el dinero llegue mal, tarde o nunca a las instituciones como Solca y la JBG que han realizado una importante labor en beneficio de los sectores vulnerables.
Además, el Estado tiene una presión terrible por la baja del precio del petróleo y estos montos se sumarían a otros varios que tiene el presupuesto del país. El tema de fondo es lograr una economía sana y eso no se consigue con leyes. (PRN)
Mauricio Pozo, Economista
