Análisis
Por Jaime Carrera
Observatorio de la Político Fiscal
En 2008 se entregaron unos $1 300 millones en anticipos para inversiones del Estado. El mayor monto corresponde al Ministerio de Obras Públicas, por unos $700 millones. Sólo en diciembre los anticipos ascendieron a $355 millones y, según la página web de Finanzas, apenas $140 millones se habrían amortizado o constituido en gastos reales.
En el Estado, cuando se suscriben contratos se crean compromisos y entregan anticipos, éstos se transforman en gastos y afectan los presupuestos si se emprenden las obras o reciben los bienes y servicios. Si los anticipos no se amortizan en el ejercicio fiscal, al no constituirse en gastos, quedan al margen del presupuesto.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública deja al libre arbitrio de la entidad contratante el monto de los anticipos, liberalidad que da margen a excesos y malos usos de los fondos públicos. Los anticipos excesivos, más de 2 % del PIB, constituyen financiamiento gratuito al contratista en perjuicio del ciudadano que entrega sus tributos al Estado.
Urge transparencia a fin de establecer los montos anticipados en cada obra, bien o servicio, las causas por las que no se amortizaron y ejecutaron los contratos, y los costos financieros para el Estado.
Es imperativa la fiscalización de la Contraloría, de la Asamblea Nacional, y de la sociedad civil. Se deben sancionar ejemplarmente los incumplimientos de la Ley de Responsabilidad fiscal, Ley de Transparencia de la Información Pública, Ley de Presupuestos y otros cuerpos legales.
La feria de anticipos, contraproducentes con la crisis fiscal, no puede ser un inadvertido monumento a la impunidad justificado con la retórica populista.
Hora GMT: 09/Marzo/2009 - 05:01
