'Fabricio Correa debe decir quién le roba al presidente'

Washington Pesántez

Fiscal general de la Nación

Por María Elena verdezoto

Editora de Actualidad

Si hasta el miércoles, Fabricio Correa, hermano mayor del presidente Rafael Correa, no acude por voluntad propia para formalizar las denuncias de que al jefe de Estado le están robando "por el ojo tuerto", el fiscal general, Washington Pesántez, advierte que lo hará comparecer con ayuda de la Fuerza Pública.

Fabricio Correa acudió a su despacho y acusó al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, de tráfico de influencias y de tener contratos con el Estado; también denunció la compra de los llamados diputados de los manteles y dijo que se había puesto de acuerdo el presidente de la República para no denunciar a funcionarios públicos pescados en "off side". ¿Ha investigado esas denuncias?

El ingeniero Correa no vino a denunciar, sino a presentar su declaración de bienes. Ese día, desgraciadamente, atendió a periodistas en la Fiscalía, y digo "desgraciadamente" porque esta institución no es plataforma de nadie. Allí, lanzó dardos contra ciertas personas, habló de "off side". Ahora, ha dicho presidente o "Ñaño, te están robando por el ojo tuerto". Como el presidente es el gran administrador de la cosa pública, eso sí me interesa. Por eso, le he llamado a declarar y he recibido su embate, pues me cuestiona que no le pregunte sobre otras cosas, ¿acaso soy adivino? Que venga a sustentar todo lo que ha denunciado.

¿Qué pasa si no acude?
Ha de comparecer con la fuerza pública.

¿Hasta cuándo esperará que acuda por voluntad propia?
Hasta el miércoles esperaré que venga a decirnos quién, en qué empresas y de qué manera le están robando al presidente. No se puede lanzar fuegos artificiales. Debe tomar en cuenta que se cometen delitos hasta por omisión.

¿Cuál es el aporte de la Fiscalía para esclarecer el caso de los contratos de obra pública que habrían suscrito empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa?
En cuanto se conoció el caso, dispuse la iniciación de la indagación previa. Me puse en contacto con el contralor del Estado (Carlos Pólit) y le pedí que, en el menor tiempo posible, haga los exámenes a esos contratos y me envíe la documentación.

¿Se la envió?
El 14 de septiembre. Entre tanto, pedí a los distintos ministerios copias certificadas de los contratos adjudicados al ingeniero Correa y sus compañías. Y he receptado versiones. El miércoles, también pediré al ingeniero Correa que nos hable in extenso de todos y cada uno de los contratos que ha cursado con el Estado.

¿Quiénes dieron ya sus versiones?
Por la reserva en la indagación previa, no puedo entrar en detalles.

¿Por qué la reserva si tiene los contratos? Solo basta chequear la fecha en que se los firmó y verificar qué autoridades estaban en funciones a esa fecha.
Recuerde que firmar un contrato, per sé, no implica delito o infracción administrativa.

Pero el procurador, Diego García, ha dicho que el ingeniero Correa es responsable de simulación societaria.
El procurador también acaba de decir que no encuentra responsabilidad administrativa en los contratantes.

Y ¿por qué ordena entonces la terminación unilateral?
Habría que preguntarle al procurador las causas de su pronunciamiento.

¿Hay una contradicción allí?
No soy el llamado a juzgar las acciones del procurador. Además, el contralor, en las últimas horas, me ha enviado un examen en el que dice que hay fallas o errores contractuales de carácter administrativo que darían lugar a la terminación de los contratos. En consecuencia, no tengo por qué hablar de infracción penal alguna.

¿Qué le corresponde hacer, entonces?
En función de la transparencia de la Fiscalía y del respeto que merece la ciudadanía, abrí esta investigación, y voy a continuarla.

¿Para qué?
Para buscar un tráfico de influencias, dada la, la, la…

¿Condición de hermano del presidente?
Sí. Pero para eso tendré que demostrar que el ingeniero Correa o sus socios, porque él no aparece en los contratos: fueron de Ministerio en Ministerio palanqueando o presionando, o que él llamaba por teléfono a ordenar, a pedir, qué se yo.

¿Eso es posible?
Ciertamente, es bastante lejano, a menos que alguien determine con precisión que fue objeto de presión por parte del ingeniero Correa. De lo contrario, no tengo elementos para señalar una infracción penal.

Si el procurador acusa al hermano del presidente de simulación societaria y el propio Fabricio Correa admitió haber constituido dos empresas en Panamá para levantar una cortina. Con eso, ¿no ocultó su condición de propietario o accionista para facilitar la firma de contratos, ya que por ley estaba inhabilitado para aquello?
Pediré el informe del procurador y, de ser necesario, una versión sobre ese análisis. Si encuentro elementos para presumir testaferrismo o simulación, que estén tipificados en nuestra Ley Penal, no tenga duda de que iniciaré las acciones pertinentes.

¿La simulación societaria está tipificada en las leyes ecuatorianas?
Habría que precisar de qué manera. Hay que destacar que muchos ciudadanos han tenido la costumbre de adquirir empresas de papel en paraísos fiscales para operar a través de ellas. Recién, el presidente expidió un decreto que prohíbe contratar con esas empresas. Pero, desgraciadamente, algunos de esos actos, siendo contrarios a la ética, han sido legales o han tenido apariencia de legalidad.

Si ha sido una práctica común y legal, ¿por qué solo en el caso de Fabricio Correa da paso a la terminación unilateral de sus contratos?
Son el procurador, el contralor y el Ejecutivo quienes tomaron esa decisión. No me corresponde juzgar sus actuaciones.

Siendo así, ¿hay el riesgo de que la terminación unilateral sea un bumerán y ocasione millonarias demandas contra el Estado?
Hay que diferenciar el ámbito penal del administrativo. En este caso, el procurador y el contralor hablan de errores administrativos.

¿Será este otro caso que pase al archivo de la impunidad o usted acogerá el pedido planteado por Enrique Herrería y Cynthia Viteri, asambleístas del bloque PSC-Madera de Guerrero, de pedir órdenes de prisión contra los funcionarios responsables de la irregular firma de contratos?
Si no hay delito, no se puede hablar de impunidad. En cuanto al pedido de este vocinglero de apellido Herrería y compañía, mi rechazo frontal a esta intromisión en una institución autónoma. Voy a pedir a la Asamblea que los sancione.

"Balda pretendió investigar un supuesto delito cometiendo otro"

El fiscal general, Washington Pesántez, dice actuar sin presiones del actual Régimen. Además, admite que, si se comprobara la adulteración de los textos constitucionales denunciada por Fernando Balda de Sociedad Patriótica (SP), se trataría de un delito, aunque libra de responsabilidad en ese tema al primer mandatario.

Según Enrique Herrería y Cynthia Viteri, usted actúa bajo órdenes del presidente Rafael Correa, dicen que él es su jefe.
Eso ocurría en la época en que ellos gobernaron y eran jefes de fiscales, jueces y demás. Conmigo, se han equivocado. Tengo mi honor bien sentado.

Ellos lo acusan de actuar expeditamente contra quienes denuncian actos de corrupción en el Gobierno, como el caso de los "Pativideos", por ejemplo.
Están desinformados o actúan con mala fe, porque fueron el PSC, el Prian y el PSP los que pusieron como fiscal a Jorge German. Él conoció el caso de los "Pativideos" y lo mandó al archivo, no yo.

Otro es el caso de Fernando Balda, quien presentó la grabación de una reunión de militantes del partido de Gobierno con el presidente Correa, en la que supuestamente se ponen de acuerdo para adulterar los textos constitucionales.
El señor Balda pretende investigar un supuesto delito cometiendo otro delito. Vino a decir en un papelucho que tiene un audio grabado en la Presidencia. Le he llamado a reconocer firma y rúbrica, y no viene.

Él dice que no acude porque hay orden de prisión en su contra.
El artículo 217 del Código de Procedimiento Penal dice que todos tenemos la obligación de comparecer a la Fiscalía para contribuir en las investigaciones y que, si no lo hacen, se les puede hacer comparecer con apoyo de la fuerza pública. Como no ha venido, pedí que la Policía lo traiga, pero resulta que ha huido despavorido.

¿Cree que fue Balda quien ordenó o hizo la grabación?
Él dice que se la hicieron llegar. Por eso, le he pedido que venga y me diga quién lo utiliza como ventrílocuo o caja de resonancia. Este señor pretende investigar un supuesto delito cometiendo otro, tan o más grave, como es grabar a un individuo, peor aún si se trata del primer magistrado del Estado.

Pero a usted le corresponde investigar los dos supuestos delitos, no solo el uno.
Correcto, aunque en doctrina penal, está prohibido investigar por denuncias anónimas.

Pero, aún si no hubiera denuncia, usted tiene una grabación entre el presidente Rafael Correa y asambleístas del partido de Gobierno sobre el cambio de textos constitucionales. De comprobarse, ¿sería un delito?
En la conversación, la asambleísta Silvia Salgado da a entender que habría algunos cambios entre lo votado y lo publicado, pero no se infiere que el presidente acepte tal cosa.

Esos cambios ya fueron denunciados por el ex presidente de la Constituyente Alberto Acosta y el ex asambleísta León Roldós, entre otros.
No he escuchado al señor Acosta, que es un hombre serio, sí a León Roldós. Eso se está investigando.

¿Qué pasará si se comprueba que hubo cambios en los textos?
Estaríamos hablando del falseamiento de un instrumento

¿Eso implicaría la destitución inmediata de los responsables?
Eso sería lo accesorio. Al presidente no lo están acusando de aquello.
Pero, ¿si eso hubiese ocurrido, el presidente sería parte del acuerdo para modificar los textos?
Ni el más osado opositor ha dicho que el presidente ha alterado los textos. Pretender hilar tan fino y hablar de la destitución resulta totalmente descabellado.

¿Por qué no procedió de igual manera en el caso de los "Pativideos"?
Ya le aclaré que quien archivó ese caso fue el fiscal Jorge German. Segundo, el señor Patiño fue parte de la conversación.
Si usted y yo conversamos, la doctrina me permite hacer una grabación porque soy parte de ella, pero si un intruso graba nuestra conversación, eso es delito.

En el caso de los textos constitucionales, si la grabación la hubiera hecho alguno de los que participaron en esa reunión, ¿no habría delito?
Así es, a menos que de allí se infiera que lo tratado constituye un delito.

Lo de fondo es entonces comprobar si se violó o no el texto constitucional.
Algo le debo creer al señor Balda, por eso le pido que venga para probar algunas sospechas que tengo.

¿Qué sospecha?
Lo diré en su momento

¿Sospecha que son colaboradores del presidente que se graban?
Eso ha dicho el señor Balda y le doy todas las garantías para que me diga de qué manera le llegó esa grabación. Solo debe rendir una versión sin juramento en calidad de denunciante. No le veo mayor comprometimiento. No sé por qué tanto miedo.

Hora GMT: 21/Septiembre/2009 - 05:09