El cierre de la AGD se debe producir en un año, con un período de gracias de seis meses
El congresillo aprobó ayer la Ley de Seguridad Financiera, con el voto de 47 asambleístas de Acuerdo País, MPD, PK y algunos independientes que se pronunciaron a favor del informe presentado por la Comisión de lo Tributario, Fiscal y Financiero de este organismo.
El Pleno solo incorporó enmiendas de última hora sobre el tema de la extinción de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), cuya gestión de cobro y activos será asumida por el Ministerio de Finanzas al cerrarse la agencia, en un plazo de un año, con un tiempo de gracia de hasta seis meses.
Asimismo, se ratificó en la necesidad de mantener la obligación para los organismos del sector público de invertir sus recursos a través del mercado de valores "transparente" y de la Bolsa de Valores.
Esta obligación también regirá para las operaciones bancarias bajo esas mismas vías, o la de titulación debidamente registrada.
Por último, se determinó la transferencia inmediata de los recursos que al momento recibían el impuesto a las operaciones de crédito: Solca, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el Instituto de la Niñez y la Familia (Infa).
La forma de extinguir la AGD fue uno de tres puntos que demoró ayer la aprobación de la Ley de Seguridad Financiera, que establece un Fondo de Liquidez por $1 200 millones, con control estatal, ya que en este organismo habrá cuatro representantes del sector público frente a dos del privado.
Esto es cuestionado por la banca, que cree que los recursos del sistema financiero no son del Estado, y que deberían ser manejados por el sector privado.
Las inquietudes señaladas en la mañana en la sesión del Pleno empujaron a que la Presidencia dispusiera un receso pasado el mediodía. Ahí, los miembros de la Comisión de lo Tributario se vieron forzados a discutir las alternativas al tema de la AGD, con la participación del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Este funcionario se juntó a una improvisada reunión en una de las salas continuas del Pleno, sitio al que Francisco Velasco y Norman Wray (AP) acudieron para hablar con funcionarios del Ejecutivo.
Las dudas sobre el tema las apuntaló Diego Borja (independiente), quien interrogó a la sala que si era conveniente extinguir a la AGD y, al mismo tiempo, las deudas pendientes por $4 000 millones.
Borja también cuestionó la propuesta de la mayoría de la comisión de liberar la inversión pública de la obligación de hacerlo por la bolsa de valores, lo cual no constaba en el proyecto del Ejecutivo.
Esto, frente al sustento esgrimido por Velasco de que el mercado de valores local no ofrece suficientes garantías, y por las experiencias de Wall Street respecto a las inmobiliarias en EEUU.
La liberación de esa obligación fue una concesión de la comisión a un pedido del sector bancario, señaló el presidente de la comisión, Jaime Ruiz (AP). Un planteamiento en ese sentido también provino desde el IESS. (LB)
Hora GMT: 11/Diciembre/2008 - 05:09
