Análisis
Jaime Carrera
Observatorio de la Política Fiscal
La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos y la negación del derecho individual a conocer sin restricciones el uso de parte de su renta entregada al Estado, resta credibilidad a la acción de gobierno e induce a la desconfianza de los agentes económicos y ciudadanos.
Se desalienta el pago de impuestos, los negocios con el Estado se corrompen, las inversiones se alejan ante señales de ominosos manejos fiscales. Cuando esta realidad se encubre con mensajes cargados de virtudes angelicales y mesiánicas que predican lo inmaculado de una gestión, la ética pública se destruye, con ello, la oportunidad de disminuir la pobreza.
Si las instituciones representativas de la sociedad no responden con independencia, pulcritud y eficiencia a las tareas de control y juzgamiento de los actos de gobierno, su pérdida de confianza debilita la institucionalidad con consecuencias nefastas para el desarrollo económico y competitividad de un país.
Cuando la toma de las instituciones por el poder central para hacerlas funcionales a sus intereses, se enarbola como paradigma de la democracia, la moral pública colapsa.
Inmorales actos propiedad de un oprobioso pasado, hoy justificados y reivindicados por el celestial mandato de actuar en nombre de los pobres, constituyen la peor forma de corrupción y ruptura de la ética.
Si las mayorías consienten sin inmutarse estos comportamientos, asistimos a la forja de una sociedad en descomposición, con valores sociales degradados que sustentan un cambio que la condena al fracaso y a pagar en el futuro los altos costos de la ciega inclinación ante irresponsables encantamientos. Con la ética pública rota desde el gobierno del Estado, el desarrollo económico está proscrito.
Hora GMT: 29/Junio/2009 - 05:01
