Quito. 22 ene 99. (Editorial) La telefónica azuaya desde
hace rato anda en busca de un socio estratégico que apoye el
proceso de modernización tecnológica. De lo que se conoce, las
cosas no parecen caminar óptimamente: probablemente, como los
activos de la empresa no están en venta, apenas un par de
empresas se interesaron en formar la sociedad. Mientras tanto,
transcurre inexorablemente el período durante el cual se
garantiza la posición monopólica a Etapa. Después de cinco
años, el servicio telefónico deberá operar en un mercado
competitivo (misión imposible cuando se trata de monopolios
naturales). El incremento de las tarifas -incluidas las del
agua potable- no ha esperado, marcha a ritmo de las demás
empresas que se enrumban a la privatización; política que
concitará el apetito de los inversionistas.
La Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur corre suerte
distinta. En estos días fueron desenrolados más de un centenar
de empleados y se anuncia que en unos tres meses saldrán unos
cuantos más. El proceso de venta de las acciones está en
marcha. Hasta finalizar este año, la empresa podría ser
enajenada y administrada por los nuevos dueños. El brutal
incremento tarifario junto con la desburocratización y
"saneamiento" laboral y su tradicional ranking de eficiencia,
convierten a la Eléctrica regional en una de las más
codiciadas del país. Fuertes ganancias monopólicas estarían
requeteaseguradas. Se conoce que existe la posibilidad de
incrementar la participación accionaria en favor de algunos de
los socios actuales como el Consejo Provincial y algunos de
los Concejos Municipales del Azuay. El esquema es muy
interesante, simplemente, las acciones del fondo de
solidaridad serían enajenadas -transferidas- a nombre de
dichas instituciones.
Considerando que las dos empresas cuencanas, por mérito
propio, están enraizadas en el alma misma de sus habitantes,
es imprescindible que se conozca la opinión de los usuarios
antes de emprender en cualquier aventura privatizadora. La
buena imagen de Etapa y la Eercs tienen proyección
internacional al punto que algunos organismos multilaterales
de crédito las han elevado a la categoría de empresas modelo.
Saben que la modernización de las mismas sí es factible
manteniendo el carácter público-estatal de la propiedad. No
descarto, en concordancia con la Constitución y leyes
vigentes, la idea de convocar a una consulta plebiscitaria en
la que se pregunte si los usuarios desean o no la
privatización. En este sentido, la ciudadanía debe movilizarse
para impedir que los intereses regionales sean conculcados.
Una vez definida la situación, la administración de tales
empresas sabrá con claridad a qué atenerse. No requerirá
lanzarse en una carrera desenfrenada por ganar dinero, sino
para servir eficientemente a los clientes con márgenes
razonables de utilidad que permitan la sostenibilidad del
sector. (DIARIO HOY) (P. 4-A)
Hora GMT: 22/Enero/1999 - 05:00 Ciudad Quito Autor: Por Carlos Marx Carrasco V.
