Opinión de diario HOY
Las continuas declaraciones de emergencia para que Petroecuador detenga la caída de la producción estatal de petróleo no solo desvirtúan la figura constitucional del estado de excepción sino que no han conseguido el objetivo por el cual se pusieron en vigencia, pues la administración de la estatal petrolera no ha podido revertir la declinante tendencia en la extracción del crudo.
Ayer concluyó el plazo de la última extensión de 30 días de la emergencia para Petroecuador. El decreto de estado excepción tiene vigencia hasta un plazo máximo de 60 días y puede extenderse por 30 días más si persisten las causas que motivaron la emergencia, según señala el artículo 166 de la nueva Constitución.
Además, resulta un engaño aplicar la extensión indefinida de las emergencias que, por su por naturaleza son de duración temporal, para supuestamente permitir una más ágil movilización de recursos y gestión de la empresa estatal. Pese a estas, y al incremento presupuesto de inversión, no se resuelven los problemas de fondo de Petroecuador, ni cambian los resultados.
La Marina se halla a cargo de la administración de Petroecuador desde el 29 de noviembre de 2007. Desde entonces el Gobierno ha dictado ocho decretos para mantener el estado de emergencia en la empresa estatal, con el objetivo de recuperar su capacidad operativa y detener la continua reducción de la producción de crudo. El incumplimiento de este objetivo evidencia el error de continuar con las emergencias como modalidad de gestión permanente, y la necesidad de asegurar una administración especializada eficiente, si la actual no ha dado resultado.
A más de dos años de mandato, el actual Gobierno tampoco logra concretar el esperado cambio y modernización de Petroecuador. Las crónicas ineficiencias de la estatal petrolera han llevado a que, en menos de tres lustros, de los más de 300 mil barriles diarios de producción, esta no sobrepase los 200 mil.
Hora GMT: 20/Abril/2009 - 05:14
