Opinión de HOY
Voces ciudadanas se han quejado por la profusa publicidad gubernamental cuando el paÃs ha entrado en el proceso electoral y el presidente de la República es candidato a la reelección. La Constitución prohÃbe el uso de la publicidad gubernamental para la campaña electoral. Sin embargo, la tónica general no solo en estos dÃas, sino también durante los casi seis años del actual Gobierno, ha sido la abundante utilización del instrumento publicitario.
Fundamedios ha observado en análisis reciente que, en estos seis años, el Gobierno ha ordenado 1 365 cadenas, que suman 11 736,19
minutos al aire. "Esta herramienta propagandÃstica utilizada para difundir mensajes oficiales de las diferentes funciones del Estado es también un instrumento de ataque en contra de la prensa no oficialista", señala Fundamedios.
A ello se juntan más de 20 medios de comunicación en manos del Estado. El desequilibrio es evidente. Meses atrás, Periodistas Sin Fronetras, en carta al presidente, manifestaron su preocupación por esta última situación: "El pluralismo se adaptarÃa muy mal a un oligopolio mediático del Estado", advirtieron.
Con esos antecedentes no sorprende, aunque sà escandaliza por opuesta a una concepción democrática del Estado, que en entrevista en El PaÃs de España, el presidente Correa haya planteado una propuesta arriesgada, según la calificó: si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de
expresión, ¿por qué no puede ser una Función del Estado, como la justicia?". El derecho a dar y recibir información, la libertad de expresión, son derechos de las personas y no concesiones de los Estados ni de los Gobiernos que se hallan obligados a garantizarlos. Son piedras angulares de las democracias y
el pluralismo. La información solo en manos del Estado se convierte en propaganda, como se ha demostrado en los abusos de las dictaduras y autoritarismos.
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