Espionaje a la carta

Por Xavier Neira Menéndez

ppviche@hoy.com.ec

A propósito de las reformas al Código de Procedimiento Penal aprobadas recientemente por el Congresillo, llama la atención el art. 197 -manifiestamente inconstitucional- a través del cual se legaliza el espionaje telefónico, pues la pena que se impone a quien intercepte teléfonos sin orden de autoridad competente queda condicionada a que se haya pretendido irrogarle perjuicios a quien se graba; es decir, que quien espíe, escuche y grabe a cualquier persona puede hacerlo sin ningún problema pues lo que está sancionado no es el espionaje en sí mismo, sino la intención de causarle perjuicio a una persona.

Tamaño disparate hay que evidenciarlo para que se observe cómo los mismos asambleístas que se llenaron la boca hablando de una Constitución "garantista" como definieron a la de Montecristi, la violen sistemáticamente y ahora, además, en forma descarada. La Constitución, en su art. 66, reconoce y garantiza a cualquier ciudadano el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual, derecho que protege cualquier tipo de comunicación. La reforma institucionaliza en la práctica persecuciones de cualquier índole que se quieran hacer, irrespeta derechos humanos y desprotege a la ciudadanía. Este Diario comparaba en el "Análisis de HOY" (feb.27, 2009), las disímiles experiencias de Colombia y Argentina en materia de espionaje telefónico. El DAS de Colombia habría filtrado grabaciones telefónicas clandestinas hechas a políticos, periodistas y magistrados de justicia, mientras, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia acaba de declarar la inconstitucionalidad de la llamada "ley espía" que data de 2003, pues viola el derecho a la intimidad que es un precepto de naturaleza universal.

En nuestro país han sido frecuentes espionajes telefónicos en los sucesivos gobiernos, en especial porque los avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones han permitido utilizar sofisticados equipos que posibilitan estas prácticas condenables. Durante la Asamblea de Montecristi, varios opositores denunciaron que sus teléfonos estaban pinchados. Me parece que Alberto Acosta denunció que lo espiaban Hace casi 10 años, cuando fui legislador, propuse reformas para sancionar el delito de grabar conversaciones, pero el Congreso de la época no dio paso a dicha iniciativa. Luego el ex diputado Alfonso Harb propuso un proyecto similar y logró su aprobación, pero satanizaron el proyecto a tal punto -"ley mordaza" lo apodaron- que lograron su veto total, dizque por atentar contra la libertad de prensa. ¿Porqué callan hoy quienes entonces vociferaban?

En el Gobierno de Lucio Gutiérrez, el espionaje telefónico estaba a la orden del día. Recuerdo denuncias de que se espiaba al entonces secretario de la Administración Patricio Acosta. Se acusó al oficial de Policía Stalin Sacoto -hoy bajo investigación como secuela del escándalo de la red de narcotráfico que involucra a los hermanos Ostaiza y al ex Subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvin- de encabezar un grupo de élite implicado en denuncias de espionaje a las propias autoridades de ese Gobierno y a varios legisladores de la época.

Con estas reformas se consolida el proyecto político totalitario que parece propugnar la "revolución ciudadana".

Hora GMT: 02/Marzo/2009 - 05:06