Por Diego Araujo Sánchez
daraujo@hoy.com.ec
Bajo inspiración de la experiencia constitucional de la Venezuela manejada por el coronel Hugo Chávez y los asesores españoles compartidos por el socialismo del siglo XXI en Venezuela, Bolivia y el Ecuador, la Asamblea de Montecristi creó en nuestro país como nuevo poder del Estado el de participación ciudadana y control social. A la cabeza de este quinto poder, puso a un Consejo cuyos siete integrantes principales y siete suplentes están a punto de ser seleccionados, después de un concurso abierto, con recalifaciones y etapa de impugnación que terminó ayer. De la lista de los 24 finalistas que divulgó el Consejo Nacional Electoral, los siete con mayores puntajes, cuatro mujeres y tres hombres, serán los consejeros principales.
Diario El Universo reveló ayer que la mayoría de quienes integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene vínculos con el oficialismo: muchos han sido funcionarios del Gobierno o han estado cerca de Alianza País, se han desempeñado como asesores de la Asamblea Constituyente por los grupos gubernamentales y hasta no faltan, como aderezo del pastel, quienes han mantenido nexos con la "partidocracia".
El Consejo de Participación Ciudadana cuenta con potestades muy grandes y es pieza clave para la lucha y control del poder: elegirá nuevo fiscal general de la Nación, contralor del Estado, superintendentes, defensor del Pueblo. Esos funcionarios de control han sido escogidos en el pasado por el Congreso en medio de encarnizadas pugnas y negociaciones. Cuenta, además, con amplias potestades en la investigación de presuntos actos de corrupción y otras tan ambiguas y generales como investigar actos u omisiones "que afecten a la participación ciudadana..."
El resultado de la integración de ese Consejo no constituirá una novedad. La participación ciudadana bajo los moldes institucionales del Estado termina por ser manejada por el Gobierno de turno: es una engañosa ilusión. Más aún cuando, como en este caso, responde al afán concentrador del poder que caracteriza la práctica política del Gobierno y la tendencia a que todo gire en torno a un todopoderoso liderazgo del presidente Correa. Con el membrete de participación ciudadana, se asegura una estructura institucional en función de los intereses del grupo en el poder.
Antes de que se iniciara la Asamblea Constituyente, escuché a quien se perfilaba ya como presidente de esta, si bien nadie sospechaba en qué iba a parar su papel de ideólogo de la refundación del país, que más importante que la Constitución en sí misma era el proceso de movilización ciudadana que se desencadenaría a partir de la Asamblea. Después, he escuchado a Alberto Acosta repetir la misma crítica: la falta de ciudadanía en la revolución ciudadana.
La integración del nuevo Consejo solo suma razones para esa crítica. Sin independencia, con nexos con el oficialismo, la participación ciudadana será un engaño, un puro espejismo. ¿O usted, lector, se siente que tendrá alguna participación con los siete consejeros en capilla?
Hora GMT: 08/Febrero/2010 - 05:09
