Escrito en piedra

César Ricaurte

cricaurte@hoy.com.ec

La Constitución de Montecristi es muy clara. Los derechos son de las personas, individual o colectivamente. No del aparato estatal. Los titulares de los derecho son los ciudadanos. El Estado no es el dadivoso ente que va ofreciendo derechos a unos y restringiendo a otros, porque el proyecto político lo mande. Tener tal concepción de las cosas, simplemente, es fascista. Sin decir, por supuesto, que nuestros actuales gobernantes lo sean, aunque hay funcionarios (despistados, claro) que han declarado paladinamente que el Estado puede ser titular de derechos y, más grave aún, que es quien los otorga a las personas. El asunto es que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra desde su primer artículo: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros."

El artículo 2, es aún más explícito: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona...."

¿Puede algo estar más claro? Todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo tienen derechos fundamentales, que los Estados no pueden negarlos ni vulnerarlos.

Pensar que hay jueces en el Ecuador que han transformado al Estado en el titular de derechos que explícitamente son para las personas, es simplemente escalofriante. Porque es retroceder a los años 40. Cuando no existía la noción universalmente aceptada de protección de derechos humanos. Y la Historia, lo avala. Cuando el mundo descubrió con horror el Holocausto y el hecho de que había existido Gobiernos que utilizaron al Estado para procurar macabras fábricas de muerte se decidió que esto no podía suceder más. Así que gobernantes de todo tipo de países: capitalistas, comunistas, socialistas, en vías de desarrollo acordaron una serie de principios ineludibles que coloca a la condición y dignidad humana por encima de los interés coyunturales de los estados.

Galo Mora, el máximo dirigente del Partido de Gobierno ha declarado que la división de poderes es algo obsoleto, propio del Estado burgués y que nadie votó por tal organización del Estado. Lo cual, revela una preocupante amnesia en el músico-político o político-músico. Si algo ha obtenido una masiva votación, por lo menos del pueblo ecuatoriano es una Constitución que consagra la división de poderes. Pero, no es el único caso. Siempre son los pueblos en cada nación democrática o que se pretende como tal, los que se otorgan la Constitución que deciden. Salvo, claro, cuando los dictadores y tiranos se atribuyen la única representación posible. No sería extraño, que ahora salga alguien a decirnos que tampoco los derechos humanos están escritos en piedra, no son ley divina y que además nadie ha votado por ellos. Simplemente un espanto.



 

Autor: César Ricaurte - Ciudad Quito