Medidas ante la crisis
El Régimen español espera evitar los fraudes fiscales tomando medidas de caución y aplicando sanciones, mientras el pedido formal del préstamo de UE se hará el lunes.
El Gobierno español multará con 5 mil euros ($6 250 a la cotización de ayer), por cada dato omitido, con un mínimo de 10 mil euros ($12 500), a los contribuyentes que no informen sobre cuentas y valores situados en el extranjero, de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados.
Así consta en la Ley de lucha contra el fraude fiscal que ayer fue aprobada por el Gobierno español y que cuenta con el visto bueno del Banco Central Europeo y del Banco de España.
La medida se aplicará también a las operaciones entre empresas o profesionales y las que se efectúen entre particulares, y será obligatorio informar sobre cuentas y valores en el extranjero, según explicó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa, tras una reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno establece también la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de los no prescritos y de igual manera la exclusión del régimen de módulos para los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones particulares.
Dicha exclusión solo se aplicará a aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50 mil euros ($62 815), tal y como se recoge en el proyecto de ley, que cuenta con el visto bueno del Banco Central Europeo y del Banco de España.
La norma persigue la igualdad y la equidad de todos los contribuyentes al pagar impuestos y que no haya evasores de sus obligaciones fiscales, indicó la vicepresidenta.
Por ello y para garantizar el cobro de las deudas tributarias se adelanta el anuncio de medidas cautelares para que, cuando se llegue al final del procedimiento, el investigado no haya hecho desaparecer sus bienes, como ocurre hasta el momento.
Además, para evitar el vaciamiento patrimonial de sociedades que vayan a ser liquidadas, se amplía la responsabilidad de los sucesores a percepciones patrimoniales obtenidas antes de la liquidación formal, y serán responsables subsidiarios por retenciones o repercusiones los administradores de sociedades que presenten reiteradamente declaraciones sin ingresar la deuda tributaria.
Se endurecen asimismo las sanciones por resistencia a la inspección, que serán de un mínimo de mil euros ($1 256) y un máximo de 100 mil euros ($125 630).
Dentro de las operaciones inmobiliarias, el sujeto adquirente solo podrá deducirse el IVA soportado si ha ingresado el repercutido.
Según recoge diario El País, el Régimen español prevé recaudar al menos 8 161 millones de euros más ($10 253 millones), con la aplicación del plan antifraude.
Entre tanto, El ministro de Economía, Luis de Guindos, informó que España pedirá el lunes próximo, de forma oficial, ayuda para recapitalizar la banca, tras conocer que el sector financiero necesitará hasta 62 000 millones de euros ($77 500 millones), en el peor de los casos.
La meta es que el 9 de julio se selle el Memorando de Entendimiento en el que definan los detalles del plan de rescate español, entre ellos el monto exacto de los fondos que la Zona Euro entregará a España y, sobre todo, las condiciones que exigirá a cambio, señaló el ministro. (EFE)
