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Los escenarios son similares a Venezuela, los empresarios no comparten la reforma y los campesinos la apoyan, por ahora
Tras firmar la ley "de reconducción comunitaria de la reforma agraria", en 2006, Evo Morales dijo: "a partir de esta ley terminó el latifundio en Bolivia, ahora tenemos un instrumento legal para acabar con los terratenientes (...) pero vamos a respetar las tierras productivas y legales".
La ley ha sido fuertemente criticada por productores y empresarios, quienes protestan continuamente.
Esta legislación busca acelerar la reversión al Estado de unos 200 mil km² de tierras improductivas o ilegalmente apropiadas, que luego serían entregadas a campesinos pobres o comunidades indígenas.
Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la distribución de la tierra es tan desigual en Bolivia, que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de ha, mientras que dos millones de familias campesinas -casi todas indígenas- apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas.
A decir de Raul Prada, asambleísta por el partido de gonierno MAS, la reforma que viene con la nueva constitución plantea una redistribución de la tierra. Según él, la propiedad será respetada y "expresamente se especifica eso en la nueva constitución".
"Pero las tierras que no cumplan una función social (área urbana) y una función económico-social (área rural) serán revertidas al Estado para un justo reparto a las comunidades indígenas y campesinos", aseguró Prada.
La excesiva extensión de las propiedades también será regulada. Todavía no se sabe si el límite será de 5 000 o 10 mil hectáreas, lo cual aún está en discusión, "pero se pretende poner este aspecto en aprobación en el próximo referendo dirimitorio", dijo Prada.
Para el ex presidente boliviano Carlos Mesa, hablar de la tierra es clave en los países de la región. "El tema de la tierra tiene, en el mundo andino, una particular significación. La cuestión de la tierra fue lo central del proceso prehispánico, del colonial y del republicano. Fue el debate sobre la propiedad de la tierra, que era la identidad, el sentido de pertenencia, el sentido de producción, la forma de producción, el que se modificó con el proceso de la conquista española y que quedó como resabio en la República, y esta (la República), en su primera fase -en el caso de Bolivia-, expropió la tierra y diluyó su sentido de tierra comunitaria".
Según Mesa, en Bolivia hay sectores improductivos de tierras de engorde, latifundios que no funcionan para nada y que no le hacen bien a nadie. "El problema es que en gobiernos militares se hicieron entregas arbitrarias, gratuitas. Se debe establecer qué pasa con la función económica y social de la tierra en aquellos sectores improductivos". (GJR-PR)
Punto de vista
Salvador Cevallos, padre jesuita
"Latifundio, un fantasma del pasado que no existe"
El verdadero atraso está en las pequeñas propiedades mal explotadas
La Mesa 6 ha presentado una fórmula que, con algunas precisiones, puede ser admitida ampliamente, ahorrando tiempo, dinero y discusiones interminables con el desprestigio de la Constituyente. Bastaría con redactar el artículo en esta forma: "Se garantiza la propiedad privada en cualquiera de sus formas, en tanto cumpla su función social. Cumple tal función, si se encuentra en producción sustentable y sostenible, si paga los impuestos correspondientes y no deteriora el medioambiente. En los casos de incumplimiento de la función social, la propiedad se someterá a las sanciones que la Ley establezca. Un inmueble legítimamente ad quirido puede ser expropiado solo por utilidad pública. El Municipio puede expropiar tierras que se encuentren ahogando la expansión urbana, y en ellas efectuará programas de urbanización".
Lo demás debe suprimirse por estar sujeto a interpretaciones arbitrarias y nocivas. En efecto: se dice que, para cumplir la función social, la propiedad ha de "responder a una justicia distributiva". Puede entenderse correctamente en el sentido de que cada uno, en la distribución de los bienes generados por la sociedad, debe recibir su parte, de acuerdo con su inversión y su trabajo. Pero algunos pueden entender, como los primitivos comunistas, anteriores a Marx, en el sentido de que todos deben recibir igual porción de los bienes generados por la sociedad, prescindiendo del aporte con que cada uno haya contribuido.
La prohibición de la confiscación tranquiliza muy poco, puesto que el Estado, con una paga simbólica, podrá apoderarse de cualquier propiedad, lo que sería una simple confiscación.
Con la supresión de lo indicado no se pierde nada, solo se eliminan ambigüedades.
En relación con la propiedad de la tierra, "se prohíbe el latifundio y la concentración y acaparamiento de las tierras".
El artículo ataca a un fantasma del pasado que ya no existe. La reforma agraria terminó con el latifundio. Este era una inmensa propiedad mal utilizada, carente de toda tecnología.
Las propiedades agrarias de magnitud se han transformado en empresas agrícolas que producen técnicamente para el consumo interno y la exportación a gran escala.
El atraso se encuentra en las pequeñas propiedades explotadas tradicionalmente, por la poca capacitación técnica de los campesinos, en donde se invierte lo menos posible y se pretende extraer lo más que se pueda, aun a costa de la destrucción de la tierra.
Identificar la gran empresa con el latifundio parece no tener otra finalidad que disponer de una palanca electorera con los campesinos que, por la expansión demográfica, están cada vez más ávidos de tierras.
Si se llega a la aprobación de este artículo, disminuirá aún más la inversión, bajará la producción de los alimentos y se anulará la meta pretendida por la Asamblea Constituyente de "hacer efectivo el derecho del pueblo ecuatoriano a la seguridad alimentaria".
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Hora GMT: 01/Junio/2008 - 16:14
