Bajo el argumento de que se violaron los derechos constitucionales del ex vicepresidente Alberto Dahik, su abogado defensor y ex procurador del Estado, Xavier Garaicoa, compareció ayer ante la Segunda Sala de la Corte Constitucional (CC), para defender el derecho de su cliente a una Acción Extraordinaria de Protección (AEP), con la cual se anularía el juicio por peculado iniciado en su contra en 1995.
Ante los jueces Édgar Zárate, presidente de la Sala; Nina Pacari, sustanciadora del caso, y Roberto Bhrunis, la defensa fundamentó su pedido en el hecho de que la Constitución de 1995, para iniciar un proceso penal contra un mandatario, requería la autorización del Congreso, mediante un juicio político.
Aunque en 1995, el Parlamento inició un juicio político contra Dahik, no se logró sumar los votos suficientes para censurar al ex vicepresidente. Por eso, Garaicoa sostiene que, con la AEP quedaría sin efecto el fallo del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco, quien en 2007 ratificó el auto de llamamiento a juicio plenario planteado contra Dahik en 1996 por Carlos Solórzano, titular de dicha corte en esa época. El auto de Solórzano, en 2005, fue anulado por la denominada "Pichi Corte".
Wendy Molina, delegada de la Procuraduría, explicó durante la audiencia pública desarrollada ayer desde las 10:00, que recién la Constitución de 1998 incluyó como requisito para procesar a un vicepresidente la autorización del Congreso.
Además, recordó que en 1996, cuando se emitió el auto de llamamiento a juicio, Dahik ya no era vicepresidente. Asimismo, Molina indicó que ese auto no era un fallo de última instancia, pues el proceso está suspendido porque "el accionante está prófugo. De ahí que la AEP no procede porque solo se aplica cuando existe un auto definitivo", agregó.
Por su parte, Velasco, quien también compareció ante la CC, recordó que a Dahik se lo acusa de un presunto enriquecimiento ilícito, ya que durante su gestión 10 291 millones sucres no fueron justificados, por lo cual, asegúró que lo actuado por Solórzano estuvo apegado a derecho.
Velasco también explicó que la "Pichi Corte" carecía de competencia para revisar una resolución de la CSJ, por lo que sostuvo que carece de valor jurídico. Por lo dicho, Velasco pidió a la CC no dar paso al pedido de AEP y exhortó al Pleno para que ratifique el juicio penal. En 30 días, Pacari debe presentar un informe al Pleno de la CC, sobre la pertinencia o no de dicho pedido. (GM)
Hora GMT: 04/Marzo/2010 - 05:10
