En año y medio de Gobierno, el presidente de la República ha firmado 40 decretos emergencia, 25 renovaciones, cinco raticaciones y reformas, dos ampliaciones.
Las emergencias abarcan áreas tan diversas como educación, salud, vialidad, registro civil, Policía Nacional, sector eléctrico, sistema penitenciario, comercialización de combustibles, etc.
La declaración de estado de emergencia es una potestad excepcional concedida al presidente, "en caso de inminente agresión interna, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales", según establece el artículo 180 de la Constitución.
En este Gobierno se la ha desvirtuado al convertir a las emergencias en recursos ordinarios para sortear los trámites burocráticos y controles en la movilización de recursos y contratación pública. Sin embargo, no existe una evaluación de esas emergencias; es decir, no se ha producido la debida rendición de cuentas.
En efecto, el Gobierno carece de un sistema de seguimiento, estadísticas y registros para verificar el desarrollo de las emergencias.
El Ministerio de Economía solo ha informado hasta febrero de 2008: se desconocen los rubros y montos totales transferidos hasta julio. Ni el Sigob ni la Senplades conocen en detalle los montos que se han invertido en cada uno de los decretos de emergencias. Urge, pues, por transparencia, una rendición de cuentas, balance y evaluación del manejo de los recursos públicos en las profusas emergencias.
Hora GMT: 05/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
