Pese a que la Constitución es garantista, los pacientes en situación de emergencia no tienen atención oportuna e inmediata



Xavier Neira Menéndez


xnm1947@hoy.com.ec



Se ha hecho habitual hablar del respeto a los derechos humanos (DDHH). Ahora mismo, se instaló en Ginebra el Consejo de DDHH de la ONU para evaluar, durante esta semana, el controvertido estado de los DDHH en el Ecuador. Se vaticinan intensas confrontaciones entre los panegiristas del garantismo y del derecho a la resistencia, consagrados en la Constitución de Montecristi, y los que cuestionan al Gobierno por sus excesos verbales y físicos contra quienes discrepan con el oficialismo, y son descalificados con expresiones ásperas, propias de guarros, cuando no enjuiciados. Si se habla del derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la familia, a los de la naturaleza; con mayor razón debe defenderse la vida como el primigenio y fundamental derecho, del que dimanan los demás.

Traigo a colación el tema, porque en un enlace sabatino, el presidente Correa amenazó con sanciones drásticas a los centros de salud (clínicas privadas, dispensarios médicos y hospitales públicos) que por diversos motivos no presten oportuna y debida atención que demandan ciudadanos en casos de emergencia producidos por asaltos, accidentes aéreos, de tránsito o cualesquier hecho que ponga en riesgo vidas humanas. Con su acostumbrada vehemencia, Correa sentenció: "El que no quiera aceptar que tiene que atender a cualquier ciudadano que va en situación de emergencia a una de esas clínicas privadas, nos avisa para cancelarle el permiso o expropiar la clínica y destinarla al servicio público".

Resulta paradójico que siendo la de Montecristi una Constitución garantista, los pacientes en situación de emergencia no tengan la atención oportuna e inmediata para salvaguardar la vida. El primer derecho de libertad consagrado en la Constitución (art. 66, numeral 1) es el derecho a la inviolabilidad de la vida, ni se diga del tan publicitado "buen vivir". Es más, la Ley de Amparo al Paciente vigente desde hace 17 años, consagra el derecho de toda persona a no ser discriminado por razones de raza, edad, sexo, religión o condición social y económica, así como la obligación de cualquier centro de salud de tratar inmediatamente a un ciudadano en cualquier situación de emergencia "sin necesidad de pago previo" (arts. 8 y 9 de esa ley).

Son múltiples los casos de muerte por falta de atención inmediata a ciudadanos víctimas de asaltos, o heridos en los múltiples accidentes de diversa índole que ocurren especialmente en las carreteras y calles, generalmente por negligencia de conductores. A mas de ser una demostración mas de las graves fallas que aún caracterizan a los servicios de salud, como bien lo anota el editorial Opinión del 9 de los corrientes, muchas de las muertes suceden por demoras en la atención ya que se exige a los enfermos o a familiares, el consabido depósito de dinero o la presentación de tarjetas de crédito que respalden el pago de lo que costará su enfermedad, como requisito previo para atender esos casos de emergencia, lo que viola claras y terminantes normas constitucionales y legales que protegen la salud y la vida de todo ser humano como derecho inalienable, y puede convertir a los infractores en reos de delitos castigados con sanciones que pueden llegar hasta los seis años de prisión.

¡Apliquen, con toda severidad, señores del Gobierno la Ley de Amparo al Paciente!