Análisis de HOY
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El Gobierno ha defendido las horas de censura a la que se sometió a los medios privados, con excepción de radio La Luna, durante la revuelta policial del pasado 30 de septiembre, cuando el presidente de la República fue sometido a vejámenes inaceptables.
El gerente de Ecuador TV, Enrique Arosemena Robles, defendió en una entrevista con Ecuadorinmediato la medida argumentando que era una forma de anticiparse a supuestas actitudes irresponsables. "Solo me puedo imaginar a algunos medios irresponsables relatando como si se tratara de un partido de fútbol esta situación... Ecuador TV y Radio Pública trataron de mantener la calma, defender el Estado de Derecho y la vida del presidente", dijo Arosemena.
El presidente, en su cadena del sábado pasado, defendió la medida. "Imáginense que algún insensato dijera en televisión: "Vayan a sacar la plata de los bancos, porque no hay Policía". Ahorita, estaría quebrado el país, habría habido una corrida bancaria", dijo.
Con ese argumento, basta con que "algún insensato" llame a sacar la plata de los bancos para que los ecuatorianos le hagan caso y para quebrar por completo al país.
Con ese argumento, basta con que un insensato diga algo para que el país se encienda. Y bastó con silenciar a los medios para apagar el supuesto golpe de Estado, la conspiración, hasta en la que participaron grupos de poder económico de los Estados Unidos, según la visión del canciller Ricardo Patiño.
Pero ¿cuáles fueron los resultados de la medida? Un país desinformado, un Gobierno desinformado, una Asamblea desinformada. Los canales del Gobierno, ahora se lo reconoce, no medios públicos, sino medios gubernamentales, se limitaron a dar el micrófono a asambleístas, ministros y leales al Ejecutivo para llamar a la gente a las calles a "rescatar al presidente". Esa fue su cobertura. No se investigó qué es lo que hacía la oposición ni por qué el presidente fue sin sus anillos de seguridad; tampoco se informaron los beneficios de la Ley de Servicio Público, por la que reclamaban los uniformados. Un comunicado de las FFAA fue leído a medias.
Tampoco se identificó a los responsables de los vejámenes al presidente. Ni, menos aún, hubo cámaras en las afueras del Hospital de la Policía durante los momentos más dramáticos, cuando decenas de reporteros de los medios privados seguían paso a paso las incidencias sin chalecos antibalas, sin más protección que la de su afán de hacer periodismo, de contar los hechos en su contexto. Tan lamentable fue la cobertura de los llamados medios públicos, que terminaron enlazados a las señales de medios privados que nunca dieron el micrófono a ningún insensato que hiciera llamados incendiarios.
