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Publicado el 19/Abril/2000 | 00:00

Quito. 19 abr 2000. La huelga de los burócratas continúa. La
presión es por el incremento de ocho dólares a la bonificación y
cuatro más por cada carga familiar.

El 29 de marzo el Gobierno decretó el incremento salarial promedio
del 10 por ciento a los servidores públicos. Sin embargo, la
inflación acumulada a marzo de este año llegó al 35,3 por ciento.

Los trabajadores del sector público encuentran en esa distorsión
el sustento para mantener la huelga que inició hace una semana.
Para Miguel García, presidente de la Federación Nacional de
Empleados Públicos, ellos esperaban por lo menos un incremento
similar al que tuvieron los trabajadores del sector privado. Pero
para los trabajadores públicos el aumento va entre 10 y 15 por
ciento.

Ahora bien, antes de las reformas laborales hechas a través de la
Ley Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador (Ley
Trolebús) los aumentos de sueldos, de manera general, eran fijados
por el Concejo Nacional de Remuneraciones (Conades). Pero desde el
13 de marzo de este año el Conades se preocupa por dictar la
política de remuneraciones de los trabajadores del sector público,
mientras que el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) la de
los trabajadores del sector público.

En su momento, el ministro de Trabajo, Martín Insua explicó la
razón de dividir las responsabilidades: las limitaciones en el
presupuesto frenaron el incremento de sueldos de los trabajadores
privados. De hecho, desde 1997 el Salario Mínimo Vital (SMV) se
congeló en 100 mil sucres y los aumentos se dieron en otros
componentes salariales.

El alza que solicitan los trabajadores públicos es de ocho dólares
a la bonificación complementaria y cuatro más por cada carga
familiar. Es decir, el incremento del gasto fiscal en USD 328 mil
al mes, sin tomar en cuenta los cuatro dólares por las cargas
familiares.

La propuesta incluye a los 41 mil empleados amparados por la Ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Lscca). "Uno de los
grupos con las remuneraciones más bajas", según García.

Según el Ministerio de Finanzas el alza salarial de abril, en la
que se incluyen todos los servidores públicos, se hizo
técnicamente. El costo del incremento asciende, para los nueve
meses de este año, a 900 mil millones de sucres (36 millones de
dólares). Para el 2001 la proyección es de 1,25 billones de sucres
(USD 50 millones).

La decisión no resulta ser sencilla si se toma en cuenta la
complejidad salarial que existe en el sector público. Hay por lo
menos siete fórmas básicas bajo las cuales se firman los contratos
de contratación pública.

La primera es la de los servidores que se encuentran sujetos a la
Lscca. Para ellos existen 21 categorías, en las cuales los sueldos
están atados a las responsabilidades del trabajador.

La segunda, los profesionales escalafonados, como por ejemplo los
médicos, los economistas, los arquitectos, los ingenieros, y en
general el personal sujeto a sus propios escalafones.

La tercera, los servidores sujetos al Código del Trabajo amparados
o no por la Ley de Contratación Colectiva.

La cuarta, quienes laboran para el Magisterio Nacional. La quinta,
los servidores municipales y de los consejos provinciales.

La sexta los servidores de las instituciones y empresas del
Estado, por ejemplo Petroecuador. Así también, los empleados y
trabajadores de las entidades autónomas y descentralizadas,
organismos de control, etc. Por ejemplo, la Superintendencia de
Bancos, el Banco Central. Cada entidad tiene sus propios esquemas
para el pago de sueldos.

En la séptima forma de contratación entran el Presidente de la
República, el Vicepresidente, ministros y subsecretarios.

Ahora bien, toda esta gama de formas de contratación genera
distorsiones en los pagos a personas que tienen funciones
equivalentes en diferentes entidades. García de un ejemplo: un
funcionario de Finanzas que realiza la misma labor que uno del
Consejo Nacional de Modernización (Conam) gana menos.

También hay empleados de nivel bajo, amparados por la Lscca con
ingresos mensuales de USD 76,48. Mientras que servidores públicos
bajo el Código del Trabajo del mismo nivel, pero amparados por un
contrato colectivo, ganan USD 107,4.

Por ello, se propone establecer seis grados de responsabilidad
para toda la función pública, para simplificar el actual esquema.
(Texto tomado de El Comercio)
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Ciudad Quito

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