El proyecto de bono en fase de ajuste

La comisión de régimen económico de la asamblea continúa escuchando criterios

El superintendente de Bancos, Pedro Solines, dijo en la Comisión que el impacto al sector bancario no sobrepasará los $130 millones

Al superintendente de Bancos, Pedro Solines, la preocupación de los banqueros con respecto al Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social con la que el Gobierno pretende financiar el incremento del bono de desarrollo humano le parece excesiva. Y sus cifras, engañosas. Ayer acudió a la Comisión de Régimen Económico y Control Tributario de la Asamblea, presidida por Paco Velasco, con una contabilidad muy diferente a la que habían presentado la víspera, en ese mismo espacio, los respresentantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE).

Solines aseguró que la afectación del negocio bancario será mucho menor de lo que dicen sus representantes: "El impacto del conjunto de las medidas contenidas en la ley -dijo- no sobrepasará los 130 millones.

"La banca -agregó el superintendente- goza de buena salud. El sistema, en todos sus indicadores (rentabilidad, solvencia, liquidez, cartera), es estable. Hicimos un estudio para medir el impacto que traerá esta ley, y puedo asegurar que en ningún momento afectará esos indicadores".

Según sus análisis, el promedio de reinversión del sector bancario en los últimos cinco años es del 70% de las utilidades. La ley, dijo, solamente dispondrá del 30% restante para financiar el incremento del bono.

Lo que sí se verá afectado es el nivel de ingresos de los banqueros. Interrogado por la prensa a su salida de la Comisión, Solines reveló que se encuentra "analizando un reajuste del sueldo de los banqueros" y una manera para regularlo. Sin embargo, no quiso hablar de un tope.

Otra regulación que será necesaria en caso de aprobarse el proyecto de ley, informó, es una para controlar el costo de los servicios bancarios. El objetivo es impedir que el incremento del IVA a esos servicios sea trasladado al cliente.

La Comisión, que sesionó entre las ocho y las nueve y media de la mañana (esta vez, Paco Moncayo fue puntual y no dejó al superintendente esperando una hora, como hizo la víspera con los banqueros), recibió también a los representantes de las sociedades financieras del Ecuador y de la Bolsa de Valores.

Carlos Coronel y Julio Dobronsky, director general y director ejecutivo, respectivamente, de la Asociación de Sociedades Financieras, llegaron con una petición directa: que no se les trate con el mismo criterio que a los bancos. "Nos parecemos más, por nuestro nicho y por nuestro tamaño, al sector popular y al solidario, a las mutualistas y a las cooperativas que a los bancos".

Coronel hizo notar que solo una de las 10 sociedades financieras que operan en el país maneja cifras similares a las del sector bancario. Esa sociedad es Diners, que abarca el 80% de los activos, el 90% de los ingresos y el 95% de las utilidades de todo el sector. En cuanto a las nueve restantes, dijo Coronel, no serán capaces de asumir el pago de los nuevos impuestos a los activos y a los ingresos.

"Tendremos que traspasar nuestros activos a los bancos y liquidar a nuestro personal", concluyó el representante: "Nos están condenando a desaparecer".

Paco Velasco concordó en que "el tema no tiene que ver con la discusión de estas leyes, sino con la forma cómo esas nueve financieras pequeñas se diferencian de Diners". Y se comprometió "publicamente" a buscar una solución.

En cuanto a Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores, pidió que se recuerde que en el país hay accionistas minoritarios del sector bancario que, en un año, mueven acciones por 40 millones de dólares. Esos pequeños accionistas, que no son grandes inversores ni manejan fortunas, sino gente de clase media que busca su seguridad en la Bolsa, dijo, se verán afectados por las medidas del Gobierno.

Carlos Marx escribe contra Correa...

Siete páginas, entregadas a la Comisión presidida por Paco Velasco, bastan a los banqueros. En ellas demuestran sus verdades sobre el impuesto pedido por el presidente para financiar el bono de desarrollo: violenta los principios constitucionales del sistema tributario. Consagra una discriminación expresa contra 36 contribuyentes. Es una cuasi confiscación de las utilidades de la banca, pues se dejan de aplicar los principios constitucionales de igualdad, generalidad, equidad y progresividad. Desconoce la neutralidad del Impuesto al Valor Agregado, pues, "al gravar con ese tributo los servicios financieros, se pretende que el mismo no sea trasladado a los cientes".

En lo conceptual, la defensa se basa en dos ejes que ponen a los banqueros al abrigo de la polémica política: uno económico y otro legal. En el primero, César Robalino, que firma la nota como director ejecutivo de la Asociación de Bancos, muestra con cifras (ver recuadro) que la banca privada no es el sector más rentable de la economía nacional. Dos, prueba que las utilidades de la banca disminuirán este año en $60 millones. Se anota un punto al probar que la exposición de los motivos presidenciales para justificar su proyecto de ley "exceden ampliamente la realidad económica del sistema".

El texto de Carlos Marx Carrasco le ayuda a poner en evidencia el trato discriminatorio que anota en el documento. Porque el total de la recaudación saldrá de las 36 instituciones financieras. Se trata de una focalización evidente. Y eso le sirve para mostrar que se vulneran los principios de igualdad, generalidad, progresividad y suficiencia recaudatoria que consagra la Constitución. Carlos Marx, en su texto, define la equidad como la "conjugación de dos premisas: el trato igual para los iguales entre sí, equidad horizontal, y el trato diferenciado para los desiguales, equidad vertical". La conclusión de los banqueros es lapidaria: es un proyecto de ley discriminatorio. Y cuando comparan la situación económica de los 36 seleccionados para pagar ese impuesto muestran que difiere de otros en las utilidades con respecto a su patrimonio. Conclusión: el proyecto de ley violenta los principios constitucionales del sistema tributario.

Tres ilegalidades más señalan los banqueros: otorga a las normas efectos extraterritoriales, porque incluye a los activos de la banca en el exterior. Quiere fijar remuneraciones de los ejecutivos de los bancos, cuando la ley solo reconoce a las autoridades fijar y revisar el salario mínimo. Y atenta "contra el derecho constitucional a la intimidad" al obligar que las transacciones de los clientes sean reportadas al SRI.

En dos párrafos se señala el posible debilitamiento de los bancos. Su lógica es simple: si se impide la capacidad operativa, se impide el aumento de la cartera de préstamos. En claro, si se restan $180 millones, se impide generar una cartera de $1 800 millones. El mensaje es claro para los productores.

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