Un verdadero embrollo jurídico se vive en el Consejo Provincial de Pichincha. Cuando renunció Ramiro González, elegido prefecto en octubre del 2004 para un período de cuatro años, lo reemplazó el consejero Gustavo Baroja, quien por ese hecho permanecería en dicho Consejo Provincial más de los cuatro años para los que fue elegido consejero, creando una situación sui-géneris que ha merecido reparos y que en última instancia debería ser resuelta por el Tribunal Constitucional.

Recordemos que la única reforma a la Constitución en sus casi nueve años vigencia, previa la ruptura del denominado candado, fue precisamente al inciso primero del art. 233 de la Carta Magna, que se refiere a la duración de los Consejeros Provinciales. “Desempeñarán sus funciones durante cuatro años” dice la norma textualmente. Acompañó a dicha reforma una disposición transitoria que permitió a los consejeros provinciales de aquella época, prorrogarse en sus dignidades hasta enero de 2003. Dicha prórroga, constitucionalmente ordenada, se publicó en el Registro Oficial 567 de 2 mayo del 2002. Esta sucinta relación viene a cuento por la tensión que se vive en dicho Consejo Provincial. El entonces consejero Gustavo Baroja, elegido para el período 2003-2007 se mantiene aún como prefecto arguyendo que reemplazó al economista Ramiro González, y que tal hecho le permite prorrogarse hasta que concluya el mandato popular dado a González, prefecto reelecto en octubre del 2004.

Vale recordar que el fundamento jurídico para que el señor Gustavo Baroja haya sido designado prefecto se basó en la decisión popular de elegirlo consejero por 4 años que se cumplieron hace pocos días, y como tal sus colegas lo designaron prefecto. ¿Cesó el señor Baroja como prefecto por haber concluido su período como consejero? ¿Tienen razón los reclamantes que sostienen que, a base de sofismas, el prefecto Baroja quiere mantenerse en el cargo? ¿Debe ejercer Baroja la Prefectura hasta completar lo que falta del segundo período de Ramiro González? ¿Está Baroja usurpando la función de prefecto? Son interrogantes que deben dilucidarse al tenor de lo que dicen la Constitución y las leyes de la República.

Vivimos dentro de un Estado Social de Derecho (art. 1 de la Constitución) que obliga a que toda la legislación secundaria se ciña estrictamente a los mandatos constitucionales. Y nuestra Carta Política dispone –bajo el principio de su supremacía– que si hubiere conflicto (art. 272) entre normas legales y reglamentarias con las disposiciones de la Constitución, prevalecerán estas sobre aquellas. Es que la democracia presupone un sistema de convivencia civilizada expresada a través del sufragio libre, pero jamás un artilugio para usarlo en función de conveniencias propias. Una de las más frecuentes excusas que utilizamos los ecuatorianos es echarle la culpa a otros de nuestros problemas, cuando la solución está en nosotros mismos. Solo una cultura de respeto irrestricto al marco jurídico garantizará una verdadera democracia.