Por Felipe Burbano de Lara
Una definición fundamental de la revolución ciudadana ha sido fortalecer el poder del Gobierno a través de lo que sus ideólogos han llamado el retorno del Estado. La definición forma parte, a la vez, de algunos de los presupuestos desde los cuales el socialismo del siglo XXI se diferencia de su principal adversario ideológico, el denominado neoliberalismo.
Pero no hay, al parecer, una definición última y acabada de lo que debe ser el Estado; parte de las definiciones se hacen en el camino y en el marco de los conflictos políticos del propio proceso de cambio. Hay facetas de ese retorno del Estado que se muestran muy problemáticas desde la perspectiva de un proyecto democrático. Por ejemplo: ¿cómo se relaciona el Estado con las libertades ciudadanas? ¿Vuelve el Estado para asegurarlas o para amenazarlas?
Si nos atenemos a las tensiones que ahora vivimos con la libertad de expresión, tendríamos que decir que vuelve para amenazarlas. Tanto el conflicto con Teleamazonas, como la decisión de monitorear las entrevistas de los noticieros de televisión, muestran que el poder del Estado no tiene límites claros y puede ser utilizado de manera arbitraria para regular/limitar las libertades. El caso de Teleamazonas muestra que el Estado puede apelar incluso a una razón dictatorial la famosa de 1975- para sancionar a los críticos. La clasificación de las entrevistas -a favor, en contra o neutras- revela, en cambio, la disposición de ese poder a inventar instrumentos para imponer su visión de lo que sería, en este caso, un periodismo equilibrado.
Pero no es la única faceta problemática del retorno estatal. Una segunda proviene de la tendencia a reivindicar una suerte de razón superior para dictaminar lo que deben hacer todos los actores, sin excepción. A esa razón estatal tienen que subordinarse desde banqueros, pelucones y medios de comunicación, hasta indígenas, maestros y sindicatos públicos. No hay una voluntad clara hacia una búsqueda constante y renovada de acuerdos o negociaciones, sino la imposición de una visión bajo el argumento de que encarna el interés general legítimo.
Si el Gobierno tiende a extralimitar el poder del Estado en el marco del socialismo del siglo XXI se debe a su ambigua posición frente algunos presupuestos liberales. Quisiera subrayar al menos dos: la idea, por un lado, de que los ciudadanos tienen unos derechos y unas libertades que deben ser protegidas por el Estado. Se puede discutir la mejor forma de preservarlas, pero no se puede violentarlas. Y la segunda: la construcción del interés general, siempre problemático y sujeto a múltiples interpretaciones, no puede ser definido fuera de un conjunto de canales permanentes de negociación y diálogo.
No necesitamos posicionarnos en la otra orilla del debate ideológico para defender el retorno del Estado. Pero proclamar su retorno sin los elementos liberales que limitan su siempre riesgoso excesivo poder, los coloca siempre ante la tentación autoritaria.
fburbano@hoy.com.ec
Hora GMT: 23/Junio/2009 - 05:12
