Peculado se ha convertido en un vocablo terror√ɬ≠fico en el Ecuador. Lo que responde a la denominaci√ɬ≥n de un tipo penal que define y sanciona la defraudaci√ɬ≥n de los dineros p√ɬļblicos, por obra del odio pol√ɬ≠tico, el revanchismo, y tambi√ɬ©n la limitada formaci√ɬ≥n jur√ɬ≠dica de quienes deben investigar y sancionar las infracciones, se ha transformado en l√ɬ°tigo con que se trata de azotar a todo aquel o aquella a quien se quiere destruir.

Basta que el blanco de la persecuci√ɬ≥n sea una persona que tenga la facultad de manejar fondos p√ɬļblicos, para que cualquier actitud que se presume irregular en su desempe√ɬĪo, sea calificada inmediatamente como peculado, y se la persiga con todo el rigor que las sucesivas reformas legales han a√ɬĪadido a este tipo penal en los √ɬļltimos a√ɬĪos.

Todo es peculado dentro del estrecho cerco que encierra la mente de los Torquemadas criollos. La indiscriminada utilización tiene su pragmática explicación: el delito no admite fianza; además, el plazo de prescripción es tan largo, que puede llevarse gran parte de la vida de un inocente.

No es necesario ser especialista en materia penal para conocer que la doctrina y la jurisprudencia ecuatoriana estiman que para que exista el llamado abuso de los fondos p√ɬļblicos es necesario que se haya dispuesto arbitrariamente de ellos, lo que implica que hayan sido materia de actos de apropiaci√ɬ≥n o distracci√ɬ≥n en beneficio propio o de terceros. El peculado, en consecuencia, es siempre delito √ʬĬúdoloso√ʬĬĚ; debe existir la mala intenci√ɬ≥n; no es delito √ʬĬúculposo√ʬĬĚ; es decir, no castiga el error o la negligencia, que probablemente pueden encajar en otra figura delictiva distinta. El peculado consiste en la lesi√ɬ≥n que se inflige al patrimonio p√ɬļblico por parte del funcionario que, violando sus deberes de probidad, se apropia de bienes que le fueron confiados en raz√ɬ≥n de su cargo. Si no hay apropiaci√ɬ≥n para s√ɬ≠ o en beneficio de otro, no es posible hablar de peculado.

Por eso sorprende que en un sonado caso de peculado de los √ɬļltimos d√ɬ≠as, el propio fiscal haya reconocido que √ʬĬú...s√ɬ≠ hubo irregularidad, por m√ɬ°s buena intenci√ɬ≥n que se haya tenido...√ʬĬĚ.

Ante esta curiosa declaraci√ɬ≥n, cualquier mediano conocedor de preceptos penales se pregunta √ā¬Ņc√ɬ≥mo puede haber peculado donde no hay intenci√ɬ≥n da√ɬĪosa? √ā¬ŅPorqu√ɬ© ante la convicci√ɬ≥n de que no hab√ɬ≠a dolo ni apropiaci√ɬ≥n no se le ocurri√ɬ≥ al fiscal estudiar en qu√ɬ© otra figura penal se pod√ɬ≠a subsumir el comportamiento investigado?

Mientras las personas encargadas de administrar justicia en el Ecuador no sujeten su desempe√ɬĪo profesional al rigor de los claros y adecuados principios legales a que est√ɬ°n obligados a ce√ɬĪirse, o manifiesten permeabilidad a extra√ɬĪos influjos que puedan llegar hasta a moldear sus decisiones, la garant√ɬ≠a constitucional de la libertad individual ser√ɬ° solamente un valor jur√ɬ≠dico estampado en el papel.