Peculado se ha convertido en un vocablo terror√≠fico en el Ecuador. Lo que responde a la denominaci√≥n de un tipo penal que define y sanciona la defraudaci√≥n de los dineros p√ļblicos, por obra del odio pol√≠tico, el revanchismo, y tambi√©n la limitada formaci√≥n jur√≠dica de quienes deben investigar y sancionar las infracciones, se ha transformado en l√°tigo con que se trata de azotar a todo aquel o aquella a quien se quiere destruir.

Basta que el blanco de la persecuci√≥n sea una persona que tenga la facultad de manejar fondos p√ļblicos, para que cualquier actitud que se presume irregular en su desempe√Īo, sea calificada inmediatamente como peculado, y se la persiga con todo el rigor que las sucesivas reformas legales han a√Īadido a este tipo penal en los √ļltimos a√Īos.

Todo es peculado dentro del estrecho cerco que encierra la mente de los Torquemadas criollos. La indiscriminada utilización tiene su pragmática explicación: el delito no admite fianza; además, el plazo de prescripción es tan largo, que puede llevarse gran parte de la vida de un inocente.

No es necesario ser especialista en materia penal para conocer que la doctrina y la jurisprudencia ecuatoriana estiman que para que exista el llamado abuso de los fondos p√ļblicos es necesario que se haya dispuesto arbitrariamente de ellos, lo que implica que hayan sido materia de actos de apropiaci√≥n o distracci√≥n en beneficio propio o de terceros. El peculado, en consecuencia, es siempre delito ‚Äúdoloso‚ÄĚ; debe existir la mala intenci√≥n; no es delito ‚Äúculposo‚ÄĚ; es decir, no castiga el error o la negligencia, que probablemente pueden encajar en otra figura delictiva distinta. El peculado consiste en la lesi√≥n que se inflige al patrimonio p√ļblico por parte del funcionario que, violando sus deberes de probidad, se apropia de bienes que le fueron confiados en raz√≥n de su cargo. Si no hay apropiaci√≥n para s√≠ o en beneficio de otro, no es posible hablar de peculado.

Por eso sorprende que en un sonado caso de peculado de los √ļltimos d√≠as, el propio fiscal haya reconocido que ‚Äú...s√≠ hubo irregularidad, por m√°s buena intenci√≥n que se haya tenido...‚ÄĚ.

Ante esta curiosa declaraci√≥n, cualquier mediano conocedor de preceptos penales se pregunta ¬Ņc√≥mo puede haber peculado donde no hay intenci√≥n da√Īosa? ¬ŅPorqu√© ante la convicci√≥n de que no hab√≠a dolo ni apropiaci√≥n no se le ocurri√≥ al fiscal estudiar en qu√© otra figura penal se pod√≠a subsumir el comportamiento investigado?

Mientras las personas encargadas de administrar justicia en el Ecuador no sujeten su desempe√Īo profesional al rigor de los claros y adecuados principios legales a que est√°n obligados a ce√Īirse, o manifiesten permeabilidad a extra√Īos influjos que puedan llegar hasta a moldear sus decisiones, la garant√≠a constitucional de la libertad individual ser√° solamente un valor jur√≠dico estampado en el papel.