Procuraduría firmará un acta de compromiso con las demandantes
El Estado mantiene cinco demandas en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) solo de parte de empresas petroleras privadas. De este total, en cuatro de los litigios se ha llegado a un acuerdo y uno más sigue en proceso: la demanda planteada por la empresa estadounidense Occidental.
Según el procurador general del Estado, Diego García, en los casos de Repsol YPF, Murphy, Perenco y Burlington se llegó a un acuerdo con el Gobierno para detener sus demandas hasta llegar a un arreglo para pasar a la modalidad de contratos de prestación de servicios, planteada por el Gobierno central dentro de la nueva política para el manejo de los recursos petroleros.
García sostuvo que en los cuatro casos el Ciadi realiza la conformación de los tribunales que llevarán a cabo los procesos y que esto no se detendrá al ser una gestión que la realiza directamente el organismo. "Mientras el tribunal no esté integrado no hay proceso. Hay una etapa preprocesal que maneja el centro de arbitraje y que no se puede detener. Una vez terminado este paso, los trámites se detendrán", explicó.
Para ello, la Procuraduría ha solicitado a las empresas demandantes la documentación necesaria para firmar un acta de compromiso previo a la firma de los contratos transitorios. Luego de esto, las actas firmadas serán enviadas al Ciadi señalando la finalización de un acuerdo entre las partes que permita detener los litigios ya iniciados. "Son dos casos (Repsol-Murphy y Perenco-Burlington) que están en trámite de aprobación y que esperamos que estén listos la próxima semana para poder suscribir los convenios transitorios, dentro de un año", manifestó.
En el caso de Occidental, el proceso se encuentra en la etapa de méritos y el siguiente paso será la realización de una audiencia donde se deberán presentar los alegatos para proceder a la toma de una resolución.
Esta reunión se realizará del 13 al 20 de diciembre en Washington, en los EEUU, a pedido del procurador con el fin de abaratar costos. En principio fue pactada para realizarse en París. "Si el tiempo nos permite, en la audiencia se dictará una resolución que podrá ser a favor o en contra del Estado", señaló el funcionario.
La transnacional demandó al Estado en mayo de 2006 por la caducidad del contrato de explotación que mantenía sobre el Bloque 15, hoy operado por Petroamazonas, filial de Petroecuador. La empresa pide una indemnización de $3 200 millones. (SS)
Hora GMT: 20/Noviembre/2008 - 05:08
